La Federación de Trabajadores Aceiteros junto con la Unión de Recibidores de Granos y el Sindicato Aceitero de San Lorenzo protagonizan una histórica huelga por salarios que se acerca a las dos semanas. El paro, junto con la enorme marea verde por el aborto legal, aportan un elemento distinto al paisaje de un fin de año marcado por los coletazos de la recesión y la crisis sanitaria.
La medida conjunta de las tres organizaciones gremiales mantiene paralizada la actividad en los puertos y la exportación, golpeando en uno de los sectores estratégicos de la economía por el peso que ocupa el ingreso de divisas proveniente de la liquidación de la cosecha. Justamente, como vienen señalando distintos análisis, las Cámaras exportadoras que intentan quebrar y disciplinar una de las experiencias más valiosas de la clase obrera de las últimas décadas, son las que retienen alrededor de 10 millones de toneladas de soja sin liquidar, un equivalente a cerca de 5 mil millones de dólares, a la espera de una devaluación.
Luego del fallido intento de intervención y expropiación por el desfalco de Vicentín contra las arcas públicas -ahora confirmado por la Justicia-, el Gobierno se encuentra embarcado desde octubre en una estrategia de “seducción” a los sojeros con una agenda de reuniones regulares con el Consejo Agroindustrial, que reúne a las cámaras del sector. El paquete de beneficios para que liquiden la cosecha y oxigenen el ingreso de divisas es uno de los objetivos fundamentales del oficialismo para contar con un 2021 electoral en paz.
Para la proyectada recuperación, el Gobierno también debe todavía sortear la crisis sanitaria con una segunda ola de contagios de coronavirus que se avecina mientras el acceso a la vacuna está limitado por la puja y especulación de los grandes laboratorios.
En paralelo, el Ejecutivo apura un acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI para marzo que sea el santo y seña de la “previsibilidad” que le reclama la Asociación Empresaria Argentina (AEA) a Guzmán en sus reuniones cada vez más frecuentes. El costo de esta “normalización” queda a la vista luego de la destrucción dejada por la pandemia y el macrismo: el casi 50% de pobres, la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo de dos dígitos, son postergados para acordar la agenda del establishment. Quizás el punto de síntesis de esta orientación pueda encontrarse en la represión a los miles de sin techo en Guernica.
Por supuesto, esto reforzó las tensiones internas en la coalición oficial, que se ratificó en su continuidad con el reciente acto en La Plata con la participación de sus principales referentes pero evidenciando nuevamente las divergencias que recorren el armado.
La carta de senadores al FMI, la ofensiva sobre Larreta, los cambios a la ley previsional enviada por Alberto, los cuestionamientos al Poder Judicial, el impuesto a las grandes fortunas, los cambios en el manejo de la ley del Fuego, la tarifa social en telecomunicaciones, el tratamiento de la legalización del aborto y, más recientemente, la postergación del aumento de tarifas -curiosamente mencionadas por CFK en su discurso en la Plata- son iniciativas de corte popular que buscan atender parcialmente una larga lista de reclamos.
Sin embargo, más allá de la unidad electoral, es evidente que las divergencias marcan vías de salida distintas que son, en definitiva, irreconciliables. El plan de Massa y el establishment, por ejemplo, es absolutamente el opuesto al que promueven movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares del Frente de Todos. La sola postergación por tres meses del aumento de tarifas -cuando igual la nafta ya se anota cuatro subas consecutivas en los últimos meses- rápidamente despierta las advertencias de las ortodoxia fiscal que pide cumplir a rajatabla con el recorte del déficit previsto para el año próximo. Del mismo modo, la inflación comienza a dar señales de dispararse luego del “descongelamiento” de los valores de los productos (lo que obligó a CFK a incorporar el planteo de retomar el control de precios). Ni decir que, aunque correctos, los cambios en la nueva ley previsional no bastan para saldar las necesidad de lxs jubiladxs. En tanto, el plan de regularización de la planta pública anunciado es un anuncio positivo pero, en la paritaria, trabajadorxs esenciales siguen perdiendo poder adquisitivo con un aumento por detrás del aumento del costo de vida y en cuotas. En esto se inscriben, por otro lado, la contradicción de reglamentar la ley de cannabis medicinal mientras se da rienda suelta a los delirios de un represor como Berni: se denuncia la doctrina Chocobar pero -como indica el informe anual de Correpi- se registraron 411 asesinatos bajo el primer año de mandato de AF a manos de las fuerzas represivas.
En ese cuadro, la huelga histórica aceitera introduce un elemento novedoso y a la vez fundamental: la intervención y protagonismo de un sector organizado de lxs trabajadorxs con una medida de acción directa para que el peso de la crisis no caiga sobre las espaldas del pueblo, sino que lo pague -aunque sea mínimamente- los grandes sectores beneficiados de la economía coloca en el centro la cuestión de la concentración de la riqueza y quienes la producen. A su vez, aunque no directamente ligadas, algo similar ocurre con la masiva movilización por la legalización del aborto que el próximo 29 de diciembre puede consagrar una victoria histórica resultado de la incansable lucha del movimiento feminista y disidente por la ampliación de derechos.
El triunfo de ambas luchas serán avances que fortalecerán indudablemente al movimiento popular para pelear por un rumbo de salida a la crisis a favor de las grandes mayorías, por lo que debemos tener una participación y solidaridad activa. También se registran otras importantes peleas en distintos ámbitos: la lucha contra la megaminería en Chubut, el paro de una semana de lxs trabajadorxs de Página 12 o contra los femicidios en Mendoza.
Una derrota de las grandes patronales servirá para profundizar la discusión que la estafa de Macri y el FMI no la pague el pueblo, y que el impuesto a las grandes fortunas debe sistematizarse así como acompañarse con otras medidas de mayor control e intervención sobre los sectores fundamentales de la economía que servirían para obtener los recursos necesarios para un desarrollo nacional y soberano junto con un mayor avance en derechos como la inclusión laboral trans.
Por supuesto, inevitablemente ya comienzan a ponerse en marcha los preparativos para las elecciones legislativas -con el debate sobre la suspensión de las PASO como catalizador de las disputas internas del oficialismo-.
Los comicios de medio término darán cuenta, siempre en forma imperfecta pero expresiva, de la correlación de fuerzas existente y plantearán una fuerte disputa programática contra la derecha en todos sus niveles. Sin embargo, más allá del episodio -fundamental- en las urnas, debemos construir la unidad popular por los reclamos urgentes del pueblo para derrotar a la derecha y defender las necesidades de lxs trabajadorxs. Para eso nos preparemos en 2021.
¡Por el triunfo de la huelga aceitera!
¡Aborto legal YA!
¡Impuesto permanente a las grandes fortunas!