El dolor y la injusticia se apoderaron del pueblo jujeño esta última semana tras encontrar asesinada a Gabriela Cruz, que llevaba siete días desaparecida. La gravedad de esta situación se profundiza cuando enmarcamos este femicidio en los otros tres que sucedieron en la provincia el último mes; en total 11 mujeres fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 1 de octubre de este año, de los cuales 2 aún no fueron caratulados como femicidios. Jujuy se ubica entre las provincias con mayores índices de femicidios del país y a esto se le suman distintas denuncias por casos de trata de personas. Por ejemplo Cesia Nicole Reinaga de 20 años, fue encontrada el 8 de septiembre en Abra Pampa, después de estar desaparecida por 10 días, con sospecha de que pudo estar involucrada una red de trata en su desaparición. 

El denominador común entre todos estos casos es la completa inacción del estado, la falta de políticas públicas para acompañar y darle herramientas a mujeres en situación de violencia, medidas de prevención y por supuesto una total falta de perspectiva de género en todos los organismos estatales y judiciales de la provincia. El gobierno jujeño no solo no garantiza las respuestas necesarias y a tiempo, ante el recrudecimiento de la violencia machista, sino que además obstaculiza continuamente el acceso de las mujeres al acompañamiento y a la justicia, revictimizandolas cuando van a denunciar, subestimando los casos de desapariciones, muchas veces encubriendo a los responsables. Iara Rueda de 16 años, fue encontrada asesinada el 28 de septiembre, pero llevaba cinco días desaparecida, la policía no la buscó, sus propios familiares y vecinos organizaron los rastrillajes. En cambio la policía sí se encargó de reprimir la multitudinaria movilización que recorrió las calles de Palpalá exigiendo justicia por Iara y todas las mujeres víctimas de femicidios.

La única respuesta por parte del gobernador Gerardo Morales hasta el momento fue crear un “Comité de actuación ante desapariciones y extravíos de mujeres”, medida que generó un enorme repudio de los familiares y organizaciones feministas, ya que las acciones concretas siguen sin aparecer y la exigencia de renuncia a Morales. En una entrevista a LATFEM, Malka Manestar, Coordinadora Institucional de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), dijo, “en Jujuy vamos a tener que dejar de hablar de femicidios para empezar a hablar de feminicidios, porque hay un patrón de impunidad e inacción del Estado que hace que las más jóvenes sientan desprotección y que el Estado no hace nada.”

No es casual que todo esto suceda en contexto de pandemia, donde el aislamiento y la cuarentena extendida implicó para muchas mujeres aumentar su exposición a situaciones de violencia dentro de sus propios hogares, esto explica en gran parte el aumento exponencial de estos casos. Pero en Jujuy se suma el retraso en la aplicación de leyes como la de Protección Integral 26.485, o los programas y protocolos de atención a víctimas de violencia. Todo ese retraso sigue cobrándose vidas de mujeres y se vuelve urgente comenzar a diagramar políticas integrales en materia de género a nivel provincial, destinando mayor presupuesto a, por ejemplo la aplicación del Programa Acompañar, o a la Ley Micaela para la formación transversal de tode funcionarie y trabajador/a del estado.

Exigimos justicia inmediata por los femicidios de Pamela, Doris, Mariela, Jaqueline, Camila, Rocío, Paola, Cesia, Iara, Rosana y Gabriela, denunciamos el silencio encubridor de los funcionarios gubernamentales y el repudiable accionar de la policía y fuerzas de seguridad. Toda nuestra solidaridad con sus familiares y con todo el pueblo jujeño, todo este dolor se está convirtiendo en rabia y en impulso para dar batalla hasta que no haya ni una muerta más!

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