La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, un crimen de estado imprescriptible que se sigue cometiendo mientras las víctimas no aparecen, y se profundiza cuando la impunidad las vuelve a desaparecer. Hoy más que nunca seguimos levantando la bandera por justicia para Santiago y aparición ya de Facundo.
Por María del Carmen Verdú
A principios de 2017, poco se conocía, a nivel masivo, de la situación de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen, un territorio recuperado dos años antes de la inmensa usurpación legalizada del grupo empresarial Benetton. Como en tantas otras recuperaciones, desde el extremo norte al extremo sur del país, la lucha y resistencia de pueblos originarios por sus territorios ancestrales enfrentaba simultáneamente al poder de los terratenientes y del aparato estatal. En enero de 2017, con la débil excusa de que las vías de un tren turístico, La Trochita, atravesaban la tierra comunitaria, el juez federal de Esquel, un por entonces ignoto Guido Otranto, ordenó el ingreso de tropas de la Gendarmería Nacional y la policía de la Provincia de Chubut, que atacaron la comunidad, a lo largo de tres oleadas sucesivas.
Los operativos realizados entre el 10 y el 12 de enero dejaron una docena de personas detenidas y varias heridas. A una de las mujeres detenidas le fracturaron un brazo. Una bala destrozó la mandíbula de Emilio Jones y otro disparo a quemarropa en la cabeza dejó en grave estado a Fausto Jones Huala. Una delegación de organismos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia llegó a Esquel, apenas unas horas después, con Nora Cortiñas a la cabeza. No fue sencillo, pero logramos visitar a las y los presos y el juez federal Otranto nos tuvo que recibir. Para cuando estábamos regresando, la movilización solidaria había logrado la liberación de las personas detenidas, pero el conflicto estaba lejos de resolverse.
El 31 de julio de 2017, la comunidad mapuche se manifestó sobre la ruta 40, en reclamo de la libertad de su Lonko, Facundo Jones Huala. El mismo juez Otranto ordenó desalojar la ruta. En los videos de la represión quedó plasmada la última imagen con vida de Santiago Maldonado, un joven que solidariamente apoyaba la lucha de la Pu Lof. Al día siguiente, esta vez sin ningún tipo de mandato judicial, un operativo de gendarmería, directamente supervisado, desde el casco de la estancia Benetton, por el segundo de Bullrich, Pablo Noceti, ingresó a la Puf Lof Cushamen. Mientras difundíamos los informes que nos llegaban de la represión, nuevamente con heridxs y detenidxs, empezó a circular la pregunta: Falta un compañero. ¿Dónde está Santiago?.
Inmediatamente supimos que Santiago era una nueva víctima de desaparición forzada en democracia, con la particularidad de ser el primero en el marco de la represión directa por un conflicto por tierras de un pueblo originario. No hace falta enumerar la cantidad de mentiras, pistas falsas, aprietes y amenazas a la familia y a la comunidad que se descargaron desde el gobierno sobre familiares, amigos y la comunidad, que encontraron el apoyo enorme e incondicional de una impresionante movilización popular que atravesó el país, al grito de ¡Aparición con vida ya!. Esas gigantescas marchas, a su vez, enfrentaron la represión, como el 1º de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, con 31 detenidxs de los que aún queda pendiente de resolución en la Cámara de Casación la situación de dos trabajadores de prensa, o, en la misma semana, en Córdoba, con 11 allanamientos a locales de agrupaciones populares en la víspera de la movilización.
La desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel -fusilado por la prefectura en el mismo contexto de defensa del territorio mapuche, el mismo día del entierro de Santiago- y la puesta en marcha de la Doctrina Chocobar, fueron los tres escalones centrales en la profundización del accionar represivo bajo el gobierno macrista hasta instalar un verdadero estado de excepción. Terminada esa gestión, la actual dio algunos pasos a nivel nacional, con la derogación de media docena de los protocolos y resoluciones de actuación de las fuerzas federales, como el que habilitaba legalmente el disparo a personas desarmadas, el Servicio Cívico Voluntario en Valores de GNA, el uso de las picanas Taser, el Programa Ofensores de Trenes, el uso por gendarmería de las instalaciones de Chapadmalal, todos derogados en la víspera de Navidad, y, más adelante, el protocolo para la detención de personas del colectivo LGBTTQ+. Medidas útiles, qué duda cabe, pero claramente insuficientes, como lo demuestra la realidad cotidiana.
El 24 de diciembre de 1983, en Rosario, José Luis Franco inauguró la lista de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia. Algunos nombres suenan más que otros: Iván Ruiz, José Díaz, Caros Samojedny y Pancho Provenzano en la represión de La Tablada; Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Paulo Guardati en Mendoza; Héctor Gómez y Martín Basualdo en Entre Ríos; Andrés Núñez, Miguel Bru, Elías Gorosito, Jorge Julio López y Luciano Arruga en Buenos Aires; Iván Torres y Julián Antillanca en Chubut; César Mansilla en Tucumán; Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco en CABA; Otoño Uriarte y Daniel Solano en Río Negro; Franco Casco y Carlos Orellano en Rosario; Alejandro Flores, Facundo Rivera Alegre e Ismael Sosa en Córdoba; Nino Largueri en Corrientes, y así hasta llegar a 198 nombres.
Mientras levantamos la voz para volver a exigir justicia por Santiago a tres años de su desaparición forzada y muerte, el mismo juez federal que sucedió a Otranto en la instrucción de la causa, Gustavo Lleral, que en noviembre de 2018 cerró al causa expresando su convicción de que no hay delitos que investigar, lo que las instancias judiciales posteriores revocaron, acaba de ser ratificado por la Cámara de casación para continuar interviniendo.
Hoy, el tercer aniversario de la desaparición forzada y muerte de Santiago nos encuentra también exigiendo verdad y justicia por Luis Armando Espinoza y Francisco Valentín Cruz, desaparecidos el mismo día, 15 de abril de este año, uno en Tucumán, el otro en Florencio Varela. En los dos casos, sus cuerpos sin vida fueron hallados días después de ser vistos por última vez en poder de la policía, y reclamando con toda nuestra fuerza la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, desaparecido camino a Bahía Blanca el 30 de abril, cuando también fue detenido por la policía.
¡Justicia por Santiago! ¡Aparición con vida ya de Facundo!