Una inestabilidad política y una crisis de representación recorre al Caribe hace años. Gobiernos títeres del imperialismo y democracias fallidas que no logran sostenerse en el tiempo se enfrentan a masivos rechazos populares. La crisis general abierta a finales de la década pasada, profundizada por la crisis del covid19 genera un descontento social que se traduce en crisis políticas. En esta nota hacemos un repaso sobre las situaciones de Guatemala y Haití que en los últimos días han abierto nuevos escenarios de movilización popular.
Guatemala
Guatemala ingresa como noticia a los medios del continente por la movilización de la CODECA que baja desde las montañas hasta llegar a copar las ciudades. Una organización de campesinos indígenas que viene construyéndose hace años se hace ver en las 19 ciudades del país. Exigen la renuncia de Giammattei por su “incapacidad para atender la salud y las necesidades urgentes del país durante la pandemia”. También, de ls Fiscal General de la República por no investigar los casos acumulados de asesinatos de líderes y lideresas sociales, secuestro y asesinato de mujeres y niñas y paralización de investigaciones de corrupción a la casta política.
En el 2014 el entonces presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, se refirió a la CODECA como el “cáncer social que crece incontenible en el país”. A partir de la convocatoria en el año 2012 a un Proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, la CODECA se convirtió en un actor político de peso sustancial en la política guatemalteca. Para el año 2018, construyeron un partido político-electoral junto a organizaciones políticas llamado Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Al presentarse por primera vez en las elecciones presidenciales para 2019, mediante la candidatura de Thelma Cabrera (de origen campesino y maya) lograron obtener el 10% de los votos.
La campaña se centró en el llamado a una Constituyente Popular y Plurinacional, la necesidad de la estatización de los servicios básicos privatizados durante décadas neoliberales y el enfrentamiento al crimen organizado, que en muchos países de América Central funciona como narcoestado. También, en el derecho a la salud y la educación.
El Movimiento para la Liberación de los Pueblos logró obtener una banca que es utilizada para canalizar proyectos que acompañen las movilizaciones callejeras. En los últimos días presentaron al Congreso de la República una ley para nacionalizar todos los bienes privatizados del país. Así, la CODECA y el MLP se inscriben en una serie de organizaciones populares de América Latina que además de dar la lucha en las calles buscan intervenir en el campo institucional y las elecciones generales llevando proyectos transformadores para el país.
Una “democracia” que no logra estabilizarse
Guatemala terminó luego de 36 años la guerra civil en 1996. Desde ese momento, los gobiernos “democráticos” han tenido problemas para terminar sus mandatos ya sea por resistencia popular o por causas de corrupción que se han mediatizado. En un país donde se calcula que el 60% de la población es de origen indígena, la única candidata en 2019 indígena fue Thelma Cabrera. Las diferencias entre el “campo” y la “ciudad”, y entre los sectores indígenas y los sectores acomodados de la república son estructurales. El acceso a la salud, a la educación, y a las posibilidades laborales son totalmente desiguales en un país donde la proyección de vida de las juventudes del campo suele ser trabajar como empleadx doméstico de un patrón de la ciudad.
Luego de la destitución y encarcelamiento de Otto Pérez Molina en 2015, los dos gobiernos posteriores no han podido mantener la institucionalidad. Jimmy Morales, su sucesor en 2016, dijo que había podido terminar su mandato “gracias al respaldo expreso del gobierno norteamericano de Donald Trump”. Hoy, se encuentra refugiado en el Parlamento Centroamericano acusado de corrupción.
Alejandro Giammattei, actual presidente, ha desplegado una política nula de protección social desde el inicio de la pandemia. Si bien los sectores campesinos no han sido los más golpeados por el COVID, salen a la calle por demandas estructurales. Guatemala atraviesa un endeudamiento histórico. A las movilizaciones populares se les viene oponiendo un estado de excepción que se torna cada vez más permanente y habilita índices altos de represión.
Haití
Otro país convulsionado por la crisis institucional y la rebeldía en las calles es nuevamente Haití. Desde el 2019 se vienen sucediendo importantes movilizaciones de masas contra el gobierno de Jovenel Möise.
La oposición considera que el mandato de Möise acabó el 7 de Febrero. Tanto el Poder Judicial, como las organizaciones sociales, líderes religiosos rechazan la continuidad del gobierno. Sin embargo, el presidente insiste en reformar la carta magna y realizar elecciones legislativas en Septiembre. Cuenta con el apoyo de la Unión Europea, Naciones Unidas, la OEA y la Comunidad de Caribe, es decir, el conjunto de las instituciones diplomáticas que el imperialismo hace pesar en América Latina y el Caribe.
La oposición por su parte nombró a un presidente interino: Joseph Mécène Jean Louis. La promesa, es evitar el fraude electoral y realizar “elecciones honestas y creíbles”. Los conjuntos de los partidos de oposición plantean como salida una “conferencia nacional soberana”, el fortalecimiento del Poder Judicial, la reforma de la Constitución y del sistema electoral y el restablecimiento de la seguridad en todo el país.
Algunas consignas que pueden leerse en las manifestaciones son “No a la injerencia de la ONU y la Organización de los Estados Americanos”, “La democracia está en peligro”, “Caminamos por la dignidad”, y “No nos someteremos a la dictadura”.
La injerencia de Estados Unidos es visible hace décadas. Durante los 80’ impulsaron la deforestación de cultivos de arroz (principal fuente de alimentación y exportación al momento); durante los 90’ apoyaron el golpe de Estado al presidente Arístide que había ganado con la consigna de reforma agraria, aumentos salariales y derechos sindicales y durante los 2000 se han hecho presentes directamente mediante la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití. Esta duró hasta el 2017. Como suele suceder, la misión no trajo paz ni estabilidad, si no guerra, corrupción e incluso un brote de cólera traído por los soldados. El terremoto en 2010 aumentó la crisis social del país. La injerencia pudo verse en que la reconstrucción del país estuvo a cargo de la Fundación Clinton. Y durante el gobierno de Möise, que se ha declarado abiertamente trumpista, en la aplicación de un paquetazo a pedido del FMI.
Haití cuenta con una larga tradición de resistencia anticolonial. Fue el primer país en América Latina en declarar la independencia, en una revolución liderada por esclavos negros que reformaron las bases del país. Llegaron a declarar que cualquier esclavo del mundo que pise suelo haitiano sería liberado. Esa rebeldía hoy se expresa en la calle, aunque todavía no pueda superar la fragmentación y dispersión de los sectores populares y trasladarse a una alternativa política vinculada de manera más directa con las movilizaciones populares.
Los sujetos que forman parte de estas movilizaciones son fundamentalmente indígena en el caso de Guatemala y el pueblo negro en Haití. Respectivamente, son los sujetos que no han ingresado a la “ciudadanía” planteada por las democracias y su plenitud de derechos. Las consecuencias de siglos de coloniaje, tanto en Guatemala como en Haití, siguen vigentes en una estructura social profundamente desigual y en la nula soberanía política y económica de sus gobiernos a pesar de los llamados a elecciones relativamente regulares. Las movilizaciones callejeras logran criticar el carácter dependiente de la política y la economía en cada lugar. La construcción de alternativas que combinen la movilización callejera con debates de transformación del país son una necesidad del ciclo político. En un año que recién empieza, los pueblos del caribe tienen mucho por hacer.