En el marco del #28S, entrevistamos a Laura Zuniga, del COPINH de Honduras, y a María Teresa Blandón. Socióloga y coordinadora de la organización feminista La Corriente. Managua, Nicaragua.

Honduras

1) ¿Cuál es la situación de acceso al derecho del aborto en Honduras? Es legal con restricciones, totalmente legal, está prohibido?

Laura Zuniga: La situación de acceso al derecho al aborto en Honduras está restringuido, es perseguido y criminalizado. A partir del golpe de Estado del año 2009, hubo un retroceso total en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hemos visto, por ejemplo la prohibición al uso de la pastilla del día después, vimos la criminalización del aborto y la persecusión de la lucha por la legalización del aborto. Las mujeres se ven obligadas a abortar en la clandestinidad, en situaciones de vulnerabilidad y violencia altas. Además, no hay educación sexual que permita a las mujeres poder decidir poder entender no hay tampoco anticoncepción al alcance. Entonces, se vuelve bastante difícil todo esto y vamos también con la entrada no sólo del reforzamiento de la militarización el país sino también de fortalecimiento de instituciones que están en contra de los derechos de las mujeres como las iglesias, tanto católicas y evangélicas, que en sus cúpulas defienden defienden la opresión de las mujeres y niñas y diversidades en este país la persecución y la violencia sistemática.

2) ¿Qué implica atravesar un aborto en tu país en el contexto de la pandemia covid-19?

El acceso al aborto en Honduras ha sido en clandestinidad. Muchas veces se accede a medicamentos sin saber cuál es su verdadera procedencia. Las mujeres se tienen que someter a inyecciones de cosas que no saben qué es lo que se les están aplicando, a veces no funcionan. En tiempos de pandemia se complica aún más porque aquí en Honduras vimos en un momento de cuarentena, pero ahora lo que vemos es que el control de las calles por los militares significa una mayor represión. Significa no tener acceso a Hospitales porque están colapsados, son lugares también de riesgo entonces el derecho a la salud ya está en riesgo, ya había estado y durante la pandemia pues es realmente muy muy difícil. Entonces las mujeres están aquí abortando, las que logran hacerlo en situación de riesgo a su vida, y en silencio y con la criminalización y el señalamiento que hay incluso dentro de las familias y las comunidades.

3) ¿Como movimiento feminista cómo se vienen organizando para reclamar por este derecho?

En Honduras el movimiento se viene organizando en encuentros para el derecho a decidir. Varias organizaciones feministas se han agrupado para poder encontrarse digamos y poder hablar, poder también exigir este derecho a este país y aunque se vive pues una dictadura y un alto grado de represión. Dentro de las comunidades las mujeres hemos buscado encontrarnos y poder también buscar en nuestros conocimientos en prácticas históricas y ancestrales otras formas de protegerse digamos. Incluso prácticas de abortos que desconocían las mujeres que pueden llegar a ser más seguras que abortar en una clínica privada o abortar con gente que que le administra cosas dudosas en el cuerpo, muchas veces lo hacen cómo para castigar a las mujeres. Entonces se viene rearmando ese tejido que desde la complicidad busca pues acompañarse también.

Ha sido bastante interesante y también bastante violenta la respuesta del gobierno, de golpear a las mujeres cuando salen a exigir, por medio de la criminalización. Pero yo creo que poco a poco las mujeres hondureñas van avanzando en evidenciar la necesidad de la legalización del aborto acá, seguimos ahí en lucha en las comunidades en las urbanidadedes exigiendo derechos, pero vivimos en un Estado patriarcal, represivo, racista y autoritario con cómplices internacionales, que apoyan este Estado. Pero los pueblos y las mujeres seguimos dando la batalla.

NICARAGUA

1) ¿Cuál es la situación de acceso al derecho del aborto en tu país? Es legal con restricciones, totalmente legal, está prohibido?

María Teresa Blandón: En Nicaragua hasta el 2006 existía la figura del aborto terapéutico, planteaba que los hospitales debían tener tres facultativos para disernir cuándo un embarazo podía ser interrumpido por razones terapéuticas. A partir del 2007, con el regreso de Daniel Ortega del Frente Sandinista, el aborto fue penalizado de manera absoluta en nuestro país. Se establecen penas de hasta 8 años para las mujeres que aborten o para el personal médico y/o personas que acompañen a estas mujeres.
El impacto ha sido terrible, y por supuesto a quienes más ha afectado es a las niñas, en un país donde el abuso sexual es pandemia, y a las mujeres pobres que se enfrentan a embarazos de alto riesgo.

2) ¿Qué implica atravesar un aborto en tu país en el contexto de la pandemia covid-19?

En algunas ocasiones significa recurrir a abortos clandestinos, a abortos de alto riesgo. También significa sufrir lel mal trato y revictimización por el personal de la salud cuando llegan a hospitales público con abortos incompletos. También implica que muchas mujeres llevan adelante embarazos no deseados. Y muchas otras mujeres han muerto, como se ha documentado, por no lo haberles practicado un aborto de forma oportuna y segura.

3) ¿Como movimiento feminista cómo se vienen organizando para reclamar por este derecho?

El movimiento feminista de nicaragua en sus diferentes versiones, desde la novedad del 2007 construyó una plataforma nacional en defensa del aborto, y para conseguir la restitución del aborto terapéutico. Participan organizaciones feministas, de derechos humanos, organizaciones de médicos/as. Se ha mantenido una campaña permanente. Se presentaron alrededor de 70 recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia. Pero en este país, una de las tónicas es la retardación de la Justicia. Nunca fueron respondidos estos recursos. Hemos presentado informes periódicos a Organismos Internacionales regionales, en la Corte Americana de Derechos Humanos y en la ONU. Distintos comités se han pronunciado y han solicitado al régimen Ortega-Murillo la revisión de esta disposición punitiva. Pero no hemos logrado tener ninguna respuesta.

Sin embargo, y a pesar de toda la hostilidad y las campañas de estigmatización que venimos recibiendo por el régimen Ortega-Murillo, seguimos impulsando campañas de sensibilización, seguimos rastrillando los datos de muertes de mujeres y niñas por razones de embarazos de alto riesgo, y seguimos demandando que se revise la legislación a ese respecto.

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