La decisión del gobierno nacional de incrementar las restricciones al dólar fueron recibidas con un fuerte rechazo de parte de los grandes medios de comunicación, las cámaras empresarias e, incluso, sectores medios y asalariados que destinan su poca capacidad de ahorro en la divisa norteamericana. Cómo se vincula a la crisis general y las tareas de los sectores populares.

Sin embargo, la medida de fondo no fue el aumento de los controles al verde, sino la orden a las empresas de refinanciar para el 15 de octubre sus deudas en esa moneda. Las grandes compañías del país acumularon un aproximado de 20 mil millones de dólares de deuda bajo el macrismo que buscaban saldar en el mercado oficial, aprovechando la brecha con el blue. De acá a diciembre, vencían 3.300 millones de esa deuda, lo mismo o más incluso que las reservas netas con las que cuenta el Central. Detrás de esta operación se encontraban grandes fondos que vienen de participar del acuerdo de reestructuración con Guzmán como Pimco.

A pesar de lo correcto de una medida de este tipo que evita una nueva bicicleta financiera, la misma fue tomada en un marco de improvisación prácticamente, el mismo día en que Guzmán presentaba el Presupuesto y dos días antes que asegurara al diario La Nación que no iban aumentar el cepo cambiario. Es lógico por tanto que la medida no sea bien recibida o comprendida por los sectores más populares que puedan verse afectados. Forma parte de una falta de orientación general clara que incorpore que es necesario chocar con los grandes sectores concentrados de la economía.

El Presupuesto, por otro lado, que Guzmán buscará defender en Diputados, nace sin credibilidad alguna. Parte de un estimado de crecimiento del 5,5% y de un dólar a 101 pesos, esto último irreal, y el primer postulado todavía dentro del terreno de lo especulativo sin considerar la evolución de la pandemia (que ya se anota más de 600 mil casos y una extensión al resto de las provincias por fuera del AMBA). La inversión en obra pública y un salto en las partidas presupuestarias para atender las problemáticas de mujeres y disidencias son el fuerte del proyecto oficial. Como contracara, establece un déficit del 4,5% financiado con más deuda y emisión monetaria, y un aumento de tarifas (en un cuadro de crecimiento de la inflación y un salto del 3,5% en las naftas que impacta sobre el resto de los precios). El déficit que se intenta presentar como una virtud de no incurrir en el ajuste, en realidad, podría saldarse con un avance sobre los sectores más concentrados.

Del mismo modo, el gobierno presentará la nueva fórmula de cálculo de los haberes previsionales que, todo anticipa, atará los aumentos a un índice entre la recaudación y los aumentos salariales, en vez de garantizar un ingreso del 82% móvil atado al salario de actividad.

Todo esto, desde ya, se encuentra directamente vinculado al inicio de las negociaciones con el FMI para reestructurar la deuda, un camino que sólo obligará a mayores condicionamientos al país para garantizar el pago de una deuda fraudulenta e ilegitima que se contrajo en incumplimiento de los propios estatutos del organismo a sabiendas de que no era sostenible, sólo para lograr la reelección de Mauricio Macri.

El impuesto a las grandes fortunas, aunque sea planteado por una única vez. es un aspecto positivo que debemos respaldar y es, concretamente, el camino que se debe profundizar. El impuesto debería generalizarse y la asignación de sus fondos estar exclusivamente abocada a atender las situaciones de urgencia de la población y no el subsidio a sectores empresariales.

Las tomas de tierras en todo el país, que con la resistencia al desalojo en Guernica logró colarse en la agenda nacional como una referencia contra la campaña mediática y patronal de “defensa de la propiedad privada”, reclama necesariamente respuestas de fondo que sólo pueden provenir de planes de vivienda financiados con gravámenes a las grandes patronales, empresarios y sojeros.

Eso también plantea no ceder a la extorsión del aparato represivo y, por el contrario, exige cumplir con la agenda de reclamos de las organizaciones antirrepresivas como el cese de la represión y el gatillo fácil y el fuera Berni.

Estas son, al mismo tiempo y en lo inmediato las medidas que se pueden llevar adelante, contra la avanzada que la derecha y el imperialismo quieren construir en el país y en la región. En la medida en que la agenda política no sea la de les trabajadores y de los sectores populares, sólo van avanzar los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad que vienen buscando movilizar a su base social.

En un contexto de una crisis sanitaria y social cada vez más grave, con índices de pobreza y desocupación en aumento, la única salida puede estar en que el costo de la crisis recaiga sobre los sectores más beneficiados los últimos años y, para eso debemos, articular los mayores niveles de unidad de las organizaciones populares.

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