Desde el delta del Paraná hasta las sierras de Córdoba, pasando por Santa Fe, Chaco, San Luis y todo el noroeste, los incendios forestales avanzan imparables sobre el territorio nacional. El fuego avanza sobre patrimonios naturales, como son los bosques y humedales, arrasando nuestros ecosistemas. Tal como sucedió y sucede en el Amazonas, Bolivia, Paraguay y más lejos en Australia, España, Portugal, California, etc., la situación en nuestro país es hoy dramática.
Los registros oficiales dan cuenta de la magnitud de la crisis. Hay 14 provincias que registran focos de fuego desde hace varios días. Las imágenes y videos en redes sociales demuestran lo terrorífico de los escenarios, donde animales salvajes y flora autóctona están siendo devastadas. Las llamas se apoyan y combinan con la situación de sequía que vive el centro y norte de nuestro país, fenómeno de alguna manera común en nuestro país. Sin embargo, las características de la sequía actual, que afecta también a Brasil y Paraguay son el escenario perfecto para que los fuegos se extiendan con más facilidad. Las condiciones que impone el calentamiento global permiten suponer que estos fenómenos extremos se volverán aún más frecuentes en el futuro. Es necesario adelantarnos a esos escenarios.
El “año de la pandemia” tiene que ser un punto de inflexión, nunca estuvieron más claras las urgencias medioambientales, nunca se vio tan clara la interrelación entre nuestras acciones y el medio natural. La destrucción del hábitat natural (por incendios, desmontes, etc.) de un sinfín de especies, fuerza a los animales a morir o a huir a ambientes urbanos, aumentando el riesgo de zoonosis, focos de nuevas pandemias. Se calculan más de 200 mil hectáreas perdidas de bosque nativo en la zona centro del país o de los humedales en Santa Fé, Chaco y Formosa. Estos últimos cubren casi un quinto del país y son un foco de biodiversidad invaluable. Ambos ambientes son piezas claves en tanto los “servicios ecosistémicos” que brindan como la retención del agua que evita inundaciones o la producción del oxígeno que respiramos.
El caso de los incendios nos dice mucho del modo de producción actual, estando directamente ligados con la expansión de la frontera agrícola. Las llamas y la sequía además de destruir ecosistemas naturales, están cargándose fincas y campos de pequeños agricultores, que no cuentan con la espalda que tienen los grandes pooles de siembra y también fuerzan a comunidades, como las Qom en Chaco, a desplazarse y abandonar sus tierras. Así, una vez arrasadas son aprovechadas por grandes productores y especuladores inmobiliarios, los grandes beneficiados de este ecocidio. Esperan rematar nuevas oportunidades de lucrar a costa de la naturaleza, del pueblo trabajador y de la humanidad como especie.
Urgen soluciones y respuestas concretas, no podemos permitir que este ecocidio continué como si nada, sin responsables ni penalidades. Mientras desde abajo peleamos y seguimos construyendo redes de producción y consumo agroecológicas, sostenemos luchas en defensa del territorio ante el avance del extractivismo, exigimos que gobiernos y autoridades nacionales y locales hagan cumplir la ley. Hoy en día existe una ley de Bosques, que sin la plena aplicación de los controles terminan siendo letra muerta. Por otra parte, el lobby empresarial presiona y obtura los proyectos en discusión de una ley de Humedales. Desde un sector del oficialismo se impulsa un proyecto de modificación a la ley de Incendios, que busca limitar por 60 años el uso de suelo futuro de las zonas incendiadas. Si queremos soñar con un futuro sin extractivismo de nuestros cuerpos y territorios es preciso avanzar con proyectos como este, con más controles, profundizando el derecho a la tierra de comunidades originarias y potenciando formas de producción y consumo alternativas. En este contexto de crisis sanitaria y climática global, no podemos permitir que la codicia capitalista continúe con la destrucción del medio ambiente. Es preciso el involucramiento del conjunto del pueblo trabajador en las discusiones de materia ambiental y que se entienda que los territorios son un bien social y no un recurso a ser administrado por unos pocos.