El 20 de marzo, el gobierno nacional, acompañado por los provinciales y el de la Ciudad, decidió decretar el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), una medida correcta desde el punto de vista sanitario para contener la previsible difusión del Covid-19, pero que sólo tendría sus mejores resultados si, al mismo tiempo, se garantizaban las condiciones materiales para que pudiera ser cumplida por toda la población. Era evidente que, para quienes subsisten con tareas precarizadas, no iba a ser posible cumplir la consigna del “Quedate en casa”, al costo de su subsistencia y la de su familia. A la vez, era obvio que, en las villas y barrios populares, la falta de servicios públicos básicos, como el agua corriente y la asistencia médica, así como el hacinamiento en las viviendas, era una bomba de tiempo. Del mismo modo debían contemplarse las situaciones de colectivos particularmente vulnerables, como las personas privadas de su libertad, las mujeres en situación de violencia machista, el colectivo LGTTBIQ+ -especialmente el colectivo trans y travesti- y los pueblos originarios. Una situación de excepción como la que padecemos tras el dictado del DNU 297 sistemáticamente exacerba lo ya existente. Por eso los sectores más vulnerados por la represión estatal son los mismos que la sufren cotidianamente.
Las pocas medidas tomadas en ese sentido resultaron deficitarias e incompletas, como la IFE o la suspensión de cortes de servicios públicos, y el resto directamente no se atendió, a pesar de desesperados reclamos. El DNU 297/2020, y sus posteriores actualizaciones, delegaron en el aparato represivo estatal la implementación del ASPO, en lugar de disponer la prioridad absoluta de la respuesta asistencial y sanitaria que permitiera su cumplimiento.
Si los gobiernos nacional, provinciales o de la Ciudad hubieran dado respuesta a los reclamos y protestas por respuestas urgentes en las cárceles, las villas, lxs desocupadxs y precarizadxs y el resto de los colectivos más expuestos, se hubieran evitado los brotes, que una vez producidos fueron respondidos con más intervención de las fuerzas de seguridad y represión, con el saldo de detenciones arbitrarias, imposición de tormentos y muerte.
Es particularmente evidente lo sucedido con la situación en las cárceles. El reclamo de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas para la población carcelaria en riesgo, fue contestada con una feroz campaña, basada en mentiras, de los sectores más reaccionarios, que bloquearon esas medidas -excepto para represores, genocidas y otros “presos VIP”, que gozan de privilegios sin ninguno de esos riesgos y sin embargo fueron los únicos beneficiados. Por semanas nos sometieron al bombardeo de noticias bajo el falso titular de la “masiva liberación de peligrosos delincuentes”, que nunca existió. Más del 80% de los trámites iniciados por defensas oficiales o particulares para descomprimir la superpoblación carcelaria fueron rechazados, al tiempo que la feria judicial extraordinaria paralizaba el tratamiento de los expedientes en los juzgados de ejecución de quienes ya estaban en condiciones de ser liberadxs, lo que se tradujo, según datos informados por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en una cantidad de solturas muy menor a la del mismo lapso en años anteriores por cumplimiento de la pena. No hubo penal en el país -federal o provincial- que no registrara hechos represivos, incluso con el resultado de muertes violentas, como en Coronda y Las Flores, con cinco muertos en las protestas, o José Candia y Federico Rey, fusilados con balas de plomo en las cárceles de Corrientes y Varela.
Las fuerzas de seguridad a las que se encomendó la función de garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento son las mismas que continuaron reprimiendo desde el comienzo de la democracia y que, en los últimos cuatro años, bajo la gestión macrista, llegaron al record de asesinar una persona cada 19 horas por el gatillo fácil o en lugares de detención. Son las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías, que reprimen a lxs trabajadorxs que se organizan para defender sus derechos y que desaparecieron a Luciano Arruga, Santiago Maldonado y ahora a Luis Espinoza, entre otros casi 200 desaparecidxs en democracia.
