Por Ismael Jalil
La desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro es un caso emblemático de responsabilidad estatal. Sea por la vinculación directa entre el accionar de su policía –desde el incumplimiento protocolar para COVID hasta las maniobras tendientes a ocultar lo sucedido- sea por la continuidad de las irregularidades en el ámbito judicial –burocraticismo y dilaciones tendientes a garantizar impunidad- y aun por la injerencia de funcionarios del área política –Berni y su campaña-, el estado y la desaparición forzada de personas es un maridaje argentino.
Las revelaciones de la autopsia, pero en mayor medida las circunstancias que rodearon a esas conclusiones, abren dos caminos bien diferenciados entre las hipótesis en juego de la querella y las de todo el andamiaje oficial.
Lejos de cerrar la historia, como pretenden los operadores mediáticos, disparan la necesidad de profundizar la investigación de un delito pluriofensivo, como lo viene sosteniendo Cristina Castro desde el minuto cero de su peregrinar combativo.
No se trata de “la” prueba sino de una prueba importante en un contexto incriminatorio de la fuerza policial que nos trae dos certezas: Facundo llegó vivo al cangrejal y su muerte no fue una causa natural sino violenta (asfixia por sumersión). Todo lo demás está por descubrirse.
La autopsia no le explica a Cristina cómo llegó su hijo a ese sitio.
La autopsia no le explica a Cristina en qué condición llegó.
La autopsia no le explica a Cristina por qué llegó allí.
No obstante los operadores desplegaron rápidamente el manto de impunidad, Recordando las maniobras distractivas de las huestes de Patricia Bullrrich en el caso Santiago Maldonado, los del caso Facundo Castro instalan que “se murió ahogado”.
Bradbury lo explica bien: El televisor es “real”… te hostiga tan apremiantemente para que aceptes sus propias conclusiones, que tu mente no tiene tiempo para protestar, para gritar “Qué tontería”…
Hay un contexto incriminatorio de la policía que no debe soslayarse: a) incumplieron el protocolo dos veces (en Mayor Buratovich y en Tte. Origone) al no trasladar a Facundo a su domicilio, b) hay hallazgos reveladores del paso de Facundo por dependencias y/o móviles policiales (el amuleto en el destacamento de Origone y la gema turmalina en el móvil de la UPPL), c) hay manejos de celulares y redes que sospechosamente se eliminaron a escasos ocho días de la desaparición (el de la oficial Xiomara Flores que reconoce haber trasladado a Facundo), d) hay instrucciones policiales y de la propia justicia bahiense destinadas a incumplir el protocolo Covid-19 (a raíz de otro caso de violencia policial en la zona se destapó una instrucción no escrita del fiscal), e) hay una camioneta “perro” de la bonaerense (sin GPS) sospechada en un presunto traslado irregular de la zona de Buratovich a Villarino Viejo cercano al cangrejal; f) hay una evidencia de enorme relevancia, la existencia de un móvil policial en las proximidades del sitio en el que se hallaron los restos esqueletizados y cuya magnitud se comprende cuando queda demostrado que estuvo allí el mismo día que, en Buratovich, Xiomara Flores borraba su celular y se bajaba de todas sus redes; g) hay una fundada sospecha sobre la manipulación de las pericias de los celulares policiales por parte del Policía Federal (las nuevas pericias hechas desde la Procuración revelan diálogos y conversaciones comprometedoras de los efectivos involucrados). A todo ello, la autopsia suma ahora la muerte violenta, asfixia por sumersión coinciden todos.
Llama la atención que la jueza, en su comunicado oficial, haya omitido que hay una discrepancia significativa: la de la perito de Cristina Castro, que reveló un curioso cambio de criterio en una perito odontóloga sobre una especificación que podría dar respuestas a muchos los interrogantes. Y llama la atención la reacción virulenta de los otros peritos ante una observación tan habitual como necesaria en estos casos.
Parece la crónica de una muerte anunciada (la de la verdad). Es que el estado, involucrado en una desaparición forzada primero y después, investigándose a sí mismo, se le parece mucho.
Empieza a cobrar altura la necesidad de una urgentísima reforma al sistema de contralor de la investigación que salga del marco institucional. No se trata de una delegación de la facultad investigativa, sino de un control sobre esa facultad.
La imagen de Cristina Castro diciendo “La cosa viene de arriba, no se puede confiar en nadie de ellos” es tan potente que requiere de una urgentísima atención. Lo dijo, no desde su dolor de madre ni de víctima (recordemos que la desaparición forzada de un hijo la convierte legalmente en eso) sino desde esa condición de luchadora que le revuelve las tripas a lo establecido.
Los caminos que se abren con las revelaciones de la autopsia obligan a elegir: el de la solidaridad con Cristina y entonces la profundización de la investigación y las medidas impostergables que requiere su querella, o el de lo formalmente establecido, como una apariencia, una forma peligrosa de renunciar a la verdad.
Facundo es otro Luciano, es otro Julio y hasta otro Santiago ¿qué otro nombre hace falta sumar para que se entienda?