Finalmente el 17 de noviembre el Ejecutivo envió su proyecto de legalización del aborto al Congreso, dando lugar al tratamiento del proyecto en lo que queda del año legislativo y en el periodo de extraordinarias. Fruto de la enorme Marea Verde que sacudió a nuestro país, por segunda vez en la historia el proyecto de ley IVE se encamina a discutirse en ambas Cámaras Legislativas. Se abre un momento crucial para el movimiento de mujeres y disidencias para conquistar de una buena vez por todas este derecho fundamental.
Luego de la enorme batalla de 2018 y tras un 2019 tomado por lo electoral, el 19 de febrero de este año se presentó el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal pero, desde ahí, pandemia y cuarentena de por medio, el tema no volvió a retomarse en la agenda legislativa, hasta ahora, en tiempo de descuento cuando el Poder Ejecutivo decidió tomar el guante.
El tratamiento del proyecto de ley IVE es una consecuencia de la enorme lucha del movimiento de mujeres y disidencias que como se sostiene en 2018 conquistó cierta despenalización social y se abrió un nuevo piso de debate en la sociedad. La organización, en tiempos aún de aislamiento preventivo por la situación sanitaria, fue fundamental. La presión ejercida a partir de las redes, de acciones federales, en definitiva de una lucha que no se tomó cuarentena para que hoy nuevamente estemos viviendo un momento histórico en nuestro país.
Sobre proyectos y las disputas a dar
El martes pasado recién se dio a conocer públicamente el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, lo que habilita el tratamiento del tema en el Congreso de la Nación. El proyecto en sí establece un piso muy progresivo basado en muchos aspectos que se encuentran incorporados en el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como así también de los consensos que se lograron en el proyecto aprobado en Diputados el 14 de junio de 2018.
Una de las diferencias fundamentales con el proyecto de la Campaña es que el texto del Ejecutivo, retomando el aprobado en 2018 en Diputados, incorpora la objeción de conciencia individual, esto quiere decir que el profesional de la salud puede negarse a realizar un aborto. El artículo señala que deberá derivarlo inmediatamente a otro profesional para garantizar la práctica, y que en caso de peligro para la vida o salud de la persona gestante, debería realizar la interrupción voluntaria del embarazo. No está permitida la objeción de conciencia institucional, que implica que instituciones enteras podrían negarse a realizar esta práctica, aunque es evidente que allí donde tenga influencia la Iglesia se ejercerá presión sobre el personal de salud.
La objeción de conciencia es un problema fundamental para el acceso a la practica de un aborto legal, seguro y gratuito. Por solo dar un ejemplo, en Uruguay el 30% de los ginecólogos han hecho objeción de conciencia. El movimiento feminista ha dado una inmensa pelea por lo que no basta una legalización solo en los papeles, sino una posibilidad real de acceder a la practica para todas las personas gestantes, por ende, debemos redoblar nuestra lucha para que el obstaculo que significa la objeción de conciencia sea eliminado, tal como lo expresa el proyecto de la Campaña. Aún cuando este aspecto no se remueva debido a que se usará como un argumento para reunir los votos necesarios para su aprobación, será una pelea importante que seguirá incluso en caso de lograr la aprobación de la ley.
Por otro lado, el proyecto del Ejecutivo plantea la penalización tanto para las personas gestantes como para quien realizara un aborto por fuera de las 14 semanas y las causales establecidas, a diferencia el proyecto de la Campaña que no propone ningun tipo de penalización para la regularización de esta practica y el acceso a este derecho, menos cuando existen grandes dificultades materiales para la mayoría de las mujeres y personas gestantes. Conceptualmente el aspecto de la penalización deberá ser otro elemento a seguir cuestionando.
Un elemento importante que plantea el proyecto de la Campaña es la incorporación del derecho al aborto como contenido de la ESI, una herramienta fundamental para las próximas generaciones. Hemos luchado todos estos años al grito de #NiñasNoMadres, para que esto sea una realidad y ninguna niña sea obligada a parir, es imprescindible que el derecho al aborto sea incorporada a la ESI y la aplicación de la ESI en todo el país y en todos los niveles educativos.
