Terminando 2021 y con el 20 aniversario de la rebelión popular que puso fin al gobierno de Fernando De La Rúa dando vueltas, las calles de toda la provincia de Chubut se hicieron sentir en todo país, pese incluso, a la escasa cobertura de los grandes medios. Tras varios intentos en los años previos y unas cuantas alarmas en el que pasó, la legislatura provincial terminó aprobando la zonificación minera que permitía el desarrollo de un proyecto de gran escala en la meseta de la provincia. Sus efectos, conocidos por buena parte de la sociedad gracias al sostenido trabajo de las asambleas socio-ambientales, iban a ser profundos principalmente sobre el río Chubut, una de las pocas fuentes de agua de la provincia. La respuesta fue inmediata y masivas movilizaciones tuvieron lugar en las principales ciudades. Una semana después, la misma legislatura tuvo que derogar la ley. El deslegitimadísimo gobernador, Mariano Arcioni, pese al golpe recibido sigue allí. En los próximos meses apuesta su suerte a un plebiscito cuyo resultado parecería que ya está cantado.

A los pocos días de este verdadero hito en las luchas socio-ambientales de nuestro país y en el ocaso del 2001, fue aprobada la explotación offshore (onshore es la que se realiza en tierra) de petróleo en el Mar Argentino. El decreto presidencial habilita la exploración mediante prospección sísmica a 300 km de la costa bonaerense. Se trata de una cuenca que atraviesa buena parte de la zona costera nacional, desde la provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz y que tras una primera etapa de estudios buscaría ser explotada por diversas empresas entre las que se destacan Equinor (capitales noruegos), Shell (capitales holandeses) y también YPF. Al igual que en la provincia patagónica, en plena temporada de verano, las postales de “La Feliz” sufrieron modificaciones. En una jornada nacional (este 4 de enero), con movilizaciones en distintos balnearios bonaerenses y con epicentro en Mar del Plata, comenzó a expresarse en las calles que tampoco frente a este nuevo proyecto de características extractivistas hay licencia social. A diferencia del caso de Chubut, es un proceso aún abierto pero cuyo piso de inicio marca un claro rechazo a la iniciativa del Gobierno Nacional.

De ambas luchas se desprenden aspectos relevantes que exceden a las situaciones particulares. En primer lugar, el papel del movimiento socio-ambiental en la dinámica política general. La persistencia de asambleas ciudadanas en distintos puntos del país desde hace décadas ha adquirido mayor robustez ante la crisis ambiental general que se ha puesto de manifiesto de la manera más cruda con la pandemia. Conjuntamente, se fortalecen las articulaciones nacionales y aquello que aparecía como fenómeno aislado aparece ahora de manera más recurrente y articulada. Las manifestaciones acotadas adquieren en este momento caracteres masivos.

Por otro lado, tanto lo ocurrido con la megaminería en Chubut como con las petroleras en el caso del Mar Argentino son indisociables del problema que atraviesa cada paso que da la gestión de Alberto Fernández: la deuda con el FMI. El énfasis extractivista de estos meses va de la mano con el inminente cierre del acuerdo con el organismo internacional y por lo tanto con la necesidad de fuentes futuras de ingresos divisas. Esto de conjuga con el desempeño paupérrimo del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, quién cómo logro de su gestión señalaba que en 2021 habían sido miles de hectáreas menos las consumidas por incendios forestales en el mismo momento en el que se estaba declarando la emergencia ígnea y comenzaba a desarrollarse el conflicto de las petroleras.

La explotación del medio ambiente de manera irracional, es decir, en pos de la generación de riquezas concentradas en las manos de unas pocas empresas multinacionales sólo ha condenado a que los países dependientes devengan en zonas de sacrificio. Ese camino es el que comienza a ser cuestionado por amplios sectores de la sociedad que no otorgan su confianza a estos proyectos al ver que ponen en riesgo al conjunto del planeta y la humanidad. La participación popular es fundamental pero también de ella se deben desprender proyectos superadores que permitan la generación de energías renovables y el desarrollo de un modelo productivo sustentable basado en los intereses del país y las grandes mayorías.

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