En su última reunión el Consejo Federal de Educación resolvió de manera unánime establecer un paulatino regreso de clases presenciales en todo el país dependiendo de los indicadores epidemiológicos. Con un rechazo que se expresa de forma contundente entre les docentes y estudiantes, las organizaciones populares tenemos el desafío de intervenir y luchar por todos los derechos en defensa de la educación pública.

En una situación sanitaria que aún no da tregua ni descanso, con una leve baja en los casos diarios en zonas del AMBA y CABA, pero con una verdadera situación explosiva en muchísimas provincias de nuestro país y con una crisis social y económica que sigue golpeando el bolsillo de grandes sectores de la población, fue anunciado el paulatino regreso de las clases presenciales que adquirirá modalidades diversas dependiendo los protocolos presentados. En todos los casos se buscará, en primera instancia, retomar el contacto con la población de los años finales de la secundaria que haya tenido nula o mínima continuidad pedagógica. Del mismo modo, se piensa luego avanzar con el 6to grado de primaria. Los “más optimistas” ven la posibilidad de que incluso antes de fin de año el conjunto de estos cursos pueda regresar a la presencialidad.

No es menor destacar que esta medida se toma luego de que el debate se haya instalado en la opinión pública a partir de la insistencia desde hace al menos dos meses por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre idas y vueltas, de protocolos no aprobados, interpretaciones distintas de lo resuelto y sobre todo un masivo rechazo por parte de les docentes, la orientación “empujada” desde el gobierno de Larreta parece haberse impuesto. Este no es un dato menor en el escenario político general si se toma en cuenta, como venimos destacando en nuestros posicionamientos, el desgaste del gobierno nacional en estos últimos meses producto en buena parte de la iniciativa de la derecha. Paradójicamente, el gobierno que más ha ajustado en educación en la última década (el de CABA con Macri y Larreta a la cabeza), con escuelas en condiciones edilicias deplorables, recorte de vacantes, transferencia de recursos de la educación pública a la privada y reformas curriculares que flexibilizan tanto el trabajo como el proceso de aprendizaje puede quedar a los ojos de grandes sectores de la población como el paladín de la defensa de la educación.

Un año de educación sostenida por familias, docentes y estudiantes

A esta altura no es novedad que la pandemia evidenció las condiciones de creciente desigualdad en nuestra sociedad. El acceso a la educación no es la excepción. La “brecha digital” en este caso aparece como reemplazo coyuntural de variables que de manera constante interrumpen las posibilidades de continuidad escolar de miles de pibxs en nuestro país. La ausencia de políticas que garanticen condiciones de acceso y permanencia reales como boletos educativos, viandas nutritivas, acceso a materiales de estudio, explican que por ejemplo 6 de cada 10 estudiantes de secundaria lleguen a completarla. Los 4 años de gobierno de Macri representaron una caída sostenida del porcentaje destinado a Educación en el presupuesto nacional y agudizaron la provincialización de los presupuestos y las políticas educativas.

Con escasas respuestas de urgencia que atendieran esta situación por parte de la gestión de Trotta, quizás de las más deficientes en el gabinete actual, el sostenimiento de la escolaridad fue sólo posible gracias al compromiso del conjunto de la comunidad educativa. Desde las familias que hicieron grandes esfuerzos para garantizar de su bolsillo la conectividad y los estudiantes que debieron reacomodar sus dinámicas de estudio en los mejores casos. Los docentes no quedan exentos de esta situación donde solo 2 de cada 5 docentes cuentan con una computadora de uso exclusivo para trabajar en el hogar, la sobrecarga laboral aún más en el 78% de las trabajadoras mujeres y sin una recomposición salarial. En algunos casos, como en la provincia de Chubut el gobierno adeuda 3 meses de salarios y medio aguinaldo de los docentes.

El conjunto de estos actores, sin embargo, ha sido exceptuado de cualquier tipo de consulta para la elaboración de protocolos, para la construcción de diagnósticos respecto a la situación educativa y menos aún, respecto a la vuelta a la presencialidad que en cuestión de semanas pasó de ser una medida inviable a una política de carácter nacional.

CABA y Provincia de Buenos Aires

De lo trascendido hasta el momento CABA, Buenos Aires y Santa Fe serían los distritos donde hay protocolos más avanzados para el regreso en lo inmediato a algún tipo de presencialidad. En la última de ellas, donde los contagios por ejemplo en Rosario se encuentran en pleno pico, se evalúa volver en las áreas rurales.

Respecto a CABA el regreso sería mediante la modalidad que adoptó el eufemismo de “burbuja”. La misma implicaría el funcionamiento en espacios abiertos dentro de las instituciones con grupos de hasta 10 estudiantes de manera rotativa y con un encuentro semanal. Si bien se fue afinando no dista mucho de lo que la ministra Acuña venía adelantando con un amplio rechazo de la comunidad educativa, sobre todo del sector docente que se ha evidenciado en multitudinarias asambleas, pronunciamientos de escuelas, distritos, cartas de supervisores y directivos y el repudio de los principales sindicatos. Del mismo modo se han pronunciado los estudiantes, mediante la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) denunciando que se toman decisiones sobre elles sin convocarles ni tomar a sus organizaciones gremiales como interlocutores válidos para buscar salidas a situaciones inéditas.  Esta propuesta no hace más que exponer a la vista los problemas estructurales: en todas las asambleas distritales sale la misma preocupación, ¿acaso Acuña no sabe cómo son las condiciones edilicias de nuestras escuelas? E inmediatamente ¿por qué deberíamos creer que nos van a otorgar los materiales de seguridad e higiene necesarios si no lo vienen haciendo en todo el ASPO? ¿qué condiciones tienen para entregárselos a les docentes cuando es de público conocimiento la faltante de EPP (equipos de protección personal) en hospitales y centros de salud?

Cómo si fuera poco, en las últimas horas Acuña anunció el funcionamiento de una escuela de verano durante enero para la recuperación de contenidos. Parece que la ministra no registra que les docentes vienen trabajando desde marzo en sostener de las maneras más impensadas la continuidad pedagógica de les estudiantes.

Por parte de la Provincia de Buenos Aires el planteo no es menos irrisorio. El programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación (ATR) que en un principio se planteaba como una suerte de “tutor a delivery”, empleará a estudiantes de terciarios de los últimos años en condiciones precarias, pero finalmente no de modo domiciliario sino en los establecimientos. En este caso, la provincia, plantea a la presencialidad de grupos específicos que no hayan tenido conectividad incluso por fuera de los años de finalización de ciclo, con precarización de jóvenes profesionales y sin tener todas las medidas sanitarias necesarias. 

El ninguneo hacia la comunidad educativa fue tan grande que inclusive CTERA debió salir a solicitar instancias de diálogo con los funcionarios. En el caso de CABA tanto UTE como Ademys rechazaron la vuelta a clases pero al menos en el caso del sindicato mayoritario no se han impulsado medidas tendientes a organizar a la docencia para enfrentar al gobierno de Larreta.

Una salida con protagonismo de la comunidad educativa

En esta situación se pone en juego garantizar el derecho al acceso a la educación de aquellxs estudiantes que se encuentran en situaciones de suma vulnerabilidad y atender a las condiciones sanitarias necesarias para docentes y estudiantes que al día de hoy los distintos gobiernos no pueden dar garantías. Desde ya que buscar soluciones aceleradas, intentando en pocas semanas salvar la deficiencia de meses, nunca puede ser una salida lógica.

En este sentido, la comunidad educativa tenemos que ser protagonistas en la toma de decisiones que afectan nuestros derechos. Es necesaria la participación de docentes y estudiantes en medidas para garantizar efectivamente el acceso a la educación pública y las condiciones de vuelta a la presencialidad en la construcción de protocolos claros y supervisión de las garantías necesarias.

En este contexto, si bien la preocupación mayor se encuentra en aquellos estudiantes que tienen un nulo vínculo con las instituciones educativas, la desigualdad de la calidad educativa entre instituciones públicas y privadas se agranda devaluando cada vez más la educación pública. En AMBA mientras que en las escuelas privadas el 87% de les estudiantes accede a las clases y a las tareas vía internet (campus virtual/videollamada), en la escuela pública el 59% lo hacen principalmente vía WhatsApp (y con una periodicidad semanal en los mejores casos). Nos encontramos en una situación muy compleja de la educación pública que ya venía de duros golpes durante el gobierno de Cambiemos. Es por eso que es imprescindible la claridad en los datos que se trabajan – al día de hoy no hay información certera sobre la cantidad de chicxs afectadxs y condiciones reales de acceso a la educación- y respuestas integrales por parte del gobierno que atienda la totalidad de las situaciones. Un aspecto sigue siendo la falta de acceso a la conectividad en la que se encuentran miles de familias en AMBA y a las cuales el gobierno debe asistir y garantizar sus derechos. 

Nos tenemos que encontrar en nuestros sindicatos, centros de estudiantes y espacios de articulación institucional discutiendo las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación y los derechos laborales en esta situación excepcional, las condiciones y protocolos necesarios para la vuelta a las clases presenciales e ir preparando la agenda educativa post pandemia. Somos los actores de la comunidad educativa quienes debemos ser responsables de establecer los criterios sanitarios para la vuelta a clase, los protocolos y modalidades específicas necesarias, las condiciones imprescindibles, edilicias y de entrega de EPP para les docentes y estudiantes, entre otras cosas. La vuelta a la presencialidad debe estar atada a cumplir con estos criterios elaborados colectivamente y no a las presiones mediáticas. En todas las situaciones es fundamental centrar la discusión en la necesidad del aumento del presupuesto educativo público que viene tan vapuleado del gobierno de Cambiemos. Esto tiene que venir de la mano del apoyo al impuesto a las grandes fortunas y la quita de subsidios a la educación privada y católica.

Sabemos que somos nosotres, les trabajadores, estudiantes y familias quienes hacemos de la educación pública un pilar fundamental en nuestro país. Es por eso que la mejor manera de darle fuerza a nuestro justo reclamo es a través de los espacios de organización por abajo y seguir construyendo de forma conjunta la defensa incansable de la educación pública.

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