Lo que el golpe dejó
Cuando el 10 de noviembre pasado se consumaba el golpe de estado en Bolivia con la renuncia a su cargo como presidente de Bolivia de Evo Morales se abría una nueva etapa política en el país y un punto de inflexión para la región.
El país hermano se encontraba después de 13 años de un gobierno que supo representar los intereses de la población mayoritariamente indígena, que logró reducir la pobreza extrema urbana del 24% al 14% y su equivalente rural del 63% al 43%, que construyó un Estado Plurinacional a partir de la reforma constitucional del 2009, frente a un feroz ataque de la derecha y el imperialismo lleno de revanchismo, racismo y clasismo contra los sectores populares.
Bolivia quedó atrapada a fines de 2019 en una situación de fuerte represión a los sectores populares y organizaciones que se movilizaban en rechazo al golpe de estado, que incluyó matanzas, desapariciones, persecuciones y una fuerte censura a la prensa. Incluso la OEA, organización cómplice en gestar el golpe de estado, se vio obligada a informar que a diciembre del año pasado se contabilizaron 35 muertos, 832 heridos, 106 detenciones y alrededor de 50 periodistas agredidos de 15 medios de comunicación. Considerando la brutalidad de las masacres de Sacaba y de Senkata, estos números son apenas “la punta del iceberg” de lo que verdaderamente toleran los sectores populares en el marco del golpe de estado.
Pese a esta situación la resistencia de pueblo boliviano ha sido heroica, sosteniendo la movilización popular durante meses pese a la terrible persecución que hace muy dificultosa la militancia política abierta. Las organizaciones sociales, indígenas, obreras, de derechos humanos han sido el sustento de un proceso que al día de hoy continúa abierto.
La situación en Bolivia vino a confirmar el cuadro de inestabilidad y de fuertes disputas y tensiones en América Latina entre proyectos abiertamente neoliberales e imperialistas, y una importante resistencia de las mayorías populares como también pudo verse en Chile, Ecuador, Haití y Colombia el año pasado, que buscan una canalización política. Pero también profundizó este escenario y marco nuevamente una alerta, siendo el gobierno de Evo Morales quien había logrado la mayor estabilidad económica en su país, con un crecimiento de 4,5% del PBI el último año, era inesperado un golpe de estado que se efectivizó con el apoyo de los militares y las fuerzas de seguridad bolivianas. Se puso de manifiesto hasta donde están dispuestas las clases dominantes y el imperialismo para enfrentar determinados procesos, y nuevamente que las experiencias de gobiernos radicales o populares, no deben perder nunca de vista la frontera que existe entre llegar al gobierno y efectivamente detentar el poder, y en ese sentido la centralidad de la construcción de poder popular.
Crisis sanitaria, crisis política
La pandemia mundial del COVID-19 repercute también en Bolivia, profundizando la crisis económica y política que arrastra el país desde el inicio del golpe de estado. Crisis económica porque el autoproclamado gobierno de Añez ha incrementado el déficit fiscal y prorrogado el pago de impuestos a empresarios mientras el desempleo va en aumento y cerca del 70% de la fuerza laboral boliviana trabaja de forma irregular y sufre graves problemas para recibir asistencia estatal. En este cuadro el gobierno anunció un préstamo de aproximadamente 327 millones de dólares por parte del FMI, lo que no implica más que la vuelta del organismo a marcar las directrices de la política económica de Bolivia.
Pero la crisis sanitaria ha develado la magnitud de la crisis política que vive Bolivia después del golpe de estado, que no ha logrado construir una “nueva legitimidad” del gobierno autoproclamado sino más bien todo lo contrario, ha profundizado inclusive las disputas entre los mismos sectores golpistas.
Recordemos que el 30 de abril, luego de que el Senado, con el impulso de la bancada del MAS, promulgara la convocatoria a elecciones en un plazo máximo de 90 días, siendo esto rechazado por el gobierno de Añez, se vivió una importante manifestación de descontento en distintos puntos del país, denominada el “petardazo”, en donde se encontraban el reclamo a elecciones libres pero también el rechazo al manejo antipopular de la pandemia.
Esto se da en un cuadro en donde el gobierno dictó para Bolivia una primera fase de cuarentena estricta, con fuerte militarización y persecución hasta el 10 de mayo, para luego pasar a fases más abiertas de “cuarentena dinámica” y “flexible”, pese a que los contagios aumentan exponencialmente y el sistema de salud se encuentra al límite. Al día de hoy con una población total de 11 millones de personas Bolivia cuenta con 32.125 infectados por coronavirus y 1071 muertes.
A su vez el gobierno se ve atrapado en diversos casos de corrupción y tráfico de influencias de los más diversos tipos, que desatan el rechazo popular pero también las internas entre los golpistas. Desde el caso del uso de un helicóptero para que pastores evangélicos realicen oraciones desde el “cielo” -lo que costó alrededor de 11.500 dólares al Estado- hasta el uso de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para traslado de amigos a cumpleaños familiares de la propia autoproclamada presidenta.
En este cuadro el punto nodal de la disputa política se da por la fecha de los próximos comicios. Añez hizo esperar la promulgación de las elecciones después de la convocatoria realizada por el Senado. Esto le valió duras críticas no solo de MAS, sino también del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa quien está a favor de una salida electoral a la crisis del país. Pero a su vez también recibió las críticas del fascista Camacho, quien exige la postergación indefinida de las elecciones. Además de estas críticas de diversos sectores golpistas al gobierno actual, se dio a conocer el alejamiento del asesor personal de Añez, Erick Foronda, ex jefe de prensa de la embajada norteamericana en Bolivia. Todos estos datos indican que 8 meses después del golpe de estado el frente que debería sostener al gobierno autoproclamado, se encuentra dividido, con fuertes disputas y sin una estrategia clara.
Finalmente, debido al creciente descontento popular y tras una conferencia de prensa de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Mineros (FSTMB) junto a otras organizaciones sociales, en donde se dio un ultimátum a Áñez para que promulgue la ley o debería enfrentar la movilización popular, el pasado 22 de junio se dictaminó la ley de las próximas elecciones en Bolivia para el 6 de septiembre de este año.
Los desafíos del movimiento popular ante las nuevas elecciones
Las elecciones fijadas para septiembre se encuentran atravesadas por múltiples interrogantes. En primer lugar en que clima y posibilidades democráticas reales podrán desarrollarse estos comisiones, con el golpismo aun en el gobierno. En este sentido es central que las organizaciones populares desplieguen toda su creatividad y capacidad para lograr las mayores garantías para desarrollar sus campañas políticas en este cuadro tan adverso. De conquistar este escenario, podría desarrollarse un amplio debate político en los sectores populares que implica balancear la experiencia de 13 años del MAS, y la construcción de un programa con las principales reivindicaciones populares que deben tomarse en el periodo siguiente.
Po otro lado, las encuestas arrojan hasta el momento que Luis Arce, el candidato del MAS mantiene el primer lugar de la intención de voto con un 33,3%, seguido por el ex presidente centrista Carlos Mesa, con el 18,3%, y Áñez, con el 16,9%. De darse esta situación ¿permitirá el gobierno golpista el triunfo de la fuerza que desplazó del gobierno o nos encontraremos ante un segundo golpe de estado? El fortalecimiento de las organizaciones populares en este cuadro se vuelve fundamental para demostrar que no hay margen para una intervención del golpismo y el imperialismo.
Como señalamos en otras oportunidades, en Bolivia se requiere un frente antifascista de todas las fuerzas que rechacen al golpismo para poder cambiar el actual escenario político y poder reagrupar diversas expresiones en un marco que sin dudas es defensivo. Un frente que además de articular una resistencia creciente en las calles, debe expresarse en las elecciones de septiembre. Y en este escenario, y pese a los limites, la dispersión y tensiones internas del MAS, que incluyeron a sectores del propio frente negociando con el golpismo, hoy la única alternativa para dar un vuelco en la situación y cerrar el capítulo abierto por el golpe de estado, es apoyar la candidatura de Luis Arce del MAS en las próximas elecciones.
Sin dudas el movimiento popular boliviano sacará conclusiones del periodo vivido, y sabrá señalar las limitaciones del pasado y fortalecer las organizaciones populares para ir a fondo con sus demandas y necesidades. De volver el MAS al gobierno, tendrá que demostrar que está dispuesto a radicalizar un proceso a favor de las mayorías populares. Y eso requiere sin lugar a dudas, profundizar en el protagonismo popular. Desplegaremos nuestra máxima solidaridad para que Bolivia, después del brutal golpe de estado, pueda abrir un nuevo rumbo en su historia.