Este 24 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del último golpe genocida en nuestro país. Una dictadura que, con el apoyo del imperialismo y de los sectores concentrados del capital, irrumpió con el fin de efectivizar una “revancha de clase” tendiente a reconfigurar la sociedad argentina. Los desafíos que tenemos quiénes seguimos luchando en el camino de los 30 mil.

El siglo XX argentino (y latinoamericano) tuvo como uno de sus signos distintivos la recurrente intervención de las fuerzas armadas en el desarrollo de la dinámica política para evitar rupturas radicales o revolucionarias. Este “factor de poder” fue la vía de salida a la crisis que presentaban la dominación imperialista y capitalista en los países oprimidos frente a un movimiento popular heterogéneo que supuso siempre una amenaza para el statu quo.

En ese marco, el golpe de Estado del 76 significó un salto cualitativo respecto a lo que lo precedió en varios aspectos. Fue la respuesta a un ciclo de movilizaciones obreras y populares que comenzó un proceso de acumulación con la resistencia peronista de 1955, gestó un punto de inflexión en el Cordobazo y los diversos “azos” durante el 69 (sin lugar a dudas los momentos más álgidos en la confrontación social) y profundizó una senda de radicalización en los primeros 70 con la fuerte incidencia y alcance que habían adquirido las organizaciones político-militares como Montoneros y el PRT-ERP. La efímera experiencia de la izquierda peronista en el gobierno de la mano de Cámpora y el creciente lugar ganado por la burocracia sindical y los sectores de la derecha del movimiento durante el gobierno de Perón configuraron un escenario que se hizo incontenible tras la muerte de este último.  El gobierno de López Rega e Isabel dio rienda suelta a la AAA, realizó un ajuste nunca antes visto bajo un mandato peronista con el rodrigazo -desatando a su vez la primera huelga general a un gobierno de ese signo- y selló su destino con los “decretos de aniquilamiento” que otorgaron base legal al golpe que luego se consumó.

El carácter de la represión

 La formación de las Fuerzas Armadas argentinas en las doctrinas de contrainsurgencia comenzó a mediados de los 50 con la “escuela francesa” y se profundizó en los 60 en la Escuela de las Américas a manos de los yanquis. Lo utilizado en Argelia y Vietnam respectivamente fue la base sobre la que los militares locales desarrollaron su plan genocida, pero incluso también respecto a sus “formadores” dieron un paso más. 

La puesta en funcionamiento del golpe del 76 un Estado Terrorista, donde la faz legal de acción se articuló con una faz clandestina de un alcance semejante o superior, configuró una tecnología represiva singular y diferenciada incluso de la de otras dictaduras latinoamericanas como la de Pinochet, con el fin de liquidar físicamente al activismo obrero y popular. Cómo lo expresaría Videla varias décadas después, a diferencia de Chile, “la sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos de 5 mil personas por semana”, de allí la tortura y desaparición de personas cómo método central de la represión. El ocultamiento y la expansión del terror capilarmente, la configuración de la sociedad del “algo habrán hecho”.  

A lo largo y ancho del país funcionaron más de 600 Centros Clandestinos de Detención. El “aniquilamiento de la subversión” fue el principal punto programático común entre la armada comandada por Emilio Eduardo Massera, la fuerza aérea a cargo de Orlando Agosti y el ejército de Jorge Rafael Videla. Este plan genocida implicó también la apropiación de menores, hijes de les compañeres desaparecides y crímenes sexuales que recién comenzaron a ser juzgados en 2013. La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo estima que fueron cerca de 500 los apropiados. Ya fue restituida la identidad de 130 de elles.

El inicio del neoliberalismo

Ahora bien, el plano represivo no fue el único parteaguas del “Proceso”. Sin estar escindido de las políticas genocidas, el plan económico ejecutado por el ministro de economía José Martínez de Hoz configuró la otra gran ruptura con consecuencias hasta el día de hoy marcando el comienzo de la fase neoliberal en nuestro país. La política del “ceo” de Acindar contra el “intervencionismo estatizante” conjugó la apertura a las importaciones que repercutió en el entramado de pequeñas y medianas empresas con el fortalecimiento del sector financiero y las empresas “de punta”. Sólo durante los primeros tres años del gobierno militar cerraron 20 mil establecimientos fabriles. Ramas como las textiles, madereras y curtiembres tuvieron caídas de producción del 40 %. Contrariamente a ellas, empresas como Techint y Acindar se vieron beneficiadas con la obra pública siendo protagonistas de la tan estrecha “patria contratista”. Tales fueron los beneficios hacia este sector de grandes industriales que inclusive las patronales agrarias, principales impulsoras del golpe, llegaron a levantar la voz contra “Joe” de Hoz. 

Esta política tuvo otros vasos comunicantes. La represión en los centros fabriles y productivos fue central para los planes de la dictadura. El disciplinamiento de la clase obrera, la disolución de comisiones internas y cuerpos de delegados fue festejado tanto en los cuarteles como en las oficinas gerenciales. Empresas como Ford, Mercedes Benz, la Cantábrica, el Ingenio Ledesma, la Veloz del Norte, entre otras, fueron responsables de crímenes de lesa humanidad en sus propios establecimientos. Sin embargo, el sobreseimiento de empresarios como Carlos Blaquier y Alberto Lemos, del director del diario de La Nueva Provincia (Bahía Blanca), Vicente Massot; del ex jefe de Redacción de Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; y los directivos de Clarín, La Nación y La Razón en la causa Papel Prensa son algunos de los ejemplos que marcan la impunidad de la responsabilidad empresarial en la dictadura, que aún hoy continúa. 

El conjunto de estos aspectos tuvo sus repercusiones más duraderas en la lenta pero persistente modificación de la estructura social argentina. Mientras las clases dominantes se homogeneizaron por arriba desplazando a los sectores menos “competitivos”, la clase obrera sufrió un proceso de fragmentación, división y marginalización. El ataque directo a la sindicalización y la expulsión masiva del mercado de trabajo formal de millones de trabajadores durante esos años generó una transformación que hasta hoy ha sido irreversible.  El trabajador desocupado también tiene su origen primero en las lógicas neoliberales que estableció la dictadura.

Contra la impunidad y la represión : ayer, hoy y siempre

El fin de la dictadura, marcado por la derrota en Malvinas, pero también producto de la creciente movilización del movimiento de derechos humanos, el despertar del movimiento obrero con sus primeras huelgas generales y la visibilización de un movimiento cultural contra la censura, no implicó una inmediata respuesta ni a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, así como tampoco la vuelta atrás con las políticas económicas.

La lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de Hijxs, de la Asociación de ex detenidos desaparecidos entre otros organismos, aún en las condiciones más adversas, ha logrado conquistar los juicios que desde 2003 se vienen desarrollando. Sin embargo, pasados 45 años, hay genocidas que murieron sin una condena justa, otros tantos que debido a los tiempos de justicia y a la fragmentación de las causas aún no fueron sentenciados. El poder empresarial y mediático cómplice de los crímenes continúan impunes.

A nivel regional, observamos como proliferaron los golpes “parlamentarios” o “blandos” con el concurso de otros sectores del poder como la Justicia y los medios de comunicación, y se intentó allanar el camino para una ofensiva conservadora de la mano del imperialismo. Incluso,los apologistas de esos golpes se presentan como defensores de la democracia, planteando una disputa de sentido donde las grandes mayorías deben tomar en sus manos la defensa de sus derechos.

En ese marco, las persistencias de discursos negacionistas y de mano dura están a la orden del día. Lo vivimos durante los años macristas con Patricia Bullrich a la cabeza, con la desaparición de Santiago Maldonado, con el fusilamiento de Rafael Nahuel, con la “doctrina Chocobar” como política de Estado. Lo vivimos actualmente, con Sergio Berni arengando a la bonaerense, pronunciandose a favor de la baja de la edad de imputabilidad, con la desaparición de Facundo Ascudillo Castro. Continúa resonando tras 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. 

Del mismo modo, el endeudamiento sideral que comenzó bajo la dictadura y retomó recientemente el gobierno de Cambiemos con el FMI traen a la actualidad “la herencia” de ese modelo y la necesidad de su cuestionamiento radical.

Recordar a los 30 mil desaparecidxs entonces es enfrentar estas políticas, es seguir luchando contra la reacción en todas sus formas y, es en definitiva, construir una sociedad más justa e igualitaria, que transforme de raíz y borre para siempre las herencias de la última dictadura, es decir, del proyecto más descarnadamente capitalista que tuvo lugar en nuestra historia reciente. 

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