El 4 de septiembre se celebra el día del migrante en Argentina, una fecha que lleva 71 años de celebración, pero que al día de hoy no se expresa en un mejora de la condiciones de vida de les migrantes en nuestro país.
¡No estamos todes!
Durante el gobierno de Mauricio Macri, entre los años 2017 y 2019 fueron expulsadxs más de 2500 madres, padres, hermanxs, estudiantes, trabajadorxs: todxs migrantes. Expulsiones arbitrarias facilitadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia – DNU 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones 25.871. En tal reglamentación se regula de manera más estricta el ingreso y permanencia de los extranjeros, al tiempo que facilita la expulsión del territorio argentino, generando una política migratoria diferenciada y selectiva, coloca a todas las personas que provienen de otros países bajo una sospecha permanente, estigmatizándolos y vinculándolos con la delincuencia.
Hasta el día de hoy, un conjunto de organizaciones reunidas en la Campaña Nacional Migrar No Es Delito, siguen denunciando la inconstitucionalidad del DNU dictado por Macri, a través del cual se han violado sistemáticamente los Derechos Humanos de las personas migrantes en la República Argentina. Incluso el propio Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas reclamó al gobierno de Mauricio Macri derogar el decreto 70/2017 a través del cual se restringió el ingreso de ciudadanos extranjeros al país y se facilitó su expulsión, separando cientos de familias. El caso más emblemático fue la expulsión arbitraria de Vanesa Gómez, migrante peruana residente en Argentina hace más de 15 años, enfermera, madre de 3 hijos. Con la lucha y organización se logró que Vanesa vuelva al país, a continuar su vida junto a su familia, y a trabajar como enfermera, justo en este contexto donde la pandemia se lleva miles de vida, ahora ella es esencial.
¡Somos esenciales, nuestras tareas deben ser reconocidas!
Al igual que Vanesa en un hospital, miles de migrantes en este contexto donde el hambre no se toma cuarentena, son quienes están parando las ollas populares, garantizando un plato de comida para el pueblo argentino. En villas, barrios populares, asentamientos, organizados, día y noche realizan un sinfín de tareas que no son recocidas, y van desde la preparación, distribución de alimentos, hasta la promoción de la salud, detección de casos sospechosos, acompañamiento a hisopar a quienes tienen síntomas y asistencia domiciliara a quienes se encuentran asilados. Todas estas tareas no son reconocidas por el Estado, y en muchos casos, no solo se arriesga la vida, sino que incluso se deja la vida en estas tareas.
El reconocimiento no puede quedar en el heroísmo, el sacrificio y la valentía de quienes desarrollan estas tareas. Se necesitan medidas concretas para dar un valor real a eso que hoy se llaman actividades esenciales. Y a fin de cuentas hablamos de remuneraciones, de ingresos que saquen a estas personas de la línea de pobreza e indigencia, la puesta en marcha de una política real y masiva de infraestructura pública para tener un piso de vida digna en los barrios populares de la Argentina.
Abajo el racismo y discriminación
La política desplegada por el gobierno de Cambiemos no se redujo al DNU 70/17, sino que tal reglamentación fue el marco sobre el cual se desarrolló una verdadera campaña racista sobre les migrantes. Con Patricia Bulrich a la cabeza, se intentó instalar la idea que quienes vienen de diferentes países a nuestra tierra llegan a delinquir, a usar los servicios gratuitos, a vivir del Estado, a quitarnos el trabajo. A fin de cuentas, se los buscó construir como chivo expiatorio de la crisis que desató el gobierno de Macri.
No sólo la pandemia evidenció el rol que juegan les migrantes en Argentina, sino que vale mencionar algunos datos más, por ejemplo: por los aportes migrantes se genera una contribución fiscal neta equivalente a 2 puntos del PBI local (OIT, OCDE, 2018); son el 4,6 % en relación del 100% del total de la población argentina; el impacto de la población migrante sobre el sistema de salud público es bajo, rondando el 4% (ENAPROS, 2010); el peso de les estudiantes extranjeres en el sistema educativo en su diferentes niveles representa el 1,3%.
Ninguno de estos datos son difundidos por medios de comunicación, sino que todo lo contrario, se sigue apuntando a la discriminación y racismo, como moneda corriente para estigmatizar a quienes viven de su trabajo en nuestro país.
IFE sin restricciones. Regulación Ya!
El artículo 8 de la Ley de Migraciones 25871 sostiene que “no podrá negarse un ningún caso el acceso a la salud, la asistencia social, o atención sanitaria, a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. Tal situación no se ha puesto en marcha durante la pandemia en curso, donde muchas familias migrantes se encuentran en extrema vulnerabilidad y total desprotección, pues han tenido que interrumpir sus actividades laborales en la vía pública. A esto se suma que el DNU 320/20 del Ejecutivo Nacional, que suspende los desalojos por incumplimiento de pago, prorroga los contratos y congela los precios de alquiler, cada día pierde efecto, y en zonas como Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta, hace estragos desalojando familias migrantes.
Otro impedimento de les migrantes para recibir algún tipo de asistencia social es la exigencia de contar con 2 de residencia en el país, cuestión entorpecida por el DNU 70/17 que el gobierno de Alberto Fernández aún no deroga. Esto excluyó a este colectivo de la posibilidad de acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, según una encuesta del Espacio Agenda Migrante, también excluyó a un 77 por ciento de cualquier tipo de ayuda.
La Resolución 04/19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece en su principio 5to, sobre el incentivo a la regularidad migratoria, que “los Estados deben incentivar la regularización de la migración evitando, en especial, la precariedad de las condiciones de trabajo y otras consecuencias de la irregular situación migratoria”. La falta de regularización que se expresa en no tener un DNI, implica no sólo la imposibilidad de acceder a derechos vitales, sino también a la libre circulación en tiempos de ASPO.
Por esto es necesario y urgente garantizar el acceso a la regularización migratoria en Argentina, para que exista una cuarentena con derechos.
Ante la falta de respuestas del Estado, fueron las redes de trabajadores migrantes quienes han organizado la solidaridad, acercando alimentos, realizando trámites, exigiendo el cumplimiento de las normas vigentes y peleando por la regularización y la derogación del DNU 70/19.
En el día de les migrantes, seguimos diciendo que ¡Migrar no es delito, migrar es un derecho humano!.
MigrarNoEsDelito
DerogaciónDelDNU70
LasVidasMigrantesImportan
#NingúnSerHumanoEsIlegal