En medio de la sesión del Senado que aprobó la legalización del aborto con la marea verde copando el Congreso, el oficialismo logró darle sanción definitiva en la Cámara de Diputados a la nueva ley de movilidad jubilatoria el martes pasado. Un cambio que, si bien marca el regreso de la fórmula que rigió durante el gobierno de Cristina Fernández y permitió una recuperación real de los haberes, también consolida la enorme pérdida de poder adquisitivo sufrida con la fórmula de la reforma macrista.
A partir de marzo comenzará a regir el nuevo algoritmo para calcular la actualización de las jubilaciones, pensiones y programas como la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, que afecta a cerca de 18 millones de personas. Los aumentos se calcularán en un 50% en base a la variación salarial (el índice RIPTE que publica la Secretaría de Seguridad Social o el índice de salarios del Indec, el que dé más alto) y 50% en base a la recaudación tributaria de la Anses.
Por incidencia de la vicepresidenta, al momento de dar media sanción, hubo dos modificaciones importantes respecto del proyecto original, elaborado por el Ministerio de Economía con el foco puesto en dar señales de austeridad fiscal al mercado y al FMI: la suba del 5% de diciembre no será considerada a cuenta del anuncio de marzo y las actualizaciones se harán de forma trimestral y no semestral.
El gobierno promocionó la aprobación de la ley como la vuelta a la fórmula que permitió un incremento real de los haberes del 26% entre 2008 y 2017. Un número que contrasta con el 19,5% perdido en los dos años de vigencia de la fórmula macrista (que combinaba en un 70% la suba de precios pasada y un 30% la variación salarial) en el marco de una inflación que llegó a superar el 50%.
Si bien eso es cierto y la nueva fórmula permitirá una leve recuperación de las jubilaciones en términos reales siempre que la economía crezca, el gran problema es el punto de partida. Es que, en primer lugar, apenas asumió el Frente de Todos suspendió la fórmula de movilidad de Cambiemos justo cuando la inflación récord de 2019 hubiera permitido una mejora real de 4,5% en 2020 y la reemplazó por subas discrecionales mientras se elaboraba el proyecto recientemente aprobado. Como resultado, apenas le empataron a la inflación las jubilaciones mínimas, que son alrededor de dos tercios del total. El resto volvió a perder. Como contrapunto, hubo medidas que tuvieron un importante impacto para este sector, como la vuelta de los medicamentos gratuitos y la suspensión transitoria del cobro de los créditos Anses con condonación de los intereses.
Con todo, al no recomponerse los haberes al nivel de 2017, se consolida la pérdida sufrida con la fórmula macrista y cualquier mejora venidera será desde un piso casi 20% más bajo que el de 2017. No es casual que, además de la recuperación de las jubilaciones, los fundamentos de la ley se refieran a la “sostenibilidad fiscal”, es decir, a mantener acotado el gasto en la principal partida presupuestaria del país.
En plena negociación con el FMI, uno de los puntos centrales es la velocidad del recorte del déficit fiscal primario que, producto de la coronacrisis y el paquete de medidas paliativas, cerrará 2020 en cerca de 7% del PBI: el Gobierno busca llevarlo a un 4,5% en 2021 con la eliminación del IFE y el ATP, pero el Fondo pretende un ajuste mayor.
Otro punto problemático de la nueva ley es que no incluye una cláusula que ponga un piso al aumento de acuerdo al índice de precios al consumidor del Indec, que serviría como garantía de que en cada adecuación trimestral los haberes no subirán menos que la inflación. En cambio, de esta forma, en los años de caída de la actividad económica (cuando la recaudación baja y el salario real no suele mejorar) la posibilidad de que las jubilaciones y AUH mantengan su poder adquisitivo dependerá de un bono adicional que aplique el gobierno de turno.
En definitiva, es necesario empujar desde los sectores populares para que la estafa de Macri y el FMI no la paguen les trabajadores ni les jubilades. Para que el ingreso de la mayoría de quienes trabajaron toda su vida no sea de $19.035, un 60% por debajo de la línea de pobreza. Para eso, será clave reeditar la unidad de las organizaciones sociales, sindicales y políticas que apenas tres años atrás supimos enfrentar la reforma previsional del macrismo y derrotar el intento de imponer una reforma laboral.