El shock de la pandemia impuso una escalada en la crisis global y nacional, que en nuestro país se montó sobre los cuatro años de ajuste neoliberal del gobierno macrista, que hundió a la economía en una profunda recesión y dejó una fuerte transferencia de ingresos desde la clase trabajadora hacia los sectores empresariales más concentrados. Con un proceso aún inconcluso de reestructuración de la deuda externa, una de las grandes prioridades que se había trazado el gobierno al inicio de su gestión, Argentina queda a las puertas de un derrumbe de la actividad y de un deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares hasta niveles no vistos desde 2002 en un escenario en disputa sobre qué orientación tomará la salida a la coronacrisis.
Junto a una política sanitaria en general correcta para enfrentar el coronavirus, el gobierno adoptó tempranamente un paquete de medidas acertadas para mitigar el impacto social de la pandemia, que incluyó el ingreso familiar de emergencia de $10.000, bonos para jubilados y AUH, el pago de parte de los salarios de los trabajadores del sector privado vía ATP y la prohibición de los despidos, que se sumaron a la doble indemnización decretada en diciembre. Pero este conjunto de políticas, que marcó una importante diferencia respecto de la orientación de Cambiemos, hoy se muestra insuficiente.
Sin acceso al financiamiento por la crisis de deuda heredada y con un déficit fiscal que podría marcar el mayor pico desde 1975, Alberto Fernández y Martín Guzmán desplegaron un paquete de emergencia de alrededor del 3% del PBI. Un número significativamente menor al que destinaron países europeos, Estados Unidos o incluso Brasil, que apalancados en el endeudamiento alcanzaron los dos dígitos.
Según las siempre dudosas proyecciones del FMI, la coronacrisis implicará una caída de la actividad económica argentina del 9,9%. Una debacle similar a la que sufrirían Brasil (9,1%), México (10,5%) o EE.UU. (8%), países que no aplicaron una cuarentena preventiva y hoy encabezan los rankings de contagios y fallecimientos, en el contexto de una recesión global que tendría su pico en España e Italia (12,8%).
Pero en nuestro país implicaría la tercera caída consecutiva del PBI tras el estallido de la corrida cambiaria: en 2018 la economía cayó 2,5% y en 2019, 2,2%. Así, de acuerdo a distintas estimaciones privadas, el PBI per cápita –que dimensiona la evolución del tamaño de la economía en relación al crecimiento de la población- retrocedería hasta el nivel de 2008.
Con una torta más chica, el empresariado salió en busca de más porciones para no resignar sus ganancias y para quedar en mejores condiciones para relanzar el ciclo de acumulación y desató una fuerte presión para descargar una vez más el peso de la crisis en las espaldas de les trabajadores. Ahí es cuando el pretendido equilibrismo del gobierno, que plantea una voluntad de mejora en las condiciones de vida de los sectores populares pero sin voluntad de enfrentar decididamente los intereses de los grupos concentrados, hace entrar en tensión las medidas anunciadas.
Por caso, pese a la prohibición de las cesantías, los empresarios no titubearon a la hora de dejar en la calle a miles de laburantes (empezando por los 1.450 en la constructora de Techint, que la multinacional de Paolo Rocca y la UOCRA pactaron en la propia sede del Ministerio de Trabajo) y avanzar en cierres fraudulentos, como el de Publiexpress/Ipesa (Revista Pronto). A eso se sumaron las suspensiones con rebajas salariales en torno al 25% en distintos sectores, firmadas al amparo del escandaloso acuerdo entre la CGT y la UIA que fue homologado por el ministro Claudio Moroni, y el pago del ATP a directivos de algunas de las compañías más grandes del país. También el preocupante anuncio del pago en cuotas de los medio aguinaldos de más de $40.000 para les trabajadores estatales, que legitima medidas similares en los gobiernos provinciales y municipales, y en el sector privado.
Todo esto sienta las bases para un fuerte retroceso en las condiciones de vida de los sectores populares, que en los cuatro años de macrismo ya sufrimos una caída promedio del 20% en el salario real, un aumento de la informalidad laboral hasta casi el 40% y de la pobreza hasta el 35,5%. Los primeros datos de los tiempos de pandemia muestran la profundización de la emergencia social y laboral: la destrucción de unos 100.000 puestos de trabajo registrados y la suba de la pobreza a entre el 40 y el 45%, según cálculos privados. Hay quienes estiman incluso que el porcentaje de personas pobres podría llegar hasta el 50% este año. Como señal de ello, ante la imposibilidad de llegar a fin de mes, el 86,5% de las familias terminaron junio endeudadas y hubo un fuerte incremento en las deudas no bancarias en servicios, impuestos y con prestamistas o financieras, según un estudio del CERX.
