Desde el sábado pasado volvimos a escuchar de la lucha antiminera en Andalgalá pero es una lucha que lleva más de 20 años, que ha logrado declarar ilegal la minería en la región pero que no deja de ser atacada por la empresa Agua Rica, el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Un repaso de una lucha histórica que mantiene completa vigencia.
La Asamblea El Algarrobo en Andalgalá es un espacio de organización en la comunidad que hace años realiza una caminata pacífica por el pueblo todos los sábados para exigir el retiro definitivo del proyecto Agua Rica. El conflicto es viejo y no descansa desde 2009, cuando el gobierno provincial habilitó la explotación minera en el propio casco urbano que rápidamente tuvo que retirar por el escándalo que generó en la ciudad. Pero Agua Rica insistió en sus presiones al poder político y judicial de modo que en febrero de 2010 se desató una represión sin precedentes a la que le siguió una pueblada que cambió la historia de Andalgalá. Desde aquellos años se sucedieron 584 marchas de los sábados exigiendo que se respete la voluntad popular y en las últimas semanas el clima se fue enrareciendo poco a poco. Agua Rica retomó los avances de su proyecto minero de modo que la población se manifestó frente a las oficinas de la empresa y realizó cortes selectivos de ruta. El Gobierno catamarqueño envió su policía y recibió refuerzos de la Gendarmería Nacional para militarizar la ciudad, y este sábado después de la marcha en la plaza del pueblo, la represión se desató abiertamente. Las voces que resonaron en contra de les andalgalenses y la Asamblea el Algarrobo se montó sobre el incendio de las oficinas de la empresa y desplegó toda una artillería discursiva que denuncia violencia y busca revitalizar el discurso del extractivista minero como supuesto motor del desarrollo nacional.
Agua Rica es un proyecto megaminero dirigido por una sociedad de tres empresas: Yamana (56,25%), Glencore (25%) y Newmont (18,75%) y planea usar las instalaciones de Alumbrera, en lo que llaman el “proyecto integrado” y bautizaron con el nombre de “Mara”. En los años ’90 Alumbrera asomó en la provincia prometiendo más de 6000 puestos de trabajo, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente. Nada de eso se cumplió. Al contrario: en el trasporte de barro con ácido y mineral diluido de Catamarca a Tucumán a través de un mineraloducto, hubo al menos cuatro derrames desde 2004, tres en Villa Vil y otro en Ampujaco en el límite entre los departamentos de Andalgalá y Belén.
Si bien en el 2016 la Asamblea el Algarrobo había logrado en el ámbito legislativo una ordenanza municipal para cancelar los proyectos mineros en la zona, consensuada por todo el arco político local, la misma fue derogada arbitrariamente por la Corte provincial sin consulta popular en el 2020 por presión del gobierno provincial y las mineras. Además se logró mediante acampe en CABA, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor del pueblo de Andalgalá que declaraba como ilegal la apertura y explotación del yacimiento Agua Rica.
Por su parte, no hay grieta en los discursos gubernamentales que plantean la minería como única salida de la crisis. Lo se pone en juego en este caso, es la tensión entre democracia, desarrollo y extractivismo ecocida. El pueblo ya ha planteado su rechazo a la megaminería, ya conoce las promesas de inversiones en las poblaciones que nunca llegan y el desastre ambiental que deja, sin embargo, el Gobierno Nacional persiste en la negativa de discutir en profundidad un modelo de desarrollo que incluya la perspectiva territorial de las poblaciones y una política integral de protección ambiental.
Desde el sábado hay movilizaciones de de apoyo al pueblo andalgalense en Belén, Santa María, Catamarca y Buenos Aires mientras que la única respuesta estatal es una vez más la represión, los allanamientos, las detenciones a les principales activistas de la Asamblea y la militarización de Andalgalá, lo que merece todo nuestro repudio.
Como en Mendoza, como en Chubut, el pueblo resiste el avance de las mineras y de los políticos que sólo ofrecen reforzar un modelo de saqueo como salida.