El 16 de octubre pasado se presentó ante la legislatura provincial la “Segunda Iniciativa Popular” contra la megaminería, con 30 mil firmas que avalan el “No a la mina”. Como contracara, también el lobby minero acelerará los tiempos. Las últimas semanas encontraron al gobernador Mariano Arcioni, junto al secretario nacional de minería Alberto Hensel e intendentes de la provincia patagónica con un proyecto de zonificación para el desarrollo de emprendimientos megamineros en la meseta central. La respuesta en las calles no se hizo esperar y todo indica que seguirá creciendo.
Desde comienzos de año y aún en pandemia, se puso en marcha la segunda iniciativa popular (IP) contra la megaminería en Chubut ¿qué es la iniciativa popular? ¿por qué esta es la segunda? La IP es un proyecto de ley redactado por las asambleas y foros ambientales de Chubut que conforman la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut). Lo que busca es ampliar las protecciones de la ley XVII-Nº 68, ex ley 5001 y prohibir, en todas sus etapas, la megaminería, que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa. La constitución provincial habilita esta posibilidad diciendo que, si se reúne un aval del 3% de firmas del padrón electoral de Chubut en un proyecto de ley, este debe ser tratado sí o sí. Una vez que es presentado, les legisladores tienen un plazo de 6 meses. En esta oportunidad, la presentación conto con el aval de más de 30 mil firmas, multiplicando casi 3 veces las juntadas en la primera ¿Qué pasó con la primera IP? Al momento de tratarse el proyecto, en noviembre de 2014, los legisladores provinciales en una alianza inescrupulosa con el lobby minero modificaron el proyecto radicalmente al punto de hacerlo un proyecto pro-minero. El escándalo fue tal que el gobierno de Das Neves tuvo que dar marcha atrás con esos planes.
Ahora bien, Mariano Arcioni, uno de los gobernadores con menor legitimidad en todo el país, ha vuelto a la carga en las últimas semanas con el plan de zonificación para la explotación minera en la meseta central de la provincia. Esto no es algo nuevo. En diciembre del año pasado, al mismo tiempo que se daba la histórica movilización que frenó la derogación de la ley 7722 en Mendoza, tenía lugar una importante movilización a Rawson que frenó el desarrollo del llamado “Proyecto Navidad” en el centro territorial de la provincia. Es sobre esa zona que Arcioni intenta volver a la carga con el aval de las autoridades nacionales deseosos de “inversiones” sin importar su costo. También en este caso las contradicciones en las que navega el gobierno de AF se hacen presentes. Mientras se impulsan leyes ambientales progresivas, como la Ley del Fuego, se avanza por debajo con políticas regionales que si se concretan tendrán una repercusión irremediable en los entornos provinciales.
El Agua vale más que el oro
La ofensiva lobbysta encuentra en los medios de comunicación locales uno de los principales aliados. Pese a que las últimas dos semanas pusieron a miles personas en las calles de todos los puntos de la provincia repudiando a la política minera de Arcioni, poco de esto se ha reflejado en las páginas de los diarios de mayor llegada. Sí, en cambio, se han encargado de difundir las posiciones de diversos académicos pro-mineros que relativizan los efectos ambientales de los proyectos en danza. El eje de sus argumentos se basa en que los efectos sobre la utilización del agua serían tenues respecto a lo que se viene sosteniendo desde el movimiento ambientalista, dado que, sólo se afectaría la cuenca de Sacanana (una de las cuencas centrales, junto con la del río Chubut). Ahora bien, a estos “académicos-empresarios” parece que se los olvidó un dato: esa cuenca podría abastecer de agua a 300 mil habitantes durante 100 años, tal como señaló el geógrafo de la Universidad Nacional San Juan Bosco, Cristián Hermosilla. El mismo académico estimó también que las mineras podrían disponer de hasta un 75 % de la cuenca del río Chubut afectando así al conjunto de la provincia.
No es No
La consigna “No es No” es otra de las consignas posibles de ser leídas en las pancartas de las movilizaciones que vienen atravesando la provincia. Esta afirmación formulada negativamente es un mensaje simple y concreto a Arcioni y toda la casta política de la provincia. El proceso de organización y movilización que conllevó la IP pone sobre la mesa un aspecto nodal: quién y cómo se toman las decisiones en la provincia.
Este aspecto toma aún mayor relieve en Chubut donde desde hace más de un año estatales y docentes vienen protagonizando una lucha sin dar el brazo a torcer contra el ajuste del gobierno provincial quién continúa adeudándoles el aguinaldo y dos meses de sueldo. Ante autoridades que parecen no escuchar los reclamos de su población, la IP aparece como una herramienta que aún dentro de lo marcos institucionales, permite amplificar un reclamo desde abajo.
Esa potencia no está pasando desapercibida para el gobierno. Muestra de ello fue la campaña de difamación sobre supuestos “ecoterroristas” desestabilizadores encabezada por el Ministro de Seguridad, Federico Massoni, quién en persona asistió a los allanamientos y detenciones realizadas en Rawson contra militantes ambientalistas. En este contexto, Massoni también amplió las facultades de las fuerzas de seguridad para el uso de armas de fuego en una versión provincial de “la doctrina Chocobar” dictada por Patricia Bullrich durante el gobierno de Cambiemos.
Un movimiento histórico frente a una nueva cruzadas
El movimiento ambientalista en Chubut viene de larga data. El “No a la Mina” de Esquel en 2003 mediante un plebiscito es un hito que ya tenía sus antecedentes en luchas contra basurales nucleares (como el de Gastre) y represas de alto impacto ambiental en los 90. Desde entonces, el movimiento ambientalista se ha ampliado, diversificado y también logrado construir articulaciones. En este caso, esa experiencia se conjuga con una provincia en una verdadera crisis, con un amplio descontento popular y un gobierno que muestra abiertamente un programa de ajuste, represión y saqueo. En una provincia que viene desde hace por lo menos 5 años en un estado de permanente movilización, las últimas semanas parecen marcar un nuevo momento de alza. Las marchas de antorchas en las principales ciudades tuvieron un carácter masivo que empujó a que se repliquen nuevas acciones . Hoy habrá una réplica de estas acciones pero de manera simultánea en una docena de puntos de la provincia. Por su parte el martes 24 y el miércoles 25 la CTA autónoma llama a un paro provincial de carácter ambiental. También el día martes, tendrá lugar en CABA una movilización a la casa de la provincia.
Es necesario el más amplio apoyo y la visibilización en otros puntos del país para amplificar la llegada de la lucha que están dando las y los chubutenses, más aún frente a la invisibilización total de los grandes medios.
¡El pueblo de Chubut ya decidió: No a la megaminería!