A pesar de que la crisis sanitaria lejos se encuentra de haberse cerrado, con un registro creciente de contagios y muertes, la disputa por la salida de la misma, y quienes cargarán con el peso de los platos rotos por la pandemia, ya se encuentra ganando el centro de la escena.


El gobierno, que demostró una iniciativa política fuerte cuatro meses atrás cuando dictó en forma preventiva la cuarentena obligatoria y una batería de medidas en el plano material, hoy muestra señales de desgaste luego de varias medidas que terminaron naufragando como la expropiación de Vicentin o el impuesto a las grandes fortunas. La reforma judicial anunciada con bombos y platillos, que no se encuentra entre las principales preocupaciones populares, puede incluso terminar corriendo la misma suerte. La flexibilización del aislamiento social en el AMBA en pleno pico de contagios es también el resultado de una concesión a la presión de las grandes patronales que, desde el inicio de la pandemia, han avanzado con despidos, suspensiones y recortes, pasando por encima del decreto que los prohibía. 
Desde el Ejecutivo se ha dejado trascender la existencia de un plan de 60 medidas para la pospandemia que aún no ha sido anunciado, y que pareciera siempre estar supeditado a una renegociación de la deuda externa, donde los grandes fondos privados internacionales lograron finalmente sellar un acuerdo tras varias concesiones del gobierno sobre una deuda ilegitima y que, finalmente, es a costa del pueblo trabajador.


Este desgaste ha evidenciado tensiones y discusiones dentro del Frente de Todos respecto de las orientaciones a desarrollar en el próximo periodo que son, a las claras, divergentes. La perspectiva de una “normalización económica” para incentivar “la iniciativa y las inversiones privadas” se contrapone a la propuesta de un verdadero plan de desarrollo nacional a partir de la recuperación de resortes y recursos fundamentales de la economía para el bien público. Lo mismo ocurre a la hora de definir los alineamientos regionales en un cuadro de ofensiva imperialista contra Venezuela y Cuba.
En ese cuadro, las principales patronales nucleadas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) avanzan en su propia agenda “pospandemia” con la burocracia entreguista de la conducción de la CGT. Esta agenda que viene a “poner la salida de la crisis en el sector privado” encubre el intento por implementar una reforma laboral de hecho, donde la recuperación económica sea a costa de los derechos y condiciones laborales de les trabajadores. Las mismas patronales que no han dejado de ganar millones (e incluso algunas han incrementado sus ganancias) siguen poniendo el peso de la crisis sobre la espalda de la clase trabajadora que ha perdido más del 20% en promedio de su salario en los últimos cuatro años. Este bloque cuenta con el respaldo de los grandes medios de comunicación y un ala de Cambiemos que ha jugado un papel de esmerilar todas las políticas del gobierno, con un eco en importantes sectores de las clases medias y acomodadas.


En este contexto, dentro del movimiento obrero y popular, se destacan una cantidad de organizaciones como aceiteros, bancarios, subte, prensa, aeronauticos, entre otros, que, cada una a su manera, vienen tensionando en favor de una agenda y una plataforma de reivindicaciones a favor del pueblo. Resulta fundamental construir un programa unitario del conjunto de las organizaciones del pueblo que imponga nuestra agenda para la “pospandemia”. Un agenda que indefectiblemente tiene que ir contra los intereses patronales, que incluso en este marco la siguen levantando en pala como lo ilustra Marcos Galperin quien multiplicó sus ingresos en estos meses. Un programa que, inevitablemente, deberá incluir como responder en forma inmediata a la propia extensión del virus en los lugares de trabajo y en las barriadas, con la defensa de los protocolos y del conjunto de los reclamos pendientes. Pero que también incluya una perspectiva de salida con medidas que vayan desde la suspensión del pago e investigación de la deuda, el impuesto a las grandes fortunas, la expropiación de Vicentin, la expulsión de Edesur, Edenor y las privatizadas de servicios, hasta la defensa de las paritarias, del salario y de los puestos de trabajo; el aumento de jubilaciones, pensiones, AUH y programas de empleo acorde al costo de vida; mayores recursos para enfrentar la violencia machista, aborto legal, seguro y gratuito y cupo laboral trans, entre otras.


En la construcción de ese camino, desde Abriendo Caminos creemos fundamental dar pasos adelante en la puesta en pie de una propuesta popular que se plantee poner un freno a la derecha a partir de profundizar y radicalizar las medidas a favor del pueblo.

Escribe un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.