¡Ahora necesitamos un plan para lograr la soberanía alimentaria y el fin de la pobreza!

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, acaba de anunciar la intervención estatal de la empresa Vicentín, una de las principales agroexportadoras del país, y el envío al Congreso de un proyecto de ley para declararla de utilidad pública para su expropiación. La empresa se encuentra en un estado de virtual quiebra luego de obtener un crédito por 1.300 millones de dólares del Banco Nación bajo la gestión del macrismo hasta alcanzar una deuda que hoy asciende a más de 18 mil millones de pesos. Vicentín fue, a su vez, uno de los principales aportantes de Cambiemos.

El anuncio oficial incluyó la garantía de todos los puestos de trabajo y el pago a 2.600 productores.

La estatización de Vicentín y su puesta al servicio del bien público era una medida que las organizaciones populares venían sosteniendo desde que la empresa se declaró a comienzos de año en concurso de acreedores. El gobierno ha tomado un curso de acción en ese sentido pero optó por absorber la compañía bajo la división YPF agro de la petrolera mixta con mayoría estatal y no avanzar en la creación de una empresa pública de alimentos. Su incorporación a YPF siendo uno de los principales sectores del complejo agroexportador seguramente significará o se especule con que signifique un mayor ingreso de divisas para el gobierno.

Durante la conferencia de prensa, el gobierno tampoco explicitó qué ocurrirá con la deuda que arrastra la empresa y aseguró que sólo avanzarán contra los responsables del quebranto sólo si la intervención lo considera pertinente. Asumir el pasivo implicaría que el estado absorba la quiebra. Una ley de expropiación debería anular el endeudamiento fraudulento y avanzar en una investigacióm sobre quienes hayan participado en esa estafa contra el pueblo.

La expropiación de una de las principales empresas del mercado es un paso positivo para avanzar en medidas más profundas que, en un contexto de fuerte crisis sanitaria y social con un 40% de la población en la pobreza, garantice la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y ponga fin a la especulación empresaria con los precios. La intervención y participación popular es fundamental para trazar ese rumbo.

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