La profunda crisis que atraviesa nuestro país -y también el mundo- agrava de forma exponencial las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías populares, ya duramente golpeadas en los últimos años donde el macrismo apostó a imponer un modelo neoliberal contra el pueblo. Sobre la base de una política sanitaria en general acertada asumida por el gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus, lo que está en disputa es cómo se enfrenta y se sale de esta gravísima crisis económica y social.
Los grandes ganadores de la Argentina, los que tienen coronita, con millones en sus bolsillos, nucleados en la Sociedad Rural Argentina y en las principales cámaras empresarias, están a la cabeza de una campaña para poner freno a cualquier iniciativa que toque sus intereses. Los principales medios de comunicación y la derecha política son sus voceros: “defensa de la propiedad privada”, “no queremos comunismo”, “no somos Venezuela”, “esto es una infectadura”, son algunas de sus consignas de batalla. Imposible disimular lo retrógrado y antipopular de esas concepciones que se despliegan para evitar cualquier perspectiva redistributiva que, como es evidente, deberá tocar los intereses de quienes más tienen.
Frente a esta situación el gobierno, si bien plantea su voluntad de una mejora para las mayorías populares, está demostrando que no está dispuesto a enfrentar a quienes concentran los recursos en nuestro país, que son en general, los únicos beneficiados de los últimos cuatro años.
El retroceso con la propuesta de expropiación de Vicentín, cediendo a las presiones conservadoras que están fuera y dentro del Frente de Todos (representado ahora a la interna por el gobernador de Santa Fe), es una muestra contundente de esta falta de disposición gubernamental. Se suma a una lista que incorpora el fallido planteo de avanzar sobre el sector privado de salud, a la frustración que implicaron los despidos en Techint y otras grandes empresas (ahora Latam) mostrando los límites de la ley antidespidos, y a la falta de impulso hasta el momento de un impuesto a las grandes fortunas que hoy mismo podría estar cumpliendo un rol central, por ejemplo, para garantizar los recursos necesarios para el pago de salarios y aguinaldo de las y los trabajadores estatales.
La expropiación de Vicentín anunciada en cadena nacional, se planteaba como el punto de inicio de una respuesta que podía asumir un carácter profundo, en la medida en que se afecta los intereses de los sectores concentrados, se investiga los procesos de fuga y fraude al Estado, se avanza sobre el control estatal sobre sectores sensibles de la economía, se plantea la disputa por el control por parte de las y los trabajadores (tal como lo plantearon representantes del sindicato aceitero), y se perfila un horizonte de disputa por la soberanía alimentaria.
El abandono del proyecto de expropiación y el entendimiento con los sectores del agronegocio para una salida pactada supone un franco retroceso que ha sido festejado por los grandes medios de comunicación y lamentado por amplios sectores que apuestan a una mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Este repliegue, a contramano de lo que parecen ser la expectativas gubernamentales, da más aire a la derecha y los sectores concentrados del capital, que se envalentonan al obtener rápidos resultados ante el pataleo.
Contrasta, a su vez, con una amplia demanda que ha sido expresada en declaraciones colectivas e individuales del movimiento obrero, de los movimientos sociales y de otros sectores sociales y políticos, que apuestan a una reversión de la grave desigualdad social.
Este retroceso, basado en la presión política, judicial e incluso la movilización impulsada desde la derecha, deja en evidencia que atravesamos una disputa de magnitudes, y que es preciso jugar un rol activo en esta pulseada para torcerla en un sentido que favorezca a las mayorías populares. Por eso es fundamental que el conjunto del campo popular y sus organizaciones desarrolle una campaña y un plan de acción común por la defensa de la expropiación de Vicentín. Esta iniciativa –que debe sortear las dificultades que implica este despliegue en el marco del ASPO- es punto de apoyo central para defender un proceso de radicalización, y poner freno a la recuperación de la derecha.