En los últimos días se ha dado a conocer un fallo del Tribunal supremo de Justicia porteño, máxima instancia jurídica del distrito, que establece que el gobierno de la Ciudad no está obligado a garantizar vacantes en las salas de 2 y 3 años de los establecimientos educativos de gestión pública salvo que así lo ameriten las condiciones de “vulnerabilidad” de las familias. Un paso por la vía judicial que es un espaldarazo a la política privatista de Larreta y Acuña.
El problema de las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires no es nuevo. Desde la modificación implementada por el entonces Ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrrich en 2014, los problemas se han multiplicado y lejos de ser una cuestión burocrática expresa una política de Estado tendiente a recortar los alcances de la educación pública y golpeando principalmente el acceso a jardines para niñes de temprana escolaridad (2 y 3 años). Ese mismo año, Bullrrich tuvo que admitir que 7 mil niñes habían quedado sin vacante y los números desde entonces han crecido de manera constante, como denuncian las madres y padres nucleados en el colectivo Vacantes para todxs en la escuela pública.
Es justamente una miembro de este colectivo quién presentó la denuncia a la justicia en la que planteaba que tal medida estaba vulnerando el derecho constitucional de acceso a la educación y que, en tal caso, el Gobierno porteño debía subvencionar la escolaridad de su hije ante tal situación, tal como lo establece la Ley N° 26.206, que regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Luego de pasar por diversas instancias y llegar al máximo tribunal, fue rechazado el pedido por 4 votos (Luis Lozano, Inés Weinberg, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe) contra 1 ( Alicia Ruiz) sentando un precedente sumamente peligroso de cara al futuro, posible de ser extensible a otros niveles también.
Esta media reviste además una ofensiva de carácter fuertemente clasista (al igual que las declaraciones de la Ministra Acuña de hace algo más de un mes) dado que los jardines de primera infancia son fundamentales tanto para el estímulo de les niñes desde temprana edad como para las economías de las familias trabajadoras. En esas horas de escolaridad, las madres principalmente, pueden changuear o salir en busca algún mango más para bancar los hogares, en un contexto donde la pobreza en el país y en la ciudad crece incesantemente. Con este fallo los únicos que salen beneficiados son los jardines privados, sector que con la pandemia no ha quedado exento de la crisis.
Un fallo acorde al presupuesto
Ahora bien, el fallo del TSJ no se da en un vacío. Desde 2010 a esta parte el presupuesto de la Ciudad destinado a educación no ha dejado de reducirse. Sólo en la gestión Larreta, la baja ha sido de un punto porcentual por año, llegando al aprobado para 2021 que constituye el más bajo de la última década: sólo un 17, 18% de los fondos totales. Esta reducción del presupuesto se verá reflejada en todas las áreas, siendo la más afectada la de infraestructura. De cara a un año donde todo indica que la modalidad virtual no dejará de existir por completo debido a los posibles rebrotes, este indicador es un verdadero problema para pensar una verdadera continuidad pedagógica de les estudiantes ya que también involucraría las posibilidades de “conectividad”. Ni que hablar de las condiciones de enseñanza presenciales entendiendo que muchas instituciones no estarán preparadas para evitar las “aglomeraciones” en sus actuales condiciones edilicias. Incluso, yendo a algo de carácter aún más básico, con este presupuesto hasta los aprovisionamientos necesarios de materiales de higiene y limpieza parecen ser una quimera.
Para que se vaya Acuña es necesaria mayor organización
Es necesario también plantear algunos balances respecto a la intervención del movimiento docente en este marco. Pese a que las nefastas declaraciones de Acuña acerca de la formación de lxs docentes repercutieron en diversos medios, no fue posible articular una campaña que logre sacarla de la cartera de educación. Larreta, lejos de desmarcarse, salió a respaldar a la ministra y el reclamo se diluyó en el plazo de un mes. En este punto y a excepción de las acciones realizadas por la lista Grante de UTE y por el sindicato Ademys, las respuestas desde la conducción del sindicato mayoritario han sido totalmente insuficientes. Más allá de alguna declaración pública de sus referentes, no se han impulsado medidas así como tampoco plenarios de delegados para buscar organizar de manera colectiva a la docencia de la ciudad. Lo mismo ocurrió ante la búsqueda de volver a “clases presenciales” que encontró respuestas de auto-organización en algunos distritos y escuelas pero en donde la conducción de UTE no jugó un rol protagónico.
El precedente que sienta este fallo, sumado a la ofensiva ya consumada de la UNICABA que implicó el cierre de decenas de profesorados, van marcando una hoja de ruta privatista que Cambiemos no duda de ir empujando “en cuotas”.
¡Es necesario actuar en unidad para revocar el fallo del TSJ!