El acuerdo de Escazú surge en el 2018 en Costa Rica, con la finalidad de promover a nivel regional la participación, el acceso a la información y a la justicia en todo lo que respecta materia de ambiente para toda población, comunidad u organización popular. Este tratado firmado por 22 países y ratificado por 9 de ellos, surge debido a las grandes presiones y movilizaciones que viene desarrollando el movimiento ambientalista, donde en muchos casos le costó la vida a grandes referentes como a Berta Caceres.
Hoy el proyecto en Argentina tiene media sanción del Senado y para ser el décimo país en ratificarlo deberá ser aprobado en Diputados antes del 26 de septiembre, día que se presenta en la Secretaria General de las Naciones Unidas, y que de no contar con la ratificación de 11 Estados para la fecha perderá su vigencia.
El movimiento ambientalista
En los últimos dos años el movimiento ambientalista creció exponencialmente a nivel mundial, con les jóvenes en primera línea, obteniendo grandes conquistas e injerencia en la agenda política. Nuestro país no se quedó atrás, puntualmente con organizaciones como Jóvenes por el Clima a la cabeza, se realizaron importantes campañas y masivas movilizaciones, como la primera gran jornada de lucha en marzo de 2019, donde miles y miles de jóvenes copamos el Congreso para exigirle al Estado políticas que contemplen la preservación del ambiente y las comunidades. También tuvimos grandes conquistas como la del 24 de mayo de 2019 donde se consiguió la declaración de una Ley de Emergencia Climática en todo el país después de una gran movilización hacia el Congreso. Inclusive ya en pandemia, seguimos luchando mediante campañas virtuales y algunas movilizaciones con distanciamiento para que se de marcha atrás en el acuerdo porcino con China, logrando de momento su pase a stand by hasta el mes de Noviembre. De aprobarse el acuerdo de Escazú la Cancillería se vería obligada a informar e involucrar participativamente a la población y organizaciones populares ambientales en este tipo de decisiones, lo mismo sucedería con la #LeyDeHumedales que venimos exigiendo para que se le ponga fin a la impunidad de los grandes terratenientes que realizan quemas de humedales a costa de la salud de la población y de la preservación del bioma, y acrecentar sus ganancias. El tratado de Escazú es fruto de las luchas que se vienen gestando en el sector, depende de nosotres seguir presionando para que este acuerdo se apruebe en diputados y que una vez aprobado se cumpla cada uno de sus artículos ponderando siempre los intereses de los sectores populares y no el de las patronales.
En ese sentido, una mención para nada menor que realiza el primer eje del acuerdo sobre “la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” es un punto crucial teniendo en cuenta el nivel atropello permanente que sufre el medio ambiente en nuestra región, desde modelos extractivistas hasta modelos de monocultivo, impulsadas por multinacionales y corporaciones locales con apoyo de los distintos gobiernos. Por otro lado partimos de la realidad de que los peligros a los que las comunidades se ven expuestas son mayoritariamente, por no decir siempre, producidas por las grandes empresas que realizan estos megaproyectos, siendo los mismos los encargados de realiizar los “controles” de prevención de daños. Por lo que es crucial la participación popular y activa de las comunidades y organizaciones, la promoción del involucramiento de la población para que se parta de una igualdad de conocimientos, donde sean les mismes vecines quienes realicen los seguimientos para frenar cualquier proyecto que sea nocivo para el ecosistema y la comunidad.
Las herramientas que se le brindaría a la población para justamente frenar cualquier atropello se encuentra contenido en el articulo Artículo 8 “Acceso a la justicia en asuntos ambientales” del acuerdo, donde se compromete a las partes a tener que garantizarle a todo ciudadanx, asamblea vecinal, ONG u organización popular el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales, la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para prevenir o hacer cesar daños al medio ambiente. También contempla medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, mecanismos de reparación, desde la restitución al estado previo al daño, el pago de una sanción económica para las empresas que realicen el daño y la atención a las personas afectadas.
El ambientalismo también dice Nunca Más
Solo en el 2019 fueron asesinadxs 212 militantes ambientalistas, de lxs cuales 148 pertenecen a Latinoamerica. Por lo que el último eje del tratado que menciona “justicia en asuntos ambientales” tiene gran importancia para les mismes militantes, ya que si bien estos derechos que menciona el acuerdo se encuentran contenidos en constituciones y legislaciones, se vieron pisoteados en reiteradas ocasiones. Por lo que un acuerdo ratificado por los propios gobiernos que muchas veces utilizaron nuestros DDHH como alfombra refleja nuevamente la presión que viene ejerciciendo el movimiento y la importancia de no dar cese a nuestros reclamos. Dentro de los países que no ratificaron el tratado se encuentra Chile, donde Piñera dijo que es “un atentado a la Soberanía Nacional”, una declaración muy contradictoria teniendo en cuenta el despliegue de políticas represivas y de ajuste que viene teniendo en los últimos años de mandato, y que el pueblo chileno viene denunciando donde una de las primeras exigencias es la reforma constitucional.
La tarea de seguir luchando
El Acuerdo de Escazú condensa varios de los reclamos del sector ambientalista y es un gran avance para toda la población de nuestra región, por eso mismo recae en las organizaciones populares seguir presionando para que este tratado se apruebe y se cumpla artículo por artículo, sin dar cese a nuestros reclamos y nuestras luchas que tantos frutos nos han dado. Por lo que es imperioso que desde las organizaciones populares, estemos atentxs y repudiemos cualquier tipo de maniobra que busque garantías o impunidad de las grandes multinacionales mediante desembolsos de dinero, que son justamente quienes producen ecocidios con tal de acrecentar sus ganancias. Teniendo presente el Art 15 inciso g) que dice “las partes establecerán directrices y modalidades para la movilización de recursos, financieros y no financieros, de diversas fuentes para facilitar la implementación del presente Acuerdo”, habilitando donaciones de los sectores empresariales para el financiamiento del tratado.
Desde Abriendo Caminos formamos parte de la comisión ambiente del Centro de estudiantes de la Facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA. Es una comisión de base integrada por estudiantes agrupados e independientes, donde discutimos y organizamos actividades con ejes como el acuerdo con China, el convenio Exactas-Shell, megaminería y temas actuales de la agenda ambiental, como los desmontes y la quema de bosques y humedales en este contexto de crisis global.
Hoy en día el acuerdo de Escazú está debatiéndose en distintas comisiones e instituciones. El día miércoles 16/09 la Comisión de Relaciones Exteriores y Recursos Naturales de diputados dio dictamen al acuerdo para que la cámara baja apruebe el acuerdo ambiental.
Reforzamos la importancia de que se apruebe un acuerdo con estas dimensiones y compromisos, siendo preciso avanzar en formas de pensar nuestras sociedades en sintonía con el medio ambiente. Por lo que la mayor diversificación y planificación de las actividades con el involucramiento de comunidades y organizaciones populares para abordar problemas complejos como lo son la preservación de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y el acceso al agua potable son puntos de partida para quienes apostamos a construir alternativas a este sistema que diariamente avanza deteriorando nuestras vidas y el medio ambiente, por lo que es preciso seguir organizades contra toda injusticia socioambiental.