El impacto mundial que tendrá la crisis desatada por la pandemia del Covid-19, que echa fuego a una economía internacional que de por sí ya daba grandes síntomas de enfermedad, profundizará a niveles inciertos la recesión con decenas de millones de despidos y con una nueva ola de quiebras que se intentará descargar sobre las mayorías populares. En China el retraimiento de la actividad representa los índices más bajos de las últimas décadas, mientras que Alemania, Italia y EEUU deben inyectar fondos billonarios para evitar un descalabro.

La mayoría de los gobiernos imperialistas intervienen nuevamente para salvar a este sistema con bajas en las tasas de intereses y la recompra de deuda, e incluso asumiendo el pago de salarios para que no se afecte la tasa de ganancia, pero sí algo vino a dejar claro este salto en la crisis es la profunda destrucción operada por la ofensiva neoliberal sobre el sistema de salud y las condiciones de vida, un sistema que ha demostrado su prioridad en las ganancias por sobre la vida humana y que nos expone en forma reiterada a crisis cada vez más gravosas.

En un contexto de recesión recargada, el FMI y el Banco Mundial han solicitado al G20 que respalde la suspensión del pago de la deuda externa en 86 de los países más pobres del globo. La directora del Fondo también ha pedido a los fondos internacionales que son tenedores de la deuda argentina que acepten una quita entre 55 y 85 mil millones de dólares, en linea con el reclamo del gobierno nacional. Reconocen de modo implícito que el endeudamiento externo ha sido un recurso crónico de subordinación y sometimiento de las naciones, y advierte al mismo tiempo que en esta coyuntura es inviable plantear su pago sin desatar grandes reacciones populares como empezó a ocurrir a fines del año pasado.

Cuarentena criolla

El gobierno de Alberto Fernández tomó anticipadamente la iniciativa política frente a la propagación del Covid-19 al dictar la cuarentena obligatoria, en un país con un sistema de salu d vaciado y colapsado que no podría hacer frente al pico de la pandemia sin grandes consecuencias fatales, y pudo unificar detrás de sí a la gran mayoría del arco político junto con un amplio respaldo popular. El aislamiento preventivo, como revela la experiencia internacional, ha chocado con los intereses de la mayoría del arco patronal que se opuso a frenar la producción por la propagación del coronavirus, lo que ha producido un nuevo frente conflicto, en este caso imprevisto con anterioridad, entre el gobierno y las patronales.

La cuarentena y la crisis sanitaria expuesta frente a la propagación del Covid-19 impactan de lleno en la delicada situación económica, con un 40% de la población que trabaja en forma no registrada o precarizada y con miles en situación de calle o en condiciones de hacinamiento. El despliegue de las fuerzas represivas para el cumplimiento de la cuarentena, reforzando la militarización que existe cotidianamente en las barriadas, no han resuelto naturalmente la destrucción estructural operada por décadas de neoliberalismo y, especialmente, en los últimos cuatro años del macrismo.

El presidente anunció una batería de medidas para paliar el impacto recesivo y sus consecuencias sobre los sectores más postergados, con sumas fijas de 5 mil pesos para jubiladxs y pensionadxs, un Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos para trabajadorxs informales, monotributistas A y B y beneficarixs de AUH. También se dictó el congelamiento de precios, de alquileres y de créditos hipotecarios, se suspendieron los desalojos y los cortes de servicios y se tomaron medidas de centralización de recursos sanitarios, además de una inyección extraordinaria al presupuesto en salud y un bono extraordinario a sus trabajadorxs. Finalmente, tras el reclamo de distintos sectores y frente a una ofensiva de las empresas, se dictó la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días. En términos globales es un monto que representa el equivalente al 2% del PBI y que el gobierno estaría contemplando en duplicar en los próximos meses, lo cual quiebra cualquier aspiraciones de superávit fiscal al menos este año. También se ampliaron los mecanismos de atención para casos de violencia machista durante la cuarentena.

Sin duda son medidas en un sentido correcto que contrastan con los ejemplos de Bolsonaro y Piñera frente a la mirada popular. Lo mismo ocurre con las multas a comercios o la denuncia a empresarios que despiden. Pero el agravamiento de la crisis encuentra a un estado en quiebra y sin recursos, que no puede apelar a sostener su financiamiento con emisión monetaria con un impacto inflacionario en el corto y mediano plazo. En ese sentido, si la prioridad es la salud del pueblo y no los intereses de los grandes especuladores, no resulta comprensible que se sigan pagando intereses de deuda del mismo modo que no parece lógico tampoco que el ministro Guzmán avance en una propuesta de reestructuración de la deuda a los fondos internacionales.

