El posible acuerdo con China sobre la producción de carne porcina en nuestro país logró instalarse en los medios y en redes sociales gracias a periodistas, especialistas y organizaciones ambientalistas que lo pusieron en debate. Pese a la escasa información pública sobre este acuerdo y el fuerte rechazo que suscitó, desde el Gobierno apuntan a ponerle firma en el transcurso de agosto. ¿Quiénes están detrás de este acuerdo? ¿Qué debates se ponen en juego? Como continuación de una nota anterior, en esta ocasión trataremos de pensar en particular en estas interrogantes que revelan la profundidad del sistema (agro) extractivista en nuestro país.
¿Quiénes se sientan en la mesa a negociar?
Para entender un poco más este tipo de acuerdos es necesario ver el complejo (o no tan complejo) entramado de jugadores que forman parte de estas negociaciones. Hace unos 4 años nació Argenpork, un consorcio formado por más de una decena de empresas entre las que se destacan Aceitera General Deheza (de Roberto Urquía, aliado del gringo Schiaretti y uno de los principales aportantes a la campaña de Fernández y de Macri (1)), Porcomagro, Isowean, Bravestar y Cabaña Argentina. Estas empresas se asociaron entre sí de cara al crecimiento de la demanda de carne porcina en el mundo y en 2017 hacen su primera exportación a Rusia, mercado que hoy ocupa una parte muy importante de las exportaciones de carne porcina de nuestro país.
Durante los últimos meses de la gestión macrista, y particularmente en junio del 2019, el titular de Isowean y a su vez presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos se reúne, junto a otros miembros, con funcionarios de la secretaría de Agroindustria, encabezada por Miguel Etchevere (2). Cabe recordar la política que la Secretaría aplicó, en sintonía con el gobierno de Cambiemos, que llevó a cientos de despidos en todo el país en áreas claves como Agricultura familiar. En dicha reunión se empieza a plantear la necesidad de ampliar el mercado de exportación hacia China.
Ya bajo el nuevo gobierno, en enero de este año, se repitió una reunión similar pero ahora el titular de Agricultura fue el ministro Luis Basterra, aliado clave de Gildo Insfrán en la cruzada contra el pueblo Qom e impulsor del algodón transgénico en Formosa que reemplazó el cultivo tradicional beneficiando directamente a una empresa como Monsanto (3). Esta reunión fue continuación de la de junio de 2019, y se sostuvo la importancia de continuar con las tratativas con China. Cancillería estuvo presente en esta reunión de la mano de Jorge Neme, el cuestionado aliado de Juan Manzur en Tucumán y ligado a la industria azucarera en la provincia. Cabe recordar que la Cancillería está encabezada por Felipe Solá, el otrora paladín del ingreso de la soja transgénica a nuestro país durante su mandato como secretario de Agricultura bajo la presidencia de Menem en 1996.
Quien está detrás de todas estas gestiones no es otro que Hugo Sigman, uno de los hombres más ricos del país. En un comunicado a comienzos de este año desde una de sus empresas, Biogénesis Bagó, se comunicó oficialmente las intenciones de concretar este acuerdo con China, por un monto de unos 2.700 millones de dólares y con la posibilidad de exportar unos 2.000 millones de dólares en los próximos 4 a 8 años (4). Curiosamente fue en otra pandemia, la de gripe A en 2009, que Sigman consiguió producir en nuestro país la vacuna tras un acuerdo con la presidenta Cristina Kirchner y el por entonces ministro de Salud Juan Manzur (¡hola de nuevo!) a cambio de la construcción de una planta en Garín, que le permitió al tiempo colocarse como el principal proveedor de vacunas antigripales en nuestro país. Negocios que cierran por todos lados.
Los debates, el debate
Hace más de dos años China vive una crisis sanitaria a partir de los distintos brotes de la Peste Porcina Africana (PPA) que obligaron al país oriental literalmente a enterrar vivos y quemar millones de cerdos a los fines de controlar la expansión de dicha enfermedad. Qué mejor que este contexto mundial, pensaría cualquiera en su sano juicio, para repensar la forma en que producimos nuestros alimentos y nos relacionamos con el medio ambiente. Sin embargo, al momento de dar el debate, desde quienes defienden estos proyectos no se barajan alternativas a este tipo de desarrollo y se contraponen las consecuencias socio-ambientales de estos emprendimientos con el hecho de ser un país pobre, con desempleo, etc. Aspectos que no pueden ni deben verse como contrapuestos si queremos pensar modelos de sociedades que se paren en una buena relación con el medio ambiente. Bajo esta idea macro nos surgen interrogantes múltiples.
Este tipo de industrias donde hay altos niveles de hacinamiento, complementadas con el avance sobre áreas silvestres se sabe son una combinación excelente para la propagación de enfermedades (5). Si bien se esgrime que Argentina cuenta con elevados estándares sanitarios de producción nadie conoce aún con certeza donde se instalaran estas plantas. Ante la escasa información oficial sobre el acuerdo, las versiones que circulan apuntan a La Rioja, Catamarca, Corrientes y Chaco como algunas de las provincias que recibirían las granjas, para “potenciar zonas postergadas” (6). Cabe preguntarse ¿tendrán poder de control suficiente esos estados provinciales frente a estos megaproyectos? Si observamos las políticas de control forestal, agrícola o minero que algunas de estas provincias han llevado adelante ninguna pasa la prueba.
A su vez, si bien es cierto que exportar cerdos a China significaría exportar un valor agregado que no ocurre cuando se trata de granos de soja, ¿no se profundizará de esta manera el monocultivo y la concentración de riquezas? Esto incrementaría el deterioro de los suelos, los procesos de desertificación y el avance de la frontera agrícola sobre zonas como el bosque chaqueño, mientras que solo unos pocos saldrán beneficiados. En este breve análisis no incluimos otros elementos ambientales como son el consumo de agua, el deterioro de la calidad del aire o de los suelos a raíz de los desechos de los cerdos. También las condiciones de trabajo en esas plantas, el lugar que les queda a pequeños y medianos productores, etc. Corresponde seguir profundizando este debate y aportando también con las luchas que, por ejemplo, han impulsado productores de la UTT, una organización que ha jugado un papel fundamental para que las negociaciones por este acuerdo salieran a la luz.
Esto último es quizás uno de los principales elementos que se repite con este tipo de acuerdos. La escasa o nula información pública sobre el mismo recuerda así al acuerdo YPF-Chevron por ejemplo. Un acuerdo realizado a espaldas de las comunidades, con cláusulas confidenciales y cocinado con relativa rapidez basado en la necesidad de divisas, competitividad en los mercados y algunas promesas de desarrollo poco definidas. Como contracara hoy vemos los pasivos ambientales en pueblos de Neuquén, el saqueo de nuestro territorio por multinacionales, el engorde de los bolsillos de unos pocos empresarios y una apuesta a un desarrollo para nada sustentable, siquiera desde el punto de vista económico. Por ello, la dicotomía entre desarrollo social (que se disfraza de “menos hambre y más empleo” pero termina siendo “más ganancias para unos pocos”) y cuidado de la naturaleza es una trampa. Es preciso avanzar en formas de pensar nuestras sociedades en sintonía con el medio ambiente. Por ello, mayor diversificación y planificación de las actividades con el involucramiento de actores/actrices locales y la interdisciplinariedad necesaria para abordar problemas complejos como el de la soberanía alimentaria son algunas de las líneas que nos ordenan a quiénes apuntamos a construir alternativas a este sistema que diariamente avanza deteriorando nuestras vidas y el medio ambiente.