En los primeros 100 días de cuarentena, han arreciado las denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios. En la casi totalidad de los casos, la impunidad es absoluta. Apenas si en unos pocos casos, como la desaparición forzada y muerte de Luis Espinoza en Tucumán, el fusilamiento por gatillo fácil de Alan Maidana en Berazategui o el de Fernando Scalzo en el Bajo Flores, hay algún uniformado preso.
El incremento exponencial de detenciones arbitrarias, que se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías, se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales. Entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, CORREPI pudo registrar 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles, siempre destacando que no son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta el momento se pudieron confirmar.
El gatillo fácil no disminuyó significativamente, a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública, lo que implica menos disponibilidad de “blancos móviles” para las balas oficiales. Algunos casos tuvieron variada repercusión, como los fusilamientos de Nahuel Gómez en Temperley el 28 de marzo; Gastón Mirabal en Córdoba el 3 de junio; Rubén Sarso en CABA el 27 de abril; Alan Maidana en Berazategui el 24 de mayo; Lucas Barrios en la Isla Maciel el 30 de mayo; Augusto Itaurralde el 14 de junio en Plátanos y su amigo Diego Arzamendia apenas 48 horas después en Berazategui, o el más reciente de Facundo Escalso en el Bajo Flores, CABA, pero la mayoría apenas si trascendieron el remanido titular de “Motochorro abatido” o similar, aunque haya cuatro balazos por la espalda y las únicas vainas sean de la reglamentaria del oficial. Aun con las dificultades apuntadas, son una veintena los asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad en las calles verificados desde el 20 de marzo, como Walter Ceferino Nadal, de nuevo en Tucumán, muerto por asfixia mientras los policías lo retenían contra el asfalto. En esta última semana, se produjeron los asesinatos de Fernando Matías Leguizamón en Quilmes y de Maximiliano Alejandro Muñoz, en Merlo.
Han trascendido situaciones especialmente graves en algunas provincias, como en Salta, provincia en la que el gobernador, por decreto, derogó la constitución nacional, la provincial y los códigos penal y procesal penal, y puso en manos de la policía la instrucción, juzgamiento, condena y ejecución de pena de las personas acusadas por violar el ASPO, al estilo de los viejos edictos policiales de CABA, o San Juan, donde también por decreto se dispuso aplicar el infame procedimiento de flagrancia, sin posibilidad de defensa material y juzgamiento exprés, con la imposición además de “juicios abreviados” coercitivos, con lo que se acercan al millar las condenas ya dictadas.
Por eso, insistimos en que no cuestionamos la cuarentena o aislamiento, útil desde el punto de vista sanitario, como lo recomiendan los profesionales de la salud, sino en que repudiamos que, en lugar de acompañarlas con las medidas de protección correspondientes, la respuesta sea la presencia policial.
Por eso es necesario, ante la situación represiva que se vive en un contexto por de más desfavorable para los sectores más vulnerados, retomar el reclamo por el cumplimiento de la agenda antirrepresiva urgente que venimos instando desde fines de 2019, incorporando también recientes decisiones, como el reclamo por la derogación de la resolución 144 de MS, que establece el protocolo para que las FFSS nos espíen con el ciberpatrullaje en redes. Siguen teniendo plena vigencia el reclamo por la eliminación del sistema de detenciones arbitrarias, ordenado por la Corte IDH al estado argentino el 18 de septiembre de 2003 en la sentencia por el caso Bulacio; la derogación de la normativa represiva tanto en el ámbito penal como procesal introducida en los últimos años; la derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento); la anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes; la revisión de la estructura y protocolos de actuación de las fuerzas, como los que imponen una lógica bélica ante movilizaciones y manifestaciones; los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad; la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
Ante la extensión del ASPO en el AMBA, con la sistemática insuficiencia o inexistencia de medidas que permitan a las mayorías populares atravesar indemnes la excepcional situación, estamos ante un nuevo y previsible incremento de esta administración de la represión, que costará más libertades y más vidas.
Por eso, reiteramos que es tan necesario defendernos del virus, como de la represión, y ponemos toda nuestra expectativa en la lucha popular organizada.