Por el contrario, además de proceder a la suspensión de pagos, se debería avanzar en la investigación de la fuga de capitales ocurrida durante el macrismo y gravar con impuestos extraordinarios a sus responsables para obtener recursos para hacer frente a la crisis.

Por su parte el empresariado ya mostró la hilacha, y la ofensiva de despedir a 1450 trabajadorxs por parte de Techint -propiedad del argentino más rico, Paolo Rocca- pone sobre la mesa la disputa por quienes pagarán las medidas extraordinarias que la pandemia requiere. La derecha bolsonarista de nuestro país salió en defensa de las patronales sobre este eje, contratacando contra los salarios de los políticos. Por supuesto podemos coincidir en dicha demanda, pero se vuelve necesario exponer que quienes se enarbolan en esta lucha lo hacen con el mezquino fin de que no sean sus millonarias ganancias las que se toquen.

Para nosotres es necesario ser contundentes en el camino necesario. Las expectativas del gobierno de un “boom exportador” con Vaca Muerta, la minería y el complejo agroexportador han quedado sepultadas; frente a eso, es necesario otro camino que grave las grandes ganancias de esos sectores. La centralización del comercio exterior y la banca en manos públicas también son pasos necesarios para poder responder a la crisis.

Tampoco pueden continuar la especulación empresaria con los precios de alimentos y elementos de higiene, o peor aún, descargar la crisis con despidos masivos o suspensiones sin goce de sueldo. La exención de aportes patronales, los créditos blandos a tasa baja o el pago parcial de salarios por parte del estado no sirven para desbaratar la extorsión de las patronales que siempre quieren salir ganando. A contramano de estas maniobras, distintos sectores de la clase trabajadora han reclamado en las últimas semanas por sus derechos contra la voracidad patronal. Es necesaria la intervención y control estatal de las empresas que especulen, la puesta de la salud privada y laboratorios bajo dirección estatal, velar por el cumplimiento efectivo de la prohibición de despidos y suspensiones (especialmente en los sectores informales), licencia pagas a cargo de las patronales, la suspensión de la carga del monotributo y garantizar un ingreso universal acorde al costo de vida para todxs lxs trabajadorxs informales o precarizadxs así como las licencias pagas en las industrias no esenciales y comisiones de seguridad e higiene donde lo sean.

Por otra parte, los bonos extraordinarios de suma fija son paliativos pero es necesario que se resuelva la situación de lxs trabajadorxs de la salud con más presupuesto, más trabajadorxs y condiciones laborales dignas, además de la unificación en un sistema de salud estatal único y público con mecanismos del control y participación en la planificación de políticas publicas de sus trabajadorxs.

Desde el mismo punto de vista, sigue siendo apremiante la situación en las barriadas populares, donde deben garantizarse desde el estado los alimentos y los bienes de primera necesidad. Allí, la respuesta debe ser el fortalecimiento de las organizaciones populares y las redes de solidaridad vecinales, con comités de crisis en cada barrio. Además es urgente un subsidio universal de emergencia para estos sectores. Otro tanto ocurre con decenas de miles que no tienen un acceso a la vivienda digna ni acceso al agua y a quienes debe darse una respuesta integral.

Asimismo, la suspensión del ciclo lectivo y las condiciones para una “cursada virtual” han despertado inquietud en grandes sectores de la comunidad educativa. La participación de las organizaciones docentes y estudiantiles para evaluar las distintas modalidades para cumplir con los contenidos educativos y las reivindicaciones necesarias para garantizar su acceso son una salida concreta en este contexto.

Por otro lado, durante la cuarentena ha recrudecido la violencia machista con 12 femicidios en 10 días, lo cual se tradujo en un poderoso ruidazo de repudio popular. Son positivas las iniciativas de ampliación de los mecanismos de denuncias y atención, pero se continua en una situación de falta de recursos y de trabajadorxs precerizadxs. La emergencia en violencia machista plantearía reasignar recursos para poder desplegar una batería de medidas de mayor alcance.

La crisis por el covid-19 ha dejado al desnudo los limites estructurales de un sistema social. No hay salida que ponga por delante a las mayorías trabajadoras si no se afecta los intereses de quienes nos han llevado a esta situación. Desde los sectores populares debemos aportar a construir esa salida desde la solidaridad y el protagonismo de nuestro pueblo en la unidad más amplia por todas nuestras reivindicaciones.

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