El año 2020 está marcado por una pandemia mundial que implicó medidas como el aislamiento social y obligatorio, necesario para la prevención del contagio del COVID-19. Esto impuso que la educación virtual sea una alternativa pedagógica ante un contexto excepcