El informe que CORREPI presentó el 18 de diciembre pasado, con la actualización de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde el cambio de gobierno, dejó bien claro que a partir del inicio de la pandemia de Covid-19, al facultar a las fuerzas represivas para controlar toda circulación, las policías y demás fuerzas descargaron sistemáticamente toda clase de violencia represiva sobre los sectores más vulnerables de nuestro pueblo. Esta situación sigue con nuevas denuncias. Las necesidades del pueblo son esenciales, la represión no.
Los datos, que están publicados íntegramente en su web, muestran una cantidad alarmante de fusilamientos por el gatillo fácil, las muertes bajo custodia y otras modalidades, como los femicidios de uniforme y las desapariciones forzadas a partir de la ampliación de facultades que se dieron a las distintas fuerzas de seguridad federales y provinciales, en el marco del ASPO.
Ahora, transcurrido apenas un mes desde el informe, y menos de dos desde el cierre de ingreso de datos para su procesamiento, CORREPI acaba de informar que ya son 25 los nuevos casos que registraron, lo que llega al total de 436 muertes a manos del aparato represivo estatal en la actual gestión, 372 de ellos desde el inicio de la pandemia. Salvo seis hechos que ocurrieron en los primeros días de enero, el resto corresponden a las últimas semanas de noviembre y todo diciembre de 2020.
Esta es una dura realidad, con cifras detrás de las que hay, como dice el comunicado de CORREPI, nombres, historias y proyectos de vida interrumpidos.
Ante la necesidad de dar impulso a la actividad económica y que la crisis no sea irremontable, el gobierno va tomando medidas que lejos de enfrentar la grave situación sanitaria cede ante las presiones de los empresarios, los terratenientes del campo y la prensa hegemónica que defiende sus intereses y ganancias.
Estamos ante un escenario de rebrote de los contagios, resultdo de la ausencia de suficientes cuidados y de la falta de medidas integrales para prevenirlo, con empresas que omiten todo protocolo por parte de las patronales, que, como siempre, priorizan su ganancia aunque cueste vidas; con presupuestos nacional y provinciales que no contemplan partidas para asistir a quienes aún padecen la limitación de ingresos o volverán a perderlos en breve, cuando sea imposible evitar un nuevo confinamiento; con trabajadorxs de la salud que siguen sin recursos, sin descanso y sin una remuneración a la altura de su sacrificio; con trabajadorxs de la educación que alertan sobre la irresponsabilidad de retomar la presencialidad a cualquier precio en febrero, con escuelas sin la debida infraestructura y con un proceso de vacunación que aún demandará meses, y eso si no ocurren nuevos boicots de la derecha terraplanista como el atentado criminal en Olavarría, que arruinó 400 dosis.
Frente a todo ese panorama, vemos cómo los pocos recursos que hay se destinan a, por ejemplo, aumentar retroactivamente a diciembre los sueldos del servicio penitenciario y la policía bonaerense, responsables de más de la mitad de esos asesinatos, y que a diario torturan en cárceles y hostigan en las calles. Es urgente atender la situación habitacional, con una crisis de vivienda que ya existía y se incrementó en la pandemia, así como necesitamos más presupuesto para salud, educación y para enfrentar la desocupación.
Se acaba de anunciar que la inflación de diciembre llegó al 4% y alcanzó el 36,1% en todo 2020, un año en el que sólo ganaron los más ricos, que siguieron incrementando sus fortunas cuando todo el resto del mundo se las tuvo que arreglar como pudo, y las más de las veces, apostando a la solidaridad popular que fue mucho más eficaz que la asistencia oficial. La enorme lista de demandas populares pendiente, que incluye las medidas antirrepresivas que CORREPI promueve en su Agenda Urgente, exige atender la situación de las familias sin techo, de las personas que perdieron sus empleos o no pudieron retomar sus actividades, de lxs jubiladxs, de lxs precarizadxs e hiperexplotadxs, del conjunto del pueblo que viene padeciendo desde hace años el empeoramiento de sus condiciones de vida. Para eso hacen falta recursos, y para disponer de ellos es necesaria la decisión política de privilegiar esas necesidades y no de seguir satisfaciendo el lucro de quienes tienen, y les sobra pero quieren más.
Por eso, es imprescindible dar vuelta las prioridades y tomar las medidas, como el impuesto a las grandes fortunas como aporte permanente, que sean conducentes para que el pueblo argentino pueda atravesar lo que resta de pandemia sin morir –o ser asesinado por un policía- en el intento.