La irrupción de la pandemia del COVID-19, aparte de poner en el centro de la escena la situación del sistema de salud, también generó una atención creciente a las causas medioambientales que la generaron. Del mismo modo, en las últimas semanas las quemas en múltiples provincias de nuestro país pusieron en primer plano a nivel local el modo en que se explotan y destruyen, para la ganancia de unos pocos, nuestros bienes comunes. En este contexto y como continuidad de históricas luchas, en Chubut se impulsa una iniciativa popular contra la megaminería, otra de las grandes causas del saqueo y la contaminación de nuestro territorio. Conversamos con Gustavo Romeo, licenciado en Gestión Ambiental y militante del Colectivo de Educación Popular de Comodoro Rivadavia, acerca de la propuesta y de la historia de las luchas medioambientales en la provincia.

AC: ¿En qué consiste la iniciativa popular (IP) contra la megaminería?

GR: La IP es un proyecto de ley redactado por las asambleas y foros ambientales de Chubut que conforman la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut). Lo que busca es prohibir la megaminería en todo el territorio de Chubut. Para que esto sea ley, tiene que llegar a la legislatura y allí ser tratado. Lo que brinda la iniciativa popular es la posibilidad de darle este empujón al proyecto hasta la legislatura. La constitución provincial habilita esta posibilidad diciendo que, si se reúne un aval del 3% de firmas del padrón electoral de Chubut en un proyecto de ley, este debe ser tratado sí o sí. Una vez que es presentado, les legisladores tienen un plazo de 6 meses para tratarlo. Es decir, tienen un tope para hacerlo, lo que habilita otro tipo de presión mediante la movilización.

AC: ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cuál es la historia de las luchas medio ambientales en la provincia?

GR: El surgimiento es para rastrearlo. Las luchas medioambientales en la provincia tienen una historia larga y quizás poco conocida. Ya desde los 80 hubo emprendimientos diversos que quisieron instalarse y fueron resistidos. En general siempre desde una concepción de sustentabilidad fuerte y de conservacionismo. Por ejemplo, a mediados de esa década se quiso instalar una fábrica para faenar pingüinos en Punta Tombo que fue resistida por los vecinos. En la misma década aparece también la lucha contra el basurero nuclear en Gastre, en el contexto del accidente de Chernobyl, que fue encabezada por el Gallego Rodríguez Pardo. Esta fue una lucha de una década que también se ganó y movilizó a toda la provincia. En este caso se reflexionó más allá de la conservación del ambiente para adoptar consignas como “no queremos ser el basurero del mundo”. De hecho, esta lucha influyó en que en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se establezca que no se recibirán residuos nucleares provenientes del extranjero.

Después claro, el hito de Esquel que es reconocido en todo el continente. Fue el segundo caso en Latinoamérica en el que partir de una consulta popular se resistió a un proyecto megaminero. A partir de ese No a la mina impulsado por lxs vecinxs autoconvocadxs de Esquel es que luego se logra la Ley provincial N° 5001, actualmente Ley XVII N° 68 que prohíbe la explotación minera con cianuro y a cielo abierto en Chubut.

Hay un recorrido entonces, en el que esas luchas tuvieron cristalizaciones legales que expresan al menos partes de los reclamos que en cada caso se levantaron.

Entre 2012-2013 es que surge la primera iniciativa popular a partir de percibir este mecanismo de participación semi-directa del que hablaba al principio. Se logró hacer una presentación con el 3% de las firmas y fue tratado finalmente un día antes de que se venza el plazo en noviembre de 2014.

Esa sesión quedo para la historia porque el diputado Gustavo Muñiz fue fotografiado mandándose mensajes de texto con representantes de empresas mineras en la provincia, exponiendo el modo de funcionamiento del lobby minero. Lo que ocurrió, es que la legislatura no trató el proyecto que tenía el aval de 13 mil firmas chubutenses sino que lo modificaron a gusto de las empresas mineras y sus lobbistas y por lo tanto terminaron aprobando una ley a favor de la megaminería. Luego se hicieron presentaciones legales y fue tal el escándalo que el gobierno de Das Neves tuvo que dar vuelta atrás con esa legislación.

En definitiva, la IP articula esta historia de luchas, de legislaciones ganadas pero también involucra los procesos de educación popular que desarrollamos para que se tome conciencia de estos problemas, las movilizaciones y sobre todo la organización en todo el territorio provincial

AC: ¿Qué recepción viene teniendo la iniciativa en los distintos puntos de la provincia?

GR: Es muy diferente la recepción dependiendo de los procesos de organización. No es lo mismo impulsar esto en Esquel con toda su historia de lucha que en Comodoro Rivadavia, donde pareciera que la fuerte presencia de la industria petrolera le impide pronunciarse sobre cuestiones megamineras. Claro que se viene avanzando, pero a otros ritmos.