El impuesto a los ricos y la negociación de la deuda
Pero esto está lejos de ser una consecuencia inevitable de la coronacrisis. Es necesario que el costo de la crisis recaiga en los que más tienen y en los sectores concentrados que más se beneficiaron de las políticas del macrismo, mediante la fuga, la especulación financiera y el extractivismo. Un impuesto a las grandes fortunas, la suspensión del pago de la deuda y la expropiación de empresas estratégicas como Vicentin, tres medidas anunciadas por el gobierno y hoy puestas en cuestión ante la presión de la derecha, deben ser la punta de lanza para volcar los recursos del país en favor de las mayorías populares.
Elaborado por el diputado Carlos Heller, impulsado por Máximo Kirchner y avalado por Fernández, el proyecto de ley de un impuesto a los ricos fue anunciado al comienzo de la cuarentena pero, pasados tres meses, aún no fue enviado al Congreso. De acuerdo a los trascendidos, se trata de un “aporte por única vez” para las 12.000 personas (el 0,03% de la población) con patrimonios declarados por más de $200 millones con una alícuota de entre el 2 y el 3,5%, que permitiría recaudar entre US$3.000 y US$4.000 millones.
Como plantea la campaña No Tienen Coronita, con esos ingresos se podría garantizar el pago de casi 7 millones de aguinaldos de $40.000, es decir, sobraría para garantizar en tiempo y forma el SAC del total de los trabajadores y trabajadoras de los estados nacional, provinciales y municipales (alrededor de 3,5 millones) en lugar de pagarlo en cuotas. O duplicar el monto del IFE durante cuatro meses para 8 millones de personas. O duplicar la AUH durante un año. O comprar 260.000 respiradores.
Una dinámica similar atraviesa el proceso de reestructuración de la deuda externa que el Frente de Todos heredó del macrismo en un virtual default, luego de un proceso inédito de megaendeudamiento tanto por su monto como por su velocidad que fue destinado a exclusivamente a refinanciar otros vencimientos de deuda y a alimentar de divisas la fuga de capitales récord de US$86.000 millones en cuatro años.
Luego de siete meses en los que el Gobierno supeditó buena parte de su política económica a su resolución, la negociación con los grandes fondos de Wall Street para el canje de US$66.200 millones entró en su recta final y, más allá de los cruces y pulseadas entre Guzmán y los grandes pulpos del establishment financiero internacional, como la firma BlackRock del magnate Larry Fink, todo se encamina a un acuerdo total o parcial a lo largo del mes. Un acuerdo que, si bien implicará una importante quita, encierra grandes concesiones a los acreedores.
La oferta original de Fernández y Guzmán, que planteaba una suspensión de pagos durante tres años más un fuerte recorte de intereses desde un promedio de 7% hasta uno del 2,3% y una leve quita de capital del 5,4%, se transformó en su última versión en un período de gracia de apenas un año, un promedio de intereses del 3,2% y una quita de capital en torno al 2%, a lo que sumó un instrumento atado a la marcha de las exportaciones (los bonistas piden que sea atado al PBI) que compromete más pagos a medida que entran más dólares al país. En términos absolutos, esto implica pasar de una quita de USD41.000 millones a una de poco más de USD30.000 millones entre capital e intereses.
Claro que esta no es la única deuda en negociación. El gobierno prevé aplicar una reestructuración similar a unos US$15.000 millones en títulos en dólares emitidos bajo ley argentina una vez resuelto el canje de los bonos con ley extranjera. Y después, avanzará en la redefinición del programa stand by por US$44.000 millones que firmó Mauricio Macri con el FMI, donde buscará estirar los vencimientos (que se concentran entre 2021 y 2023) y postergar tres años las metas de ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal hasta 2023.
Desde Abriendo Caminos sostenemos que es necesaria una extensa suspensión de los pagos de deuda que permita desplegar una profunda investigación que demuestre el carácter fraudulento y usurero de las emisiones realizadas durante el macrismo que sólo sirvieron para financiar la salida de los fondos especulativos que, ante la liberalización de los controles de capitales, ingresaban al país sólo para hacer la bicicleta financiera. Porque es necesario poner los recursos previstos para pagar esa deuda ilegítima al servicio de los sectores populares que hoy padecemos la emergencia sanitaria, económica y social. Y por eso mismo es necesario que se apruebe ya el impuesto a las grandes fortunas. Necesitamos construir la más amplia unidad del campo popular y sus organizaciones para avanzar en esa dirección y ponerle un freno a las presiones por derecha que pretenden una salida reaccionaria y de ajuste para la pospandemia. Estamos ante una pulseada de magnitudes y les trabajadores debemos tener un rol protagónico para torcerla en favor de los intereses de pueblo.