Esta semana desembarcó en Argentina la misión del Fondo Monetario Internacional para iniciar de manera formal la negociación con el gobierno mientras se reactivó el intento por conformar un Consejo Económico y Social con las cámaras empresarias y las centrales sindicales. Las concesiones al organismo internacional y a los sectores concentrados de la economía no serán una salida para enfrentar el aumento de la pobreza y el desempleo.
Después de reestructurar la deuda con los acreedores privados, Alberto Fernández y Martín Guzmán se sentarán en la mesa con el FMI para discutir un nuevo programa económico respaldado por el organismo que reemplace al que firmó Mauricio Macri en 2018, que le dejó al país una deuda de USD45.000 millones más intereses. Un préstamo récord que, así como ingresó, salió del país a través de la fuga de capitales.
El gobierno busca cerrar un acuerdo lo antes posible, aunque sabe que la negociación podría extenderse hasta el primer trimestre del próximo año. Su objetivo es extender el plazo de repago de los multimillonarios vencimiento, que hoy se concentran entre 2021 y 2023, y conseguir un período de gracia de al menos tres años. Pero un arreglo de ese tipo no es gratuito. Pese al lavado de cara que intentan darse las actuales autoridades del Fondo, el organismo con sede en Washington –que responde a las directrices del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, el único país miembro con poder de veto- no abandonó su recetario neoliberal.
Mientras la misión se reunía con Guzmán y Miguel Pesce (el presidente del Banco Central), la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aseguraba en la CNN que no venían al país a exigir más recortes del gasto en un contexto de pandemia. Sin embargo, en una máxima que incluso repiten los propios funcionarios del gobierno, el Fondo no es una entidad crediticia sino que financia procesos de ajuste.
Las últimas iniciativas del Ejecutivo son muestra de que la propia decisión de negociar con el Fondo ya tiene un impacto. El proyecto de Presupuesto 2021 avanza en una reducción del déficit fiscal de alrededor de 3 puntos que, si bien en parte se debe a la expectativa de una mejora en la recaudación por el rebote de la actividad, también implica eliminar todo el gasto de emergencia asociado a la pandemia, como el IFE, el ATP y otras transferencias que fueron insuficientes pero importantes en el contexto de crisis. Con una pobreza que llegó al 47% en el segundo trimestre, que no se revertirá de un día para el otro, incluso se puso en duda el pago de un cuarto IFE en estos días.
También el relanzamiento del Consejo Económico y Social, que el lunes reunió en la Rosada al gabinete económico con dirigentes de las principales cámaras empresariales y la cúpula de la CGT y la CTA de los Trabajadores junto a la UTEP. Allí, el gobierno pidió apoyo de cara a la negociación con el FMI. Pero ese intento de pacto social es un plafón para discutir un plan pospandemia que viene siendo a la medida de la agenda de los sectores concentrados: más rebaja de retenciones, una módica recuperación salarial en 2021 que implicaría cristalizar lo perdido con el macrismo y la coronacrisis, descongelamiento de tarifas, devaluación, entre otros puntos.
Es que Fernández y Guzmán coinciden en dos máximas fundamentales que traerá el Fondo: la necesidad de ir hacia un superávit fiscal y la de flexibilizar los actuales controles cambiarios y de capitales. La diferencia está en la velocidad de su concreción. Guzmán quiere evitar un ajuste en shock como el que aplicaron Macri y Dujovne tras el acuerdo de 2018, y tener algo de espacio para no ahogar el tímido rebote de la economía proyectado para los próximos años -5,5% en 2021 contra una caída de 12,1% en 2020- con recortes del gasto público más fuertes.
Por eso, la negociación de un acuerdo con el FMI así como un acuerdo social a la medida de los empresarios son incompatibles con una salida de la crisis a favor de la clase trabajadora. Es necesario que las organizaciones populares peleemos en unidad para echar al Fondo y plantear la investigación de una deuda ilegítima e ilegal que ingresó únicamente para financiar la campaña de Macri en un proceso inédito de fuga de capitales, algo que prohíbe el propio estatuto del organismo. Necesitamos contraponer a la agenda patronal una agenda pospandemia propia de les trabajadores, que implique ponga en el centro de la escena la distribución del ingreso, un impuesto a las grandes fortunas permanente que permita y el vuelco de la multimillonaria deuda con el FMI a la conquista de nuevos derechos para el pueblo.