“Eso que está pasando, nos está pasando”
Por Ismael Jalil
En medio de la indignación mundial por el asesinato de George Floyd en manos del estado norteamericano, más allá de los contextos, en Argentina, la policía chaqueña ha “sumado” su aporte con su sello nada diferencial, revelando que el ADN represivo excede cuestiones raciales, no distingue uniformes y traspasa sin ningún problema las aduanas y fronteras.
Son elocuentes las imágenes que han circulado dando cuenta que en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana del Gran Resistencia, efectivos de la Comisaría 3° ingresaron ilegalmente a la casa de una familia a punta de armas largas, a los tiros, rompiendo todo lo que encontraron a su paso y lastimando a cada ser humano que se cruzaba en su camino. Así, detuvieron a cinco vecinos. Los trasladaron a la comisaría en donde continuaron las agresiones incluyendo abusos sexuales, según denunciaron dos de las mujeres privadas ilegalmente de su libertad.
Sin embargo, la rápida reacción de los organismos oficiales de DDHH no diluyen, no atenúan ni modifican la esencia del gravísimo suceso. Por contraposición a la atrofia del estado social, un estado policial y punitivo alimentado desde siempre con estas prácticas, ha llegado a la hipertrofia. En el estado policial y punitivo, el saldo que se pretende negativo de “la guerra” contra los pobres, asume las formas de “daños colaterales”.
Es el modelo policial instalado a nivel mundial en el que la superposición de entramados y prácticas legales e ilegales impide quedarse afuera. Es el circuito policial destinado a reducir al enemigo, esa lógica del poder en la que principalmente los pobres, ocupados y desocupados, migrantes, negros, originarios, disidentes, son la máxima amenaza a la tasa de ganancia que lo determina.
Al fin y al cabo, tanto tiempo imitando la política de limpieza urbana, tolerancia cero, Taser y otras sofisticaciones y variables represivas que bajan desde el norte, no podían sino constituir un espejo aquí en el sur.
Un balazo perforando una espalda en las calles de tierra de Fiorito o del Gran Resistencia o la rodilla de Derek Chauvin apretando un cuello en las calles de Minnesota, son modos de jerarquizar el castigo que encubre una pena de muerte no escrita. ¿Qué es la ley para la policía sino un simple conjunto de formalidades que pueden obviarse?
Más allá de la responsabilidad individual de los efectivos que ultrajaron a los vecinos chaqueños, ninguna duda cabe sobre la responsabilidad política que va desde el presidente Fernández al gobernador Capitanich. Ya lo vivimos hace unos días en Tucumán. Pese a la retórica inadmisible del gobernador Manzur, el homicidio del peón rural Espinoza y este avasallamiento ultrajante sobre vecinos Qom del Chaco son crímenes de estado. En la función pública no tienen beneficio de inventario: si elogian a la fuerza y hasta la premian con asignaciones especiales, deberán hacerse cargo de estas prácticas sistémicas.
Son los costos de mantener plenamente vigente el pacto delegativo entre el modelo social que se aplica y el modelo policial que lo custodia.