En pleno cierre de los canjes de deuda externa bajo legislación extranjera y local, el Gobierno formalizó el inicio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de un nuevo programa que reemplace al firmado en 2018 por Mauricio Macri y permita reprogramar los vencimientos del multimillonario préstamo de USD45.000 millones, que se esfumaron a través de una fuga de capitales récord. La discusión, que se extenderá hasta el primer trimestre de 2021 según las previsiones oficiales, incidirá en las políticas de la pospandemia.

Es que, más allá de los intentos por lavar su rostro, el Fondo sigue siendo el mismo. Y ninguna negociación con este organismo, comandado por las grandes potencias imperialistas, estará exenta de condicionalidades.

El inédito préstamo del FMI, por su magnitud, llegó para financiar la campaña presidencial de Macri. A mediados de 2018, cuando el expresidente pidió que nos enamoremos de Christine Lagarde, el país ya había entrado en un virtual default y vivía el inicio de una crisis cambiaria. Las tradicionales recetas de Washington se combinaron con un equipo económico ubicado incluso a la derecha del organismo: se llevó a cabo un ajuste fiscal y monetario sin precedentes que, lejos de estabilizar la economía y terminar con la inflación, derivó en tres años seguidos de recesión, un 2019 con la mayor suba de precios en tres décadas, un derrumbe promedio del 20% en el salario real durante el mandato de Cambiemos, miles de despidos y un salto de la pobreza al 35,5%.

La pandemia de coronavirus agravó la crisis, con un consecuente aumento de la pobreza y la desigualdad. Más allá de la importante ampliación del gasto social y de las distintas medidas paliativas impulsadas por el gobierno de Alberto Fernández, les trabajadores sufrimos un ajuste de hecho a través de la postergación de las paritarias y la multiplicación de las suspensiones con rebajas salariales en torno al 25% acordadas por la CGT y la UIA, y homologadas por el Ministerio de Trabajo.

En ese contexto, de desarrolla una disputa en torno a qué agenda de políticas se impondrá de cara a la pospandemia. El empresariado y la derecha promueven una salida con ajuste, devaluación y reformas flexibilizadoras de las condiciones de trabajo de cara a iniciar un nuevo ciclo de acumulación. Y rechazan cualquier intento de regulación a sus enormes ingresos, como se vio ante la Ley de Teletrabajo, el decreto que congeló hasta fin de año y declaró como servicios públicos a las telecomunicaciones, y el recién presentado proyecto de impuesto extraordinario a las grandes fortunas. A contramano, las organizaciones de la clase trabajadora y el campo popular necesitamos pujar en unidad por una agenda redistributiva de recuperación de los salarios y ampliación de derechos. Más allá de las grandes diferencias entre las políticas del Gobierno actual y las de la gestión macrista, la reapertura de la negociación con el Fondo no es una buena señal en ese sentido.

El acuerdo que se viene

El ministro Martín Guzmán exhibió hasta el momento a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, como una aliada en la negociación con los grandes fondos liderados por BlackRock. Es que el organismo, que no acepta quitas, impulsaba un recorte en los pagos a los acreedores privados para garantizarse la cobrabilidad de su crédito. Ahora, del otro lado del mostrador, el instrumento para lograrlo será condicionar la política económica.

Lo cierto es que el Fondo no otorga préstamos sino que financia procesos de ajuste. En ese sentido, la discusión de un nuevo programa que extienda los vencimientos de la deuda con el organismo (hoy concentrados entre 2021 y 2023) y permita obtener alrededor de tres años de gracia, como busca el Gobierno, tendrá sus principales focos en la reducción del déficit fiscal y las remanidas reformas estructurales (previsional, laboral, etcétera), siempre presentes en las recetas made in Washington. Una agenda que dentro del país impulsa el empresariado y la derecha.

La cuestión fiscal ya está sobre la mesa y condiciona incluso las medidas anticrisis. Está claro que el Gobierno actual no pretende avanzar en un shock de ajuste como el de Cambiemos. Pero, más allá de las diferencias en cuanto a los tiempos en que debe ser alcanzado este objetivo, el equipo económico del oficialismo coincide con el Fondo en que es importante la “prudencia” en el gasto con miras a alcanzar un superávit primario con el que hacer frente a los vencimientos de la deuda con los bonistas privados, que comenzarán a crecer a partir de 2024 de acuerdo al nuevo cronograma de pagos surgido de la reestructuración. En ese sentido, el Ejecutivo plantea la necesidad de ganar tiempo para reactivar la economía antes de afrontar los compromisos de deuda más abultados.

Pese a que desplegó un amplio paquete de medidas de asistencia (IFE, ATP, bonos para beneficiaries de la AUH, etcétera), lo cierto es que el gasto destinado a paliar la coronacrisis (de alrededor de 5% del PBI) fue menor al de varios países de la región. Y esta austeridad, con miras a la negociación con el Fondo, llevó a Guzmán a descartar un incremento del monto del IFE o la implementación un ingreso básico universal, como proponían incluso otros sectores del Frente de Todos. Otra muestra de ello fue la suspensión de la fórmula de movilidad de los haberes previsionales sancionada por el macrismo (en la reforma de 2017) justo en los meses en que los porcentajes de aumento iban a reflejar la inflación récord del año pasado, que hubiera permitido recuperar parte del poder adquisitivo perdido, con el objetivo de aprobar una nueva fórmula que desindexe las jubilaciones. El próximo capítulo, que dará una muestra más cabal de cómo el gobierno planea encarar la negociación, se dará en el proyecto de ley de presupuesto 2021 que se presentará a mediados de septiembre.

Todo esto muestra que para poner en pie una agenda en favor de los sectores populares es necesario romper con el FMI. Los argumentos sobran. No sólo por la experiencia histórica que muestra que cada programa acordado con el organismo significó un nuevo deterioro en las condiciones de vida de les trabajadores.

Como mencionamos, el Fondo autorizó que el préstamo contraído por Macri fuera destinado, además de a pagar deuda con acreedores privados (que es para lo que suelen utilizarse sus créditos), a financiar una fuga de capitales récord de protagonizada por los fondos especulativos que habían ingresado al país para hacer la bicicleta financiera. Y justamente la financiación de procesos de salida de capitales es algo que está prohibido por el propio estatuto de la entidad.

Por eso, es necesario que las organizaciones populares impulsemos en unidad la pelea por la investigación de la deuda emitida por el macrismo y el reclamo para que el FMI se vaya de Argentina. Para que la pospandemia no tenga como salida un nuevo ajuste, tenemos que poner todos los recursos del país al servicio de recuperar las condiciones de vida de nuestro pueblo.

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