Durante la madrugada de hoy, el Ministerio de Economía anunció un acuerdo entre el gobierno y los tres grupos que nucleaban a los principales fondos tenedores de bonos bajo ley extranjera. El final de la renegociación es presentado como un logro que contribuirá a la recuperación económica nacional. ¿Es así?
Desde la propia campaña electoral que finalizó con el triunfo de Alberto Fernández, el Frente de Todos había planteado una renegociación de la deuda pública para que fuera “sustentable”, es decir, que en el corto plazo permitiera reactivar la economía sumida en una profunda crisis y en el largo plazo no afectara el desarrollo del país y de las necesidades populares. Esta propuesta fue aceptada mayoritariamente como la única salida viable a la quiebra que había llevado el macrismo.
De ese modo, apenas iniciado su mandato, el gobierno colocó su principal apuesta económica en lograr esa renegociación que, tras casi ocho meses -pandemia mediante-, concluyó en un acuerdo con los grandes fondos de Wall Street que se ubican en la cima del establishment financiero internacional y que poseían títulos bajo legislación extranjera por unos 65 mil millones de dólares (sobre una deuda total prácticamente igual al PBI nacional y superior a los 300 mil millones de dólares). De la propuesta inicial, que reconocía un valor de 39 centavos por bono (prácticanente el doble del Valor Presente Neto en el mercado), se llegó a 54,8 centavos.
Más allá de esa cuenta que realizan los acreedores, para el país esto significa en término del monto de los pagos ofrecidos el gobierno terminó cediendo en casi 15 mil millones de dólares. A su vez, además de una quita de capital muy menor (1,9%), se mejoraron los plazos para los bonistas con un primer pago en enero de 2021 (la oferta inicial planteaba un período de gracia de tres años). El grueso del “alivio” en los pagos se concentra en un recorte de los intereses a pagar de casi 60%. En definitiva, sobre un total de 126 mil millones de dólares de deuda que había dejado Macri entre capital e intereses de acá a 2117 (cuando vencería el bono a 100 años que emitió Toto Caputo), la quita total será de 35 mil millones, o sea, algo menos del 30%. Y la mayor parte de la reducción se concentra en los próximos cuatro años, que justamente era cuando había una mayor carga de vencimientos.
Ahora se aguarda que llegue el turno de la renegociación de la deuda de 49 mi millones con el FMI que no admitiría una quita pero sí una reprogramación de pagos e implicará una discusión sobre el programa económico oficial. También se avanza en la renegociación de la deuda bajo ley local.
La novedad del acuerdo fue recibida naturalmente con un alza de los mercados que celebraron desde temprano.
Una deuda que todavía se debe investigar
Resulta en primer lugar importante señalar que la deuda pública no fue investigada y analizada como correspondía respecto de su legitimidad y legalidad. Más allá de las denuncias, incluso de sectores del Frente de Todos, sobre las maniobras fraudulentas bajo el macrismo, finalmente, no se avanzó en ese sentido.
Sólo por mencionar algunos aspectos que se deben tener en cuenta: los préstamos del FMI incumplieron con los propios estatutos del organismo ya que prácticamente la totalidad de la deuda contraída durante los años de Cambiemos tuvo un equivalente en una salida récord de capitales. Esto quiere decir que la deuda no fue a inversiones productivas o a atender las necesidades de nuestro pueblo, sino que financió directamente la fuga de dólares. Tampoco puede validarse el bono a 100 años emitido por Caputo, que hoy celebraba la renegociación de Gúzman. Sólo con este paneo superficial sobran razones para investigar y no pagar un peso a los estafadores de traje y corbata. A esto se agrega un contexto internacional de profundización de la crisis que puso la lupa y planteó las condiciones para cuestionar el endeudamiento externo.
Una deuda ¿sostenible?
El gobierno presenta este acuerdo como un paso hacia una normalización económica del país que atraviesa su tercer año de recesión y este año tendría una caída entre el 9 y el 16% del PBI producto de la pandemia del Coronavirus, según distintas proyecciones. Sin embargo, hasta el momento todo el plan económico había estado supeditado a esta negociación. Ahora que hubo acuerdo, ¿qué se viene?
Recientemente el Ejecutivo envió una ampliación del Presupuesto nacional que prorroga el que había sido aprobado en 2019, es decir, prácticamente un recorte de hecho considerando la inflación anual del año anterior y este. Para el 2021, un plan de “austeridad” es el principal reclamo del Fondo Monetario. El Gobierno promete que el programa a acordar con el organismo será definido por el Ejecutivo y no implicará un ajuste, como el que había firmado Cambiemos. Sin embargo, sabemos que el FMI no cambió y que no habrá chances de acuerdo a salvo de condicionalidades y de incorporar distintos elementos de sus tradicionales recetas. Con un estado que tiene un déficit fiscal creciente y con muy limitadas reservas de libre disponibilidad en el BCRA, ¿de dónde saldrán los fondos para pagar los ahora reducidos pero aún importantes vencimientos de la deuda de los próximos años?
Desde ese punto de vista, las últimas medidas del gobierno no son alentadoras: mientras se retrocedió con la intervención de Vincentin y se cajoneó el impuesto a las grandes fortunas, se desdobló el pago de aguinaldo a estatales y hubo un virtual congelamiento salarial para toda la planta pública y para la docencia. Festejan los bonistas, mientras les trabajadorxs en primera línea contra la pandemia siguen perdiendo su salario y la pobreza araña el 50% de la población.
Siempre hay otra salida
Las crisis de deuda en nuestro país son un hecho recurrente. A esta altura, ya también empiezan a ser recurrentes los festejos por los acuerdos de reestructuración. Pero como señalamos, esta nueva experiencia vuelve a demostrar que los intereses del FMI y los grandes fondos de inversión son incompatibles con la satisfacción de las demandas del pueblo. Porque todo dólar que se destina a pagarle a los especuladores financieros implica recursos que no van a recuperar los ingresos de les laburantes o a contener la crisis sanitaria.
Las organizaciones populares tenemos que construir nuestra propia agenda. La suspensión del pago, la investigación de la deuda y romper con el FMI siguen siendo una premisa fundamental e inevitable para poder llevarla adelante.