Ante la ofensiva de las grandes corporaciones, desde Abriendo Caminos respaldamos la decisión del gobierno nacional de reconocer a Internet, cable y telefonía como servicios esenciales junto con el congelamiento de las tarifas hasta fin de año. En general y más aún en tiempos de cuarentena, el acceso a internet y a la comunicación son derechos fundamentales, y una condición para garantizar otros derechos humanos.
La medida, que establece el derecho al acceso a la conectividad por parte del conjunto de la población y se propone garantizar una prestación básica universal obligatoria, provocó -como viene siendo la norma- la airada reacción de las grandes corporaciones, en primer lugar, el Grupo Clarín que cuenta con posiciones accionarias en Telecom-Personal, Nextel y Cablevisión-Fibertel. Inclusive en el caso de Telecom amenazaron en las últimas horas el freno de inversiones millonarias en infrastructura a partir del DNU.
Estos holdings, que facturan miles de millones y que recibieron enormes beneficios en materia de desregulación, se preparaban para aplicar un nuevo aumento de tarifas en medio de la crisis sanitaria y económica que atraviesa al país. Desde ese punto de vista, la medida oficial resulta correcta y debe ser apoyada.
Con una solicitada firmada por la totalidad de las “telcos”, las grandes corporaciones buscan un “nuevo Vicentin” y obligar al gobierno a dar marcha atrás con esta medida. Evidencian en forma cruda que hoy no existe forma de garantizar un derecho básico de la población sin colisionar con sus intereses. Cuentan a su vez con el respaldo de la coalición Juntos por el Cambio que les responde en forma obediente como demostraron con su negativa a tratar el DNU en el Congreso.
Es fundamental la unidad del campo popular en respaldo del decreto y contra la avanzada de las patronales, en un cuadro más general donde estas buscan imponer su agenda de tarifazos, devaluaciones y reformas antipopulares en las jubilaciones y las condiciones de trabajo.
Por supuesto, este choque no es un rayo en cielo sereno sino que ocurre luego de varias concesiones del oficialismo a estos sectores para buscar evitar una escalada y lograr un “pacto social”.
Sin embargo, la experiencia de Vicentin o del -no- tratamiento del impuesto a las grandes fortunas confirma que para defender estas medidas mínimas es necesario avanzar a fondo contra los intereses del establishment apostando al protagonismo popular. Las concesiones sólo ceban más a la derecha que cree haber ganado la calle incluso pero, por sobre todo, instalan su agenda.
Finalmente entendemos que, si las empresas no aceptan la regulación del estado, el gobierno debe proceder a su intervención y estatización para el desarrollo de un plan nacional al servicio de las mayorías.