La noche previa al desembarco de la misión del Fondo Monetario Internacional el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el Gobierno pedirá un acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF por su sigla en inglés), un modelo de programa que brinda cuatro años y medio de gracia para pagar los US$45.000 millones de deuda legados por Mauricio Macri pero que impone recetas neoliberales más duras que el modelo Stand By vigente. Además, el oficialismo en pleno anunció un proyecto para cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria que consolidará todo el poder adquisitivo perdido desde la reforma de Cambiemos. Dos decisiones que se suman a un abanico de señales lanzadas por el Ejecutivo hacia el mercado en el último mes, en un “giro ortodoxo” destinado a intentar calmar la corrida cambiaria que desató el establishment como forma de presionar por una devaluación. Estas concesiones arrancadas por los sectores más concentrados ante las vacilaciones del Gobierno marcan un retroceso para el campo popular en la disputa por la orientación que tomará la pospandemia. La agenda de la derecha, que gana posiciones, busca descargar el peso de la crisis una vez más sobre las espaldas de les trabajadores. El Fondo y su programa vienen a intentar cristalizar esa orientación.
Dificultades extendidas
Argentina tuvo decenas de acuerdos con el FMI en su historia pero sólo dos, durante los noventas, fueron EFF. Si bien todos los programas del organismo exigen ajustes, hay diferencias entre los distintos modelos. Los Stand By son acuerdos más cortos que se basan en metas fiscales –con recortes del gasto público-, monetarias y cambiarias, y plantean devolver los dólares prestado entre el tercer y el quinto año. Los de Facilidades Extendidas dan entre cuatro años y medio y diez años pero, además de esas metas, imponen reformas de perfil neoliberal, entre las que suelen sobresalir la previsional, laboral y tributaria.
Es la suerte que atravesaron los países que recientemente contrajeron un EFF, como Grecia o Ecuador. Y es lo que Guzmán, sin dar mayores precisiones, adelantó que ocurrirá. En una reciente entrevista dijo que son necesarias algunas reformas “para alcanzar mayor productividad”.
Más allá de que en lo formal la negociación recién empieza, la tutela del Fondo ya se hace sentir. Y la fórmula de ajuste de las jubilaciones que el Frente de Todos impulsará en el Congreso es una muestra de ello.
La propuesta del oficialismo plantea volver al esquema que rigió durante el Gobierno de Cristina Fernández (50% atado a la evolución de los salarios y 50% a la de la recaudación) y que, a excepción de 2014, permitió una paulatina mejora real de los haberes. Esta fórmula reemplazará a la que surgió de la reforma previsional del macrismo (70% inflación y 30% salarios) y que propinó un desplome del 17% real de las jubilaciones. A primera vista el cambio parece positivo, pero lo cierto es que la desindexación llega justo cuando la inflación récord del pasado iba permitir una recuperación de los haberes y la AUH. Por eso, la modificación en este momento llevará a consolidar aquella pérdida de poder adquisitivo.
No es de extrañar entonces que, con el Gobierno embarcado en una reducción del déficit generado por el gasto extraordinario para paliar la coronacrisis, uno de los argumentos esgrimidos por el oficialismo a la hora de fundamentar la nueva fórmula es el cuidado de “la sustentabilidad fiscal”. En otras palabras, ponerle un techo al gasto en jubilaciones.
Estas definiciones se montan sobre una serie de retrocesos que se iniciaron desde que la derecha logró arrancar la marcha atrás de la expropiación de Vicentin y que se aceleraron durante el último mes, con el Plan Guzmán que buscó calmar la corrida cambiaria. Por el momento, se logró contener la embestida devaluatoria que, de haberse concretado, habría generado un nuevo salto inflacionario y de la pobreza, que hoy supera el 45%. Sin embargo, el costo fue alto.
En apenas semanas, mientras el dictamen de comisión del impuesto a las grandes fortunas dormía en los cajones de la Cámara de Diputados, se anunció: una baja de retenciones; una marcha atrás del cepo a los fondos extranjeros que limitaba la fuga a través de la Bolsa; colocaciones de deuda en dólares para darle salida a esos mismos fondos, que habían entrado a hacer la bicicleta con Macri y luego quedaron “atrapados” en pesos; un presupuesto 2021 sin IFE ni AT y con un recorte del 14% del gasto social en términos reales; el entierro de la cuarta entrega del IFE prevista para estos momentos; el descongelamiento de las tarifas a partir del próximo año; y un compromiso de reducir la emisión monetaria, que implica ampliar la porción del déficit fiscal que se financiará con deuda.
El Fondo viene con el objetivo de profundizar esa orientación con sus prerrogativas diseñadas en Washington, que en pocas palabras significan menos recursos para políticas redistributivas y salvar del costo de la crisis a los ganadores de siempre. Se trata de las clásicas recetas de “estabilización”, que lejos de abrir camino a una recuperación económica y social siempre implicaron más recesión y desigualdad. Como demostró hace apenas dos años el ajuste perpetrado por el programa de Macri y Lagarde.
La disputa por una agenda popular
Es por eso que las fuerzas del campo popular debemos pelear en unidad para frenar la embestida de la derecha y evitar que se consolide una agenda pospandemia en favor del empresariado más concentrado. La coronacrisis agudizó la recesión iniciada con el macrismo y, pese a las medidas iniciales acertadas que buscaron proteger los puestos de trabajo, se destruyeron 4 millones de empleos (sobre todo en el sector informal) y los salarios continuaron en baja. Es necesario que la reconstrucción ponga el foco en recuperar todo lo perdido en estos años y en conquistar nuevos derechos.
Los US$44.000 millones de deuda fueron una estafa consumada por Macri y el FMI, con la que el organismo financió la fuga de capitales para evitar un colapso absoluto durante su campaña por la reelección, en una operación ilegítima que incluso violó el propio estatuto del Fondo.
La derrota del macrismo en las urnas fue la expresión de la resistencia del pueblo en las calles para torcer el rumbo de sus políticas neoliberales. Es tiempo de tensionar al Gobierno para que implemente una salida redistributiva, que incluya la inmediata aprobación del impuesto a las grandes fortunas y por un agenda en favor de les trabajadores para que el peso de la deuda de Macri y el FMI no recaiga en nuestras espaldas. Para que la pospandemia no llegue con un nuevo ajuste a los sectores populares.