Octubre deja un saldo. El mes que pasó no fue uno más en el ya casi primer año de gobierno del Frente de Todxs. El operativo de desalojo y represión montado en Guernica, así como el fallo contra el Proyecto Artigas en Entre Ríos -ambos el mismo día- implicaron un fuerte choque entre el accionar del gobierno y las expectativas de distintos sectores populares. Mientras las balas volaban en Guernica, esa semana los especuladores y fondos que llevaron al país a la crisis, se embolsaban un “seguro contra la devaluación” a través de un bono atado al dólar que les garantiza -otra vez- que nunca perderán. 

A su vez, en esos días ácidos de octubre, Diputados dio media sanción a un presupuesto que, en un cuadro de pobreza que orilla el 50%, se propone reducir el déficit fiscal a la mitad. Se termina el IFE, se reduce el ATP y se avanza en un aumento de tarifas.

Lejos del presupuesto de inclusión social, el proyecto de ingresos y egresos toca la melodía del FMI que ya prepara su segunda visita para este mes. 

Las efemérides y algo más 

El mes de octubre no fue sólo la ocasión para la liturgia. Entre efemérides peronistas y populares se pusieron de manifiesto tensiones al interior de la alianza gobernante al tiempo que la presión de “los mercados” y la derecha se profundizó en distintos planos. La magnitud de la crisis económica y sanitaria se fue desplazando así, al calor de la suba del dólar, a una crisis política con rumores constantes de un recambio de gabinete. El pasaje de la crisis económica a la política lo delata la carta de la vicepresidente Cristina Kirchner que convoca a sus adversarios a un gran acuerdo nacional. 

En contraste al solitario acto encabeza por AF y organizado por el PJ y la conducción de la CGT, las movilizaciones convocadas por el Fresimona y la CFT que tuvieron lugar el 17 de octubre pusieron de manifiesto que amplios sectores de la sociedad, base social del actual gobierno, identifica que aún en el marco de la pandemia la disputa en las calles comienza a urgir. Entre el clima de festejo conmemorativo se dejaba ver que tras meses de movilización -limitada- de la derecha y con una agenda cada vez más impuesta por este sector político era necesario una muestra de fuerza. El frustrado acto virtual -que tampoco pudo ni podía cumplir el rol de unificar el peronismo por arriba- fortaleció la presencialidad en caravanas que se extendieron a lo largo de todo el día en distintos puntos del país. No sólo fue una señal para la conducción de Daer y Acuña sino que por tiro de elevación (el primero del mes) también para Alberto Fernández.

En la otra fecha del calendario peronista en el mes, el décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y el año del triunfo electoral del FdT, nuevamente lo anecdótico fue lo impulsado de manera “oficial” (es decir el acto en el CCK que, otra vez, encontró al Presidente sin respaldo). El día anterior, la carta abierta publicada por CFK puso a todo el mapa político a discutir con la vicepresidenta. La emergencia de la figura de la vicepresidenta para llamar a sus adversarios a un acuerdo delata la incapacidad oficial de trazar un curso de salida a la crisis. No casualmente, la mayor reivindicación de Néstor Kirchner en el décimo aniversario fue su capacidad de “correr los límites e instalar la agenda”. Otra vez, un tiro por elevación al presidente mientras las distintas fracciones atienden su juego en pleno desarrollo de la tormenta.

Día Nacional de la Propiedad Privada

El arrinconamiento político, sin embargo, ya dió sus primeros síntomas de un desenlace y plantea el interrogante en el campo popular sobre si nos encontramos ante un punto de inflexión. El despliegue represivo y desalojo en Guernica, primero, y el fallo judicial y desplazamiento del Proyecto Artigas en Entre Ríos, todo en una misma mañana, dio la señal de largada a nivel nacional contra las ocupaciones de tierra -de las familias sin techo, no de los desarrollos inmobiliarios-. En los días posteriores, AF respaldó a Kicillof y Berni en un acto con la policía y se sucedieron desalojos en Río Negro, Escobar y Rafael Castillo.

En el caso de Guernica, se trataba de la ocupación de tierras más grandes de las 3 mil ocurridas en territorio bonaerense desde el inicio de la cuarentena. Allí alrededor de 2 mil familias construyeron cuatro barrios sobre terrenos no utilizados y cuya propiedad, de El Bellaco S.A., se encuentra cuestionada, además de que sería utilizada para un countrie (de los cuales más de la mitad no paga impuestos). Tras dos postergaciones de la orden de desalojo (expresión de la búsqueda de una salida acordada al conflicto) tuvo lugar un despliegue policial desmedido (con casi cuatro efectivos por poblador censado en la toma), con balas de goma, gases, quemas y la escena de las topadoras sobre las casillas.

En la jornada previa al desalojo, un acuerdo estaba cerca de alcanzarse. Al conocer esta situación,sectores de la derecha peronista como la intendenta massista de Presidente Perón, Blanca Cantero, y la derecha representada en Juntos por el Cambio salieron a “denunciar” y tirar abajo el acuerdo. Kicillof, como lo hizo con la extorsión de la Bonarense, cedió hacia una salida “en defensa de la propiedad privada”, el leit motiv de la burguesía y la derecha para cualquier acuerdo. Así le devolvió el protagonismo a un muerto político como Berni con el concurso “popular y macartista” de Larroque. A contramano de esta actitud lamentable, diferentes organizaciones del Frente de Todos denunciaron la represión y el papel del gobierno provincial. 

