La decisión del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, de desplazar al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, fue rechazada por el kirchnerismo que lo sostuvo en su cargo y abrió una crisis política al interior de la coalición gobernante. Las perspectivas en discusión.

El Frente de Todos atraviesa una crisis aguda por un aspecto que parece anecdótico pero encierra cuestiones de fondo respecto de la situación económica. Guzmán planteó el desplazamiento de Basualdo por la negativa del funcionario de aplicar un aumento de las tarifas eléctricas mayor al 9% en el año. El titular de la cartera de Hacienda busca la suba de los servicios en torno del 35%, según la pauta del Presupuesto 2021, para avanzar en la reducción de subsidios y, principalmente, en el recorte del gasto público.

Guzmán intenta, de este modo, enviar una “señal” al FMI y al Club de París de la voluntad de emprender un sendero de “normalización” de la economía para lograr una reestructuración de la deuda externa. El kirchnerismo, por su parte, plantea postergar las negociaciones hasta después de las elecciones generales y, durante este año, aumentar los servicios por debajo de la pauta de aumento en las paritarias -hoy por debajo de las proyecciones inflacionarias para el año-, lo que implicaría una forma de suba salarial indirecta al mantener virtualmente congeladas las tarifas. 

Indudablemente se trata de un aspecto sensible ya que el aumento de los servicios golpea directamente a los sectores populares y siempre es un punto de conflicto, no sólo en nuestro país sino en el mundo. Esto en un año electoral se agrava aún más por la traducción que puede tener en las urnas.

Es importante señalar que las privatizadas como Edenor y Edesur tuvieron virtualmente liberadas las tarifas durante los años del macrismo, con subas porcentuales de miles y ganancias millonarias. Sin embargo, estas empresas no desarrollaron ningún plan de inversiones y mantuvieron un servicio absolutamente deficitario, como se vio el año pasado en el sur del conurbano y de la ciudad.

Desde ese punto de vista, es correcto y necesario que, en un contexto de crisis social profunda con más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, la prioridad sean los sectores populares y no los intereses de las privatizadas o del FMI y el Club de París.

Sin embargo, el debate debe llevarse más a fondo todavía. Recientemente, Edenor fue vendida por Marcelo Midlin (empresario que fuera muy cercano a Macri) al tandem Vila-Manzano-Filiberti (de afinidad con Sergio Massa). Estos empresarios no tienen ningún interés en los servicios públicos más que para desarrollar nuevos negociados a través de aumento y cobro de subsidios. 

Por ese motivo, vuelve a quedar en evidencia la necesidad de cuestionar la gestión de las concesionarias y la recuperación de los servicios públicos para el interés general con participación de trabajadorxs y usuarixs.

De la misma manera, las negociaciones con el FMI, así como cualquier pago de vencimiento de deuda, debe ser suspendido para su investigación en tanto se trata de una deuda ilegítima y fraudulenta.

En medio del aumento de la segunda ola de contagios de Covid-19 y con un pueblo que viene perdiendo hace años, la urgencia debe estar puesta en atender las necesidades populares y su sostenimiento debe ser solventado por los grandes empresarios que se vieron beneficiados por las políticas contra la clase trabajadora.

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