El presidente Alberto Fernández brindó este jueves por la noche una conferencia de prensa junto a Axel Kicillof y Horacio Rodriguez Larreta, donde anunciaron la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio. Durante la misma, el mandatario realizó algunas declaraciones que ameritan ser analizadas.
En primer lugar, respecto de los anuncios, se debe valorar la decisión de extender el aislamiento social y obligatorio en el AMBA por tres semanas ante el crecimiento de la curva de contagios. Esta era una medida necesaria e inevitable si se quiere contener la propagación y evitar el colapso del sistema de salud, como advirtió el propio Ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán.
Sin embargo, a 80 días de iniciada la cuarentena, surgen otras preocupaciones como el agravamiento de la situación económica y social ante lo cual las respuestas del Ejecutivo vienen siendo insuficientes y/o tardías. O, incluso, equivocadas. La aplicación del ATP como programa para que el estado pague el 50% del salario de trabajadorxs fue utilizado inicialmente por las grandes patronales para subsidiar sus ganancias mientras realizaban despidos y suspensiones. Ayer, el presidente planteó que “hay empresas que no lo solicitan porque tienen a los empleados en una situación de informalidad” pero que buscarían la forma de “llegar a todos”. Resulta extraño que el estado subsidie a empresas y le pague parte del salario a trabajadorxs que no están registrados. Un primer punto implicaría que las empresas que reciben esos beneficios deben tener a su personal registrado y en el convenio correspondiente.
Fernández destacó también su reunión con sectores empresarios y aseguró que el dueño de Aluar y Fate, Madanes, le planteó construir “un acuerdo social”. El gobierno reflota un planteo sepultado por la crisis de la mano de uno de los empresarios “nacionales” que una y otra vez ha intentado descargar la crisis sobre sus trabajadorxs. En el mismo sentido, puede pensarse el acuerdo firmado entre la CGT y la UIA para que continúen por dos meses más las suspensiones con salarios al 75%. Indicios de un “pacto social” de hecho que fue premisa estructural en la campaña del Frente de Todxs.
En ese marco, el presidente planteó que su objetivo es alcanzar un “capitalismo donde todos ganen”. Pero, ¿esto es posible? Hoy vemos como el mundo atraviesa una profunda crisis sanitaria y económica resultado de un sistema social que ha priorizado las ganancias empresarias por sobre la salud de las personas. La propia cuarentena, una medida básica de cuidado de la salud de la población en este contexto, choca con la voracidad de las clases patronales que quieren reanudar o sostener la actividad económica (y sus ganancias a cualquier costo). Dicho sea de paso, en su rabia contra el aislamiento social, las empresas confiesan desvergonzadamente que sin lxs trabajadorxs no pueden producir ganancia. Pero, peor aún, a pesar de registrar ganancias de miles de millones, apenas iniciada la crisis, aplican despidos, suspensiones, rebajas salariales y pago de salarios en cuotas: ¿esto sería una distribución proporcional?
Lo más curioso, de todas maneras, es que tras su defensa de un “capitalismo justo”, consultado respecto al (demorado) tratamiento del impuesto a las grandes fortunas, Alberto Fernández aclaró que “no es un impuesto sino un aporte extraordinario” y nuevamente delegó responsabilidades en el Congreso para su discusión y aprobación. El presidente insiste en desligarse de una iniciativa que implicaría efectivamente un paso correcto en el sentido de modificar el peso de la carga de la crisis. Nuestro país cuenta con uno de los sistemas tributarios más inequitativos, donde trabajadorxs bajo convenio pagan impuesto a las ganancias y los empresarios más ricos del país aportan un porcentaje infímo de su fortuna. Cualquier debate sobre “un capitalismo justo” debería partir de esa base.
Sin embargo, como evidencia la situación actual, las patronales no ceden sus privilegios gratuitamente aún en una pandemia mundial porque este es un sistema económico y social que se erige para defender sus ganancias y su propiedad privada. Cualquier medida en un sentido progresivo o redistributivo choca directamente con los intereses de las patronales que, más tarde o más temprano, intentan socavar. Por ese motivo, si bien son necesarias medidas de emergencia para dar respuestas inmediatas, es fundamental apuntar a una reorganización social profunda que rompa con las lógicas del capitalismo para que efectivamente sean las mayorías populares las que tengan una vida digna. Y esa salida sólo se puede construir desde el protagonismo e intervención de nuestro pueblo con su propio programa.