La comarca andina ardió. Los incendios forestales que atraviesan las provincias de Chubut y Río Negro vuelven a poner en el centro el debate sobre la necesidad de una política ambiental seria que no sea meramente discursiva.

En la apertura de sesiones ordinarias del congreso Alberto Fernández, defendió el acuerdo de París, la erradicación de basurales a cielo abierto, la conservación de bosques nativos y la creación de 6 nuevos parques nacionales.

Mientras tanto, el fuego devora más de 2000 hectáreas y consigo se ha llevado más de 200 viviendas. Con las lluvias, y con más fuerza y solidaridad de la población que con recursos del Estado, la situación fue controlada.

A esta altura es evidente que por el comienzo simultáneo de los focos de incendio se trata de un accionar intencional, deliberado. No es la primera vez que sucede, un mes atrás El Bolsón ya había sufrido los efectos del fuego, y no podemos olvidar los incendios que tuvieron epicentro en Córdoba durante Julio de 2020 que arrasó con 90000 hectáreas de bosques y miles de especies de animales autóctonos. El negocio inmobiliario, especuladores del agronegocio y el lobby minero son responsables de esta catástrofe.

“El 4 de marzo la movilización popular impidió la sesión que buscaba habilitar la megaminería en Chubut, el 9 la comarca Patagónica ya estaba llamas” dice el testimonio de una mujer , vecina de la comarca andina, en redes sociales. Es necesario profundizar sobre el accionar extractivista que avanza sobre la región Patagónica poniendo en riesgo la naturaleza y la salud de nuestra población. El modelo de desarrollo que se plantea en nuestro país constituye a los bosques nativos a la Patagonia en particular en una zona de sacrifico, donde la flora, la fauna y las personas que habitan las regiones cercanas a los proyectos de explotación sobran.

Repasemos:

Vaca Muerta sigue siendo la bandera de divisas del gobierno nacional que aún no da resultados en ese sentido. Incluso, en 2019 la provincia de Neuquén vivió escapes de Gas e incendios alrededor del proyecto de extracción hidrocarburífera. La explotación que se está desarrollando se alimenta de agua de lagos cercanos como Mari Menuco y Los Barreales, de donde se obtiene agua para las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario. Además, mediante la práctica de la fractura hidráulica (Fracking), pone en riesgo las napas subterráneas. La pregunta es: ¿ por qué permitimos que se desarrollen en nuestro país explotaciones contaminantes que están prohibidas en los países centrales?

En Chubut, gobernada por Arcioni, la legislatura provincial consiguió dictamen para sesionar el 4 de Marzo luego de que el lobby minero ajustó números para la ocasión. Aumentaron los bonos de compensación minera, los porcentajes de distribución de las regalías, acordaron destinar fondos para municipios que apoyen el proyecto y además crear un “fondo de reserva para el pago de la deuda provincial”. Aún así, el país les dijo que no.

En Santa Cruz, la provincia de Alicia Kirchner, la Ley 3692, aprobada en Octubre del 2020, plantea la prohibición por doce meses (prorrogable por 12 meses) la ejecución de cualquier proyecto administrativo que genere nuevas áreas naturales. Se trata de una provincia que es la principal exportadora de oro y plata del país y que según el INTA tienen el 77% de suelo en proceso de desertificación.

Detrás de esta medida se encuentra el Consejo Agrario Provincial y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) que ya ha impedido la ampliación del Parque Nacional Patagonia en la provincia. Si bien se han desarrollado movilizaciones en la provincia, este caso no ha tenido relevancia nacional, lo que garantiza la impunidad.

En Rio Negro, gobernada por Arabela Carrerras, la minera canadiense Blue Sky – que tienen otros 3 proyectos en Chubut- desarrolla el Proyecto Amarillo Grande de explotación de Uranífera en una Región de dimensiones inéditas en nuestro país entre Villa Regina y Valcheta. El riesgo es la contaminación con radiación de las napas de agua que conectan con el Río Negro, además de la tierra y el aire. Desde Asambleas de Curru Leufu que nuclea a diversas organizaciones, convocan a firmar la Iniciativa popular por una ley prohibición de la minería metalífera contaminante en Río Negro.

La movilización del pueblo rionegrino ya frenó la instalación de una planta nuclear de capitales chinos en las cercanías del río en el 2018.

No hay licencia social para la explotación minera. Es lo que dice el pueblo movilizado a un gobierno que debe dejar de dar discursos sobre el respeto al medio ambiente para tomar medidas concretas que frenen la desertificación, los incendios forestales, la intoxicación del agua del aire y nuestros alimentos.

Es necesario que se haga cumplir la ley de fuegos, de bosques nativos e implementar regulaciones que permitan cuidar las reservas de agua dulce de nuestro país atendiendo a las necesidades populares.

Es necesario consolidar la organización desde abajo para frenar el desastre ambiental que promueven los grandes capitales con complicidad de funcionarios. Si quienes tienen poder avanzan en destruir el planeta es tarea nuestra detenerlos.

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