Hace pocos meses, cuando se cumplían tres años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, decíamos que ése es un crimen de estado imprescriptible, que se sigue cometiendo mientras las víctimas no aparecen, y se profundiza cuando la impunidad las vuelve a desaparecer. A 12 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, vale repetirlo. Son 12 años de impunidad, con una causa judicial que sigue en etapa de instrucción y es modelo de impunidad, con jueces y fiscales que delegaron la “investigación” a la propia policía y ordenaron escuchas telefónicas sobre la propia familia. Ya hace ocho años del pedido de jury de enjuiciamiento sobre las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y el juez de garantías Gustavo Banco, impulsado en soledad por la familia, ya que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidieron no acusarlos. En la causa judicial, hoy radicada ante la justicia federal, no hay avances significativos respecto de la desaparición y muerte, ni tampoco en relación a las circunstancias en que Luciano fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.
El 17 de agosto de 2014 se confirmó que ese cuerpo era el de Luciano, y hasta hoy la Policía Federal, el SAME, las autoridades del Hospital Santojanni, la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y la jueza nacional que ordenó la inhumación como NN no han dado una sola explicación de sus conductas. Luciano falleció a las 8 de la mañana del 1º de febrero en el hospital en el que dijeron a su madre y hermana que no había nadie de su descripción; el servicio de emergencia negó haberlo trasladado; la morgue respondió a la fiscalía que no habían recibido ningún cuerpo adolescente sin identificar ese mes –el experimentado forense José Ángel Patitó lo había clasificado como de 25 a 30 años- y la jueza ordenó sepultarlo sin cotejar las huellas dactilares obtenidas en la morgue con las de personas desaparecidas. Es imposible atribuir todas esas circunstancias a simples errores, defectos de los sistemas de identificación o vericuetos burocráticos. Es todo un aparato estatal al servicio de la impunidad.
La desaparición forzada de Luciano no fue la primera en democracia, ni tampoco la primera de un pibe previamente hostigado por la policía, como se comprobó sobradamente en la causa penal por la detención ilegal y torturas que sufrió en 2008, en la que se condenó al policía Julio Torales a 10 años de prisión en mayo de 2015. Fue, a partir de la lucha organizada de sus familiares y amigxs, la primera en tener una repercusión masiva que permitió visibilizar hechos semejantes que pueden rastrearse a lo largo de más de tres décadas, desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Como también enumerábamos en aquella nota sobre Santiago, la lista se inauguró el 24 de diciembre de 1983, con la desaparición de José Luis Franco en Rosario, apenas 14 días después de la asunción de Raúl Alfonsín, y siguió con los desaparecidos en la represión de La Tablada (Iván Ruiz, José Díaz, Carlos Samojedny y Pancho Provenzano), Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Paulo Guardati en Mendoza; Héctor Gómez y Martín Basualdo en Entre Ríos; Andrés Núñez, Miguel Bru, Elías Gorosito y Jorge Julio López en Buenos Aires; Iván Torres y Julián Antillanca en Chubut; César Mansilla en Tucumán; Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco en CABA; Otoño Uriarte y Daniel Solano en Río Negro; Franco Casco y Carlos Orellano en Rosario; Alejandro Flores, Facundo Rivera Alegre e Ismael Sosa en Córdoba; Nino Largueri en Corrientes; Santiago Maldonado en Chubut, para llegar, en 2020, a Luis Armando Espinoza en Tucumán y Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, con un total de 203 desapariciones registradas en el Archivo de CORREPI.
A veces, sus cuerpos fueron hallados, días o años después, pero en muchísimos casos seguimos reclamando saber dónde están. El elemento común es que son personas vistas por última vez cuando eran detenidas o estaban bajo el poder de hecho de las fuerzas de seguridad, cuyos cuerpos, tras ser torturadas o asesinadas bajo custodia, fueron desaparecidos para evitar la investigación.
Hay un puñado de casos que sobresalen por sus particulares circunstancias, como Jorge Julio López -testigo y querellante de la emblemática causa Etchecolatz, desaparecido el día de los alegatos-; Daniel Solano -trabajador frutihortícola de ChoeleChoel que venía impulsando la organización sindical contra las condiciones de trabajo de híper explotación que imponía la empresa Agrocosecha- o Santiago Maldonado -primer desaparecido en el marco de la represión de una fuerza federal a un conflicto de tierras de una comunidad originaria. Pero la enorme mayoría son como Luciano, jóvenes pobres, con una historia previa de persecución y hostigamiento, por denuncias que venían realizando, o porque se resistían a ser reclutadas como mano de obra para alguna de las muchas variantes de la criminalidad policial que explotan a lxs más vulnerables.
La violencia de las fuerzas represivas hacia los sectores más pobres (ya sea a través del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y las torturas, las muertes en cárceles y comisarías, las desapariciones forzadas, lejos de haber terminado con el regreso de la democracia, han permanecido (de forma más o menos visibles) como herramientas que garantizan el control social. Y este ha sido el eje de militancia de muchas organizaciones antirrepresivas y de DDHH, la denuncia y la lucha contra prácticas que por ser sistemáticas, se convierten en políticas de estado.
Tomar este tema fue parte de los ejes de campaña del Frente de Todos, sobre todo apoyado en un sector de su base que también es parte de luchas contra la represión de ayer y de hoy. Pero a poco de andar su gestión padecimos centenares de situaciones de violencia de las fuerzas represivas en las barriadas a lo largo y ancho del país, muertes por el gatillo fácil y en lugares de encierro y tres desapariciones sobre las que aun no hay respuestas ni castigo a los responsables.
El sostenimiento de Berni en la provincia de Buenos Aires con su abierta política de mano dura y reivindicación de la policías más corrupta y asesina del país por un lado, y la, por lo menos tibia gestión de Sabina Frederic cuyas respuestas siempre se limitan a no meterse con las provincias y los municipios porque no son su jurisdicción, vienen mostrando que el “Debemos escapar al gatillo fácil y a la lógica de la muerte por la espalda” por el momento no es más que un eslogan de campaña.
Por esto, hoy, a 12 años de la desaparición forzada y muerte de Luciano, volvemos a salir a la calle y seguimos exigiendo juicio y castigo junto a sus familiares y amigxs, porque lo mató la policía y lo desapareció el estado. Y al mismo tiempo, seguimos exigiendo que se tomen las medidas necesarias para terminar con el gatillo fácil, las torturas y las desapariciones.
POR UNA AGENDA ANTIRREPRESIVA URGENTE
JUSTICIA POR LUCIANO Y POR TODXS LXS PIBES.