El conflicto por las clases presenciales en CABA va mucho más allá de un debate educativo o, incluso, sanitario. La negativa del gobierno porteño de acatar primero el DNU presidencial y luego un fallo de la Justicia federal plantea una crisis institucional pero, fundamentalmente, es la punta de lanza de la derecha para imponer de hecho su agenda al servicio de los intereses de los empresarios, a costa incluso de la vida de lxs trabajadorxs, y en paralelo avanzar en su proyecto para regresar al poder en dos años. Respaldamos en forma incondicional el plan de lucha de docentes, estatales y otrxs lxs laburantes que resisten la ofensiva de Larreta y Cambiemos.
La segunda ola de contagios de Covid 19 en nuestro país, que registra nuevos records a diario y pone al borde del colapso al sistema de salud, es el terreno en el que se desarrolla un nuevo episodio del choque entre el Frente de Todos y Cambiemos pero esta vez con un voltaje superior y que podría plantear escenarios de quiebre en la radicalización de la grieta, especialmente por la ofensiva “bolsonarista” de Cambiemos, a diferencia de la cooperación inicial entre Nación, Provincia y CABA que fue el gran eje ordenador de la gestión sanitaria en la primera ola.
Es evidente que luego de un año de desgaste por la pandemia, y el impacto de la profundización de la crisis, fueron haciendo su lento pero riguroso trabajo de realineamientos (y dislocamientos) del mapa político. En ese marco, con un presupuesto 2021 que no contemplaba una continuidad de la pandemia, y luego de buscar por todas las vías evitar nuevas medidas de restricción fuertes que repercutieran sobre la incipiente recuperación económica, el presidente Alberto Fernández resolvió de manera unilateral un cierre de las actividades nocturnas y la suspensión de las clases presenciales en el AMBA (incluso contra la posición de su ministro, Trotta) por 15 días, junto a algunas medidas limitadas en el plano social como un IFE de 15 mil pesos y un bono para trabajadorxs de la salud.
Pero estas medidas básicas y, como señalamos, hasta limitadas, encontraron el rechazo cerrado de Juntos por el Cambio, que asumió abiertamente -con el respaldo de los grandes medios de comunicación- la agenda de las grandes empresas y la defensa del sostenimiento de la apertura de la actividad a cualquier costo. Como esta postura es absurda y hasta suicida en medio de una crisis sanitaria, que ninguna persona de buena fe o que no haya sido engañada puede defender, la oposición convirtió en su eje de batalla la defensa de las clases presenciales, en nombre de una defensa de la educación.
Por supuesto el cinismo no podría ser mayor. Mientras gobernaron se dedicaron a atacar sistemáticamente a la educación pública y a la comunidad educativa. Los “abrazos” a las escuelas no son en los barrios populares de pibxs que no tienen acceso a la conectividad, sino a los colegios privados de las clases más pudientes. Detrás de esta gran fachada, se esconde nuevamente un planteo reaccionario de atacar a los derechos del pueblo y que quiere regresar al poder luego de haber sido derrotado en las urnas tras cuatro años de entrega y saqueo. La novedad, ya sea por la presión por derecha dentro de su propia coalición o por su necesidad de posicionamiento electoral o ambas, Larreta ha avanzado en un curso de acción peligroso. Con la colaboración de la justicia porteña adicta que sirve a sus intereses, obtuvo un fallo para desconocer el DNU y sostener las clases presenciales. Incluso desconociendo una resolución de un juez federal.
El tema conlleva una gravedad completa porque no solo establece una crisis institucional, sino que plantea una “desobediencia” reaccionaria que, a nivel regional, fue el caldo de cultivo para todas las salidas golpistas o derechistas contra los gobiernos populares o posneoliberales. El putchismo golpista de Macri y Bullrich es inocultable, como demostraron con el apoyo a las asonadas golpistas o distintos intentos de allanar el terreno para una crisis institucional en el Congreso. Ahora, Larreta da un paso más desconociendo una resolución sanitaria del Poder Ejecutivo nacional y de la justicia federal.
La respuesta no puede estar en aguardar la respuesta de la Corte, la cabeza de un poder totalmente corrompido y colonizado por los intereses de los sectores más concentrados. La respuesta la están dando correctamente los sindicatos y sectores populares de la ciudad, con paros generales y medidas de fuerza para pararle la mano a Larreta. Este es el camino que tenemos que profundizar para cerrarle el paso a las patronales y a la derecha, e imponer una salida de la crisis a favor de los intereses populares.
Apostamos a la mayor amplitud, unidad y coordinación de todos los gremios y organizaciones populares que resisten al modelo de Larreta para derrotar su ofensiva reaccionaria y en defensa de la vida y salud de les laburantes y nuestrxs pibes.