Tras más de dos meses desde el inicio de la cuarentena, nos acercamos cada vez más al pico de la pandemia con un crecimiento diario de casos, aunque concentrado mayormente en el AMBA. La detección de más de 145 casos en Villa Azul durante los últimos días, y la amenaza de expandirse a Villa Itatí, con 10 veces mayor cantidad de población, ha puesto el peligro de colapso en territorio bonaerense. Esto se suma a la rápida propagación de casos en las villas y barrios populares porteños que ya provocó en la 31 la muerte de 3 referentes barriales y está arriba de los 2.000 casos sumando también a la 1-11-14, la 21-24 y Zavaleta, entre otros.

El mapa de contagios evidencia, sin duda, que el virus impacta en forma desigual reflejando la enorme desigualdad estructural que atraviesa a nuestro país.

El hacinamiento, la falta de soluciones habitacionales y de acceso a los servicios básicos es el caldo de cultivo para esta situación que expone a los sectores más vulnerables a la muerte mientras la burguesía reclama la “vuelta a la normalidad” (con despidos, suspensiones y rebajas salariales que afectan a más de 2 millones y medio de trabajadorxs).

En un marco general a destacar donde la implementación de la cuarentena en forma preventiva ha permitido una respuesta sanitaria ampliamente más efectiva que en otros países, la respuesta estatal en sus distintos estamentos frente al crecimiento de los casos en las barriadas ha sido sorprendentemente errática. La intervención con testeos masivos ha sido tardía y muchas veces sin la aplicación de los protocolos correspondientes para casos positivos, como señalan desde los movimientos sociales que han ocupado la primera línea de fuego en las barriadas.La decisión de sitiar con las fuerzas de seguridad a Villa Azul o la propuesta de alojar en containers a habitantes contagiadxs de covid-19 en la Villa 31 no son sólo respuestas improvisadas, sino que además contrastan por ejemplo con el alojamiento en hoteles a turistas repatriadxs para que puedan cumplir su cuarentena.

Esta política se erige como un antecedente muy negativo y preocupante ante los crecientes contagios en los barrios populares, que reclaman una inmediata revisión para no exponer aún más a los sectores populares al accionar de las fuerzas represivas y a condiciones degradantes para el aislamiento necesario.

A la situación sanitaria extremadamente delicada, se suma el agravamiento de la pobreza y el hambre para una gran parte de la población que trabaja en la informalidad y la precariedad. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ha sido una medida correcta pero insuficiente y que en la gran mayoría de los casos se cobró tardíamente. Lo mismo ocurre con los aumentos jubilatorios y de AUH que se encuentran muy lejos del costo de vida.A su vez, a medida que nos acercamos al pico de la pandemia, la situación de la salud pública comienza a ver sus límites pero la extendida red de sanatorios y clínicas privadas no están afectadas a un dispositivo general al servicio de los intereses populares.

Deuda y reyes

Aunque parecen asuntos separados, mientras el virus arrecia en las barriadas, el gobierno sigue las negociaciones con los fondos de inversión para alcanzar un acuerdo en el pago de la deuda externa. En las próximas semanas se arribaría a una cifra de entendimiento que ya se mueve en márgenes definidos. Sin embargo, el propio Congreso acaba de formar una comisión que investigará el informe del BCRA que indica una salida del país de 86 mil millones de dólares durante el macrismo. ¿Cómo en una situación de crisis tan apremiante, entonces, se puede convalidar una estafa de ese calibre contra nuestro pueblo? Objetivamente la renegociación de la deuda no implicará nuevos fondos para el país, pero sí nos compromete a pagar una deuda que no es nuestra. En paralelo, los responsables de esa deuda y de esa fuga de capitales, son también los responsables de la enorme deuda social que vive nuestro país. Y siguen sin pagar por sus responsabilidades. El oficialismo demora el tratamiento de un impuesto a las grandes fortunas que implicaría un paliativo urgente y empezaría a poner el peso de la crisis en los que más tienen, un camino que indudablemente se debe tomar, como viene marcando la campaña #NoTienenCoronita.

La profundización de la crisis sanitaria y social obliga a tomar medidas de fondo que afecten los intereses de quienes se apropian de la riqueza que produce nuestro país o nos veremos obligados nuevamente a recorrer un sendero de penurias.

El protagonismo popular que crece desde abajo para dar respuestas a la crisis será fundamental para construir esa salida.

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