Ahora sí lo que me parece importante es que el descontento generalizado con el gobierno de Arcioni le da un empujón a la IP porque en definitiva es también un canal de expresión más directo de rechazo a la política del gobierno.

A diferencia de la primera IP hay una trama de redes distintas que permitió que se logre una distribución de planillas en prácticamente toda la provincia. Estamos hablando de pueblos del sudoeste de Chubut de 200 personas o de comunidades de la meseta con población mapuche-tehuelche que también la toman como partes de las asambleas. Del mismo modo en localidades grandes como en Trelew, Madryn o Rawson se ve un movimiento activo, son las asambleas que están todo el tiempo pendientes de lo que ocurre en la legislatura, presionando para entrar, ver los órdenes del día para que no quiera tratar entre gallos y medianoche la reforma que quieren hacer. Acá en Comodoro es más incipiente, pero se está dando una creciente movilización que se activa sobre todo ante casos de mayor gravedad.

Del otro lado, la recepción de la IP se ve también en la respuesta de los lobbys mineros y su articulación con toda una serie de medios locales, así como también las declaraciones de los funcionarios pro-mineros del gobierno.

AC: En diciembre del año pasado había trascendido la voluntad del gobierno provincial de impulsar emprendimientos megamineros en la meseta ¿Qué ocurrió con esto? ¿El gobierno de Arcioni avanzó con su política extractivista?

GR: Arcioni va a cargar siempre con haber sido uno de los peores gobernadores desde que volvió la democracia en la provincia. Recién arranca y ya lo está siendo. El tema del año pasado no fue sólo la expresión más o menos explícita del gobierno provincial para avanzar con la megaminería, que siempre está, sino que se le sumo un Alberto Fernández mal entonado con impulsar la megaminería en Mendoza y haciendo declaraciones públicas de que en Chubut se estaba también en camino. Y bueno, esas declaraciones llevan a la respuesta de una sociedad chubutense que viene movilizada. A la situación provincial y a las declaraciones del presidente se le sumó lo que pasó en Mendoza. Algo que va a tener que entrar en los manuales porque la movilización que se dio cuando quisieron bajar la 7722 fue histórica. Al mismo tiempo, le dio un impulsó muy fuerte, por ejemplo a lo que pasaba acá en Chubut.

El tema supera lo provincial, claramente. A finales del año pasado fuimos de todas partes de la provincia a la capital, Rawson, para mostrar justamente que estamos alerta a cualquier modificación que le quieran hacerle a la 5001.

Creo que otro aspecto importante es lo que ocurre en los centros urbanos más grandes del país con las luchas medioambientales. Que haya pasado lo que pasó en Mendoza es expresión de esto. Tiene mucha fuerza cuando. Es importante cuestionar el “porteño-centrismo”. Si en los grandes centros urbanos no se hacen eco de estas luchas que damos en lugares más lejanos es muy difícil lograr el impacto necesario.

AC: Aparte de los conflictos megamineros ¿qué otros conflictos en torno a lo medio ambiental se vienen desarrollando en la provincia y particularmente en Comodoro?

GR: Uno de los principales tiene que ver con la situación del lago Colhué Huapi en Sarmiento y el consumo de agua a las empresas petroleras, que no llegan a ser conflictos en el sentido fuerte, porque se lo oculta, no circula por los medios. Para que darse una idea, el acuerdo que tenía la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, el ente regulador de servicios de agua, era un acuerdo confidencial con Panamerican Energy. Se le vendía agua del acueducto a una industria petrolera que era la que “controlaba” supuestamente cuanto usaban.

Otras luchas que siempre están presentes tiene que ver con la instalación de represas, por ejemplo el dique “Los Monos”, cuya resistencia fue encabezada por el Dr. Miguel Webb. Hay conflictos recurrentes con el modo en que se quiere explotar el río Seguer y los lagos Fontana y La Plata en el sudoeste de la provincia. Seguramente en poco tiempo se vuelva a querer generar algún mega proyecto en esa zona ya que son de los pocos lagos cordilleranos fuera de un área protegida.

Por últimos los mega proyectos inmobiliarios. Así cómo la “soja extendió su frontera”, este tipo de proyectos antes restringidos a las periferias de capital o del Delta de barrios cerrados con grandes paisajes empezaron a buscar otros espacios. Patagonia es uno de esos destinos buscados. Comodoro en ese sentido no es una excepción, como lo demuestra el mega proyecto en la última de las playas públicas que se conoce como “la Bajada de los Palitos” que alteraría de manera drástica el conjunto del ecosistema de la zona. El inicio de las obras se realizó sin Estudio de Impacto Ambiental y ni las autoridades municipales ni provinciales multaron esto. Sin embargo, actualmente no se esta desarrollando gracias a la movilización, organización y lucha en múltiples formas. Desde notas a los entes de control, campañas en redes, intervenciones artísticas, marchas, clases públicas y movilizaciones.

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