Con un plan de vacunación fuertemente retrasado por la disputa mundial global por el acceso a las vacunas y con una tendencia inflacionaria en ascenso, el Gobierno oscila entre las presiones de distintos sectores en un panorama incierto.
La estabilidad cambiaria y las perspectivas de un rebote económico con que terminó el 2020 y comenzó el 2021 parece estar condicionada por la evolución general de la pandemia y la espiral inflacionaria. En lo económico, el gobierno viene apostando fundamentalmente al diálogo con las cámaras empresariales y sindicatos, para forjar un acuerdo de precios y salarios pero, nuevamente, el oficialismo aparece sin las condiciones para reunir a los distintos sectores en un acuerdo estable.
Mientras tanto, en lo que va del año, YPF aumentó los precios 5 veces y se espera que en las estaciones de servicio, el litro pronto supere los $100. Esto da luz verde a que los grandes oligopolios de alimentos “trasladen” este aumento a los precios de muchos productos. Las patronales agrarias fijan los cada vez más elevados valores de carnes y verduras. La marcha atrás en la medida regulatoria del mercado de maíz junto con la promesa a la Mesa de Enlace de no aplicar subas a las retenciones de las exportaciones, expresan las vacilaciones del oficialismo.
Como contracara, recientemente se ha publicado que el valor de la canasta básica ronda los $54 mil, es decir 4,6% más que en enero, siendo los productos cárnicos y vegetales los que más aumentaron (57% y 67%, en promedio, en el último año, respectivamente). Hasta el momento no sólo se comprueba que estaría fracasando el control de “precios cuidados” -cuyas herramientas de monitoreo son escasas- sino que además el gobierno sostiene un rumbo errático en la puja por forjar el “pacto social”. La intimación a las grandes empresas de consumo masivo como Molinos a que se cumpla con la ley de abastecimiento no basta si no es acompañada por la apertura de los libros contables y la intervención estatal en las firmas que especulan con la comida del pueblo.
Por otro lado, tras casi media década de pérdida del poder adquisitivo, es fundamental que las paritarias arrojen un aumento al costo de vida para la clase trabajadora. La iniciativa para subir el piso del minimo no imponible del impuesto a las ganancias es una medida correcta para una franja de asalariadxs pero no contienen a la inmensa mayoría de laburantes con convenios debajo de la linea de pobreza.
Esta situación económica se entrelaza con la situación sanitaria que produce la pandemia. Si bien en las últimas 7 semanas se produjo un descenso considerable en el número de casos, en relación a la alarmante suba de los primeros momentos del año, la situación podría desmadrarse rápidamente. El vice ministro de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sostiene que la “segunda ola” llegará con el comienzo de la época invernal. La vuelta a clases presenciales sin condiciones seguras puede ser un revulsivo en ese proceso. Por ese motivo todas las fichas están puestas en que se avance con la campaña de vacunación que a nivel mundial viene demorada y que en nuestro país cuenta con un desfasaje importante entre las proyecciones que tenía el FdT y la cantidad que efectivamente se pudo aplicar.
A su vez, por el retraso en el plan de vacunación también resuenan inquietudes sobre el desarrollo normal de las elecciones, sobre todo las PASO. La incertidumbre sanitaria se mezcla con la rosca y ya hay más de un sector del gobierno que aprovecha para colar la posibilidad de anular o postergar las primarias, hecho que tiene su propio trasfondo en la interna del Frente de Todos.
El desarrollo político del 2021, marcado por las elecciones, esta condicionado por lo que suceda con la pandemia y en torno al ordenamiento de la economía, negociación con el FMI de por medio. Recientemente un grupo de bonistas buitres han publicado una carta criticando el rumbo económico del gobierno e intimando a que se cierre rápido un acuerdo con el Fondo. Su objetivo es ejercer la presión suficiente para que el gobierno aplique un ajuste a la medida de sus expectativas. Ésta actitud parece chocar con sectores del oficialismo que pretenderían patear el acuerdo para después de octubre y evitar el posible costo político que podría aparejar el ajuste que el FMI, de una forma u otra, exigirá ya sea en un acuerdo a 10 o 20 años. Ante esto es fundamental recordar que, por un lado, la deuda de USD45 mil millones contraída por el macrismo es fraudulenta y amerita ser investigada mientras que, por otro, el lobby y la presión de los fondos como BlackRock o Templeton siguen actuando en las reestructuraciones de deuda de YPF y de las provincias.
En este escenario abierto de disputas, desde Abriendo Caminos consideramos que es fundamental la unidad del campo popular para empujar por una agenda de lxs laburantes, y que inevitablemente chocará con los intereses de los grandes empresarios, la oligarquía, la derecha y sus medios de comunicación. En un año electoral, para superar la crisis, y con la pandemia todavía en curso, se vuelve imprescindible que se haga permanente el impuesto a las grandes fortunas que permita implementar mayores medidas de contención para los sectores de desocupadxs y precarizadoxs. También, como se dijo, es fundamental que abran las paritarias que permitan la recuperación de los salarios. Tanto del sector público como del sector privado. Existe el precedente de la huelga de aceiteros que permite visualizar que es posible arrancar conquistas.
En el caso de la vacunación, comienza a ser lógico preguntarse si es correcto depender de los acuerdos con Oxford-Astrazeneca y de las grandes empresas o, por el contrario, es necesario bregar a nivel internacional y local por una producción pública masiva sin injerencia de los grandes laboratorios.
La prioridad del campo popular para esta primera parte del 2021 es establecer una agenda de demandas y medidas que signifiquen un rumbo a favor de una salida popular.