Nuestro país atraviesa momentos criticos a 100 días del comienzo de la cuarentena. Al crecimiento en la propagación de contagios, tras la presión de las empresas para flexibilizar la actividad económica, se suma la profundización de la crisis social con aumento del desempleo que supera los dos digitos y un crecimiento de la pobreza en las barriadas populares.
El gobierno, en el marco de una política sanitaria correcta que evitó un escenario como en Brasil o EEUU, lanzó una batería de iniciativas para mitigar el impacto de la crisis pero estas han sido insuficientes, en muchos casos tardías o incumplidas. A eso se suman incluso señales negativas como el desdoblamiento del pago de aguinaldos a estatales o el recorte en un 50% de les beneficiaries del IFE.
En ese cuadro, la pulseada abierta en torno a la intervención y expropiación de Vicentin, una de las principales agroexportadoras que ejecutó una estafa contra el estado, ha reavivado el cuadro de polarización al tiempo que ha colocado a la derecha sojera a la ofensiva contra el gobierno. Buscan recuperar su iniciativa política para imponer su agenda contra el pueblo. De ese modo, la disputa condensa una pelea más profunda respecto de quien debe pagar los costos de la crisis.
Las vacilaciones y retrocesos frente a las presiones de las patronales y las empresas, lejos de apaciguar y contener la crisis para alcanzar una salida consensuada socialmente, allanan el terreno para su fortalecimiento y avance. Es la hora de dar paso y protagonismo más que nunca a la intervención de las organizaciones populares para imponer un programa y una perspectiva a favor de las grandes mayorías.
Esa es la tarea del momento.