Por último en lo que hace a las diferencias fundamentales, la rapidez para acceder a esta práctica juega un rol importante en la salud integral de la persona gestante. En este sentido el proyecto de la Campaña establece el plazo de 5 días para garantizar la práctica, mientras que el del Ejecutivo el plazo de 10 días.
Por otro lado, tal como se había anunciado, en paralelo con el envío del proyecto de ley de IVE del Ejecutivo se envió el proyecto de los 1000 días. Este proyecto en sí mismo no contiene aspectos negativos o que el movimiento de mujeres y disidencias pueda oponerse como son las políticas planteadas en el proyecto tales como: la creación de una asignación por cuidado de salud integral, la extensión del pago por la asignaciones universal por embarazo, la ampliación del pago por nacimiento y por adopción a las personas beneficiarias de la AUH y la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y también para la primera infancia.
Sin embargo, es necesario remarcar que en el contexto en donde se discute un derecho fundamental que implica la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar, el derecho a la decisión sobre el propio cuerpo, simbolicamente la ley de los 1000 días es una concesión a sectores antiderechos que intentaran usar esta ley para obstaculizar una vez más el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Está claro que los proyectos presentados sobre IVE no dan lugar a esta situación, pero es importante dar una disputa en este sentido por información clara sobre ambos proyectos, qué derechos garantiza y protege cada uno.
En síntesis, si bien hay algunos elementos del texto del proyecto que deben ser discutidos y en lo posible superados, es indudable que se plantea desde un piso alto conquistado por la enorme marea verde que tiene la tarea de ir a fondo en las aspectos que nos garanticen el acceso real a nuestro derecho tan postergado.
Ganar la pelea por el aborto legal en todos lados
El día que se presentó el proyecto ya aparecieron pintadas con la consigna “si hay aborto hay guerra” y los sectores antiderechos plantean su movilización para el 28 de este mes mientras se programa un acto virtual de las iglesias evangelicas con la presencia de Luis Palau.
Se aproximan meses de una intensa disputa por conquistar nuestro derecho que, además, gran parte del debate se desenvolverá durante el verano, un periodo de receso que objetivamente sumará -a las ya planteadas por la pandemia- dificultades para desplegar una movilización de envergadura.
Al oscurantismo y las ideologías del odio debemos responderle, entonces, con más organización, movilización y lucha. A la agenda de iniciativas que llevará adelante la Campaña y que debemos acompañar con fuerza, se plantea llevar este debate a todas las barriadas, lugares de trabajo y estudio. Si bien hemos alcanzado un enorme piso con la marea verde de 2018, las Iglesias y los sectores reaccionarios mantienen aún una influencia muy importante en grandes franjas obreras y populares. Tenemos una oportunidad con este nuevo tratamiento para redoblar la apuesta y salir a ganar el debate en todos lados como parte de la pelea más general contra la derecha y la reacción.
Por otro lado, en términos de escenarios se nos plantea algo similar al 2018, con la información actual se estima que el proyecto podría ser aprobado en Diputados y que nuevamente el Senado podría trabar esta conquista histórica. En este sentido son fundamentales las acciones federales, la fuerza que ejerza presión en cada distrito para que se entienda que no podemos seguir esperando más. Pero, además, más allá de las particularidades provinciales, hay una responsabilidad política, especialmente del Frente de Todos, de garantizar que sus senadores voten en favor del proyecto y no permitir un rechazo amparados en “la libertad de acción”. Este aspecto, además, se contradice con reconocer el acceso al aborto como una cuestión de salud pública.
En definitiva la situación amerita profundizar nuestra organización, pintar nuestro país de verde como supimos hacer en el 2018 y más, volver a ganar las calles nuevamente, con todos los cuidados, pero arrancando nuestro derecho de una buena vez y para siempre. Por todas las que faltan, por las presas y criminalizadas, por nosotras/es y las/es que vendrán: será ley!