Con diferencia de horas, el desalojo en Entre Ríos del Proyecto Artigas, a instancias del poder judicial, terminó de pintar el cuadro del día. En este conflicto que implicaba un choque con una fracción de los terratenientes de la Sociedad Rural, el gobierno nacional le restó cualquier tipo de respaldo a los militantes, incluso siendo de una fuerza que integra el gobierno como el Frente Patria Grande. 

El jueves 29 de octubre fue un día de festejo para la burguesía de nuestro país. En ambos casos, la intervención del poder judicial no fue anecdótica sino todo lo contrario. Tanto en Entre Ríos como en Guernica “los propietarios” están flojos de papeles, sin embargo no encontraron mayores problemas para imponer sus intereses. Tampoco hubo grandes esfuerzos del resto de las fuerzas políticas del Frente de Todos por torcer el rumbo de los acontecimientos.


El gobierno parece dar señales así de que finalmente la crisis y la presión de la derecha no sólo le tuerce el brazo sino que efectivamente ya lo lleva a ejecutar su plan de “shock de confianza”, siempre en favor de los más ricos.

Pero los efectos de la crisis van a seguir reproduciendo esta postal. La concentración de la tierra es una muestra concreta de la desigualdad creciente. Guernica y Entre Ríos no fueron excepciones sino expresiones de procesos profundos que salen a la luz. Según el Censo rural del censo agropecuario realizado en 2018, 863 personas/familias poseen 34, 2 millones de hectáreas, es decir, un cuarto del territorio nacional. El problema de la tierra y la vivienda es una cuestión urgente.

Un presupuesto en la “sintonía fina” del FMI, ¿anticipo de un plan sin épica?

En el contexto señalado el dato principal del presupuesto 2021, que ya tiene la media sanción de Diputados, está vinculado a la reducción en el gasto social respecto al corriente año cercano a un 9% en términos reales. Los principales factores que repercuten en esta caída están dados por la eliminación de la IFE, la reducción del ATP y el aumento de tarifas para el próximo año ya que, en la mirada del gobierno, fueron medidas extraordinarias por el contexto pandémico. Sin embargo, no está clara la resolución del escenario sanitario de cara al año entrante y los efectos objetivos en la economía han llevado los niveles de pobreza al 35% de la población. En áreas centrales como salud, se ejecuta una reducción de cerca del 9%. Por otro lado, las paritarias estatales y de docentes universitarios cerradas en un 7 % son un ejemplo claro de la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora que tampoco contempla equiparar el presupuesto 2021.

Pese a que con la reestructuración de la deuda lo destinado a los intereses será un 24% menor respecto al corriente, el gobierno se encuentra en plena renegociación con el Fondo Monetario por la estafa que el organismo realizó con Macri y que ahora se busca hacer pagar al pueblo argentino. Para el organismo dirigido por Georgeva, el déficit financiado con deuda y emisión debe reducirse todavía más, es decir, más ajuste para garantizar el pago de la deuda en la próxima década. En este sentido, el gobierno camina sobre la cornisa. Luego de un año con pandemia y crisis social y económica creciente encara las elecciones legislativas con el reclamo del FMI de ejecutar un plan de ajuste que puede redundar en una derrota en las urnas frente a una coalición de derecha que, con sus matices, se mantiene unificada. Las versiones de una suspensión de las primarias para el año próximo deben leerse en este cuadro.

Una salida popular a la crisis

La derrota contundente del macrismo hace un año en las urnas fue producto de la conjunción de una constante movilización popular durante esos cuatros años y la canalización de la parte mayoritaria del descontento y de quienes resistieron las políticas de Cambiemos en la propuesta política del FdT. Quiénes se organizaron allí y quienes lo votaron fue por la recuperación de los salarios destruidos por la devaluación macrista, por la profundización de una agenda de derechos como el aborto legal seguro y gratuito, por una política de corte redistributivo, etc. Está claro que la pandemia pateo el tablero a nivel mundial, eso no lo negamos, pero el recorrido que hemos hecho en esta nota da cuenta que el último mes fue significativo respecto a un rumbo que comienza a asumir el gobierno de AF. Un rumbo contrario al que lo llevó al triunfo y que, de seguir así, puede devolver el poder a la derecha otra vez incluso con el voto popular.

La propuesta de un acuerdo social con la oposición y los grandes sectores económicos en estas condiciones es un arma que tendrá un solo filo. Las concesiones que comenzaron con Vicentín, siguieron con el cajoneo del impuesto a las grandes fortunas, de la reforma judicial y que tuvieron su corolario con los desalojos sólo allanan el terreno para que la derecha vaya por más mientras el campo popular se debilita.

A quienes hablan de la falta de correlación de fuerzas y condiciones para proponerse una disputa más radical y la apuesta a fortalecer un centro político, los recientes comicios en Chile y Bolivia vienen a desmentirlos. Como hemos venido señalando y como se ve en la disputa más general en la región, es necesario fortalecer la unidad de los sectores populares por una agenda que plantee el cuestionamiento a que sea el pueblo quien pague la estafa de Macri y el FMI; por el tratamiento inmediato del impuesto a las grandes fortunas y su instalación en forma permanente; el derecho a la vivienda y a la tierra, ningún desalojo ni represión; aumento de salarios acorde al costo de vida y defensa de los puestos y condiciones de trabajo; aborto legal e integración laboral trans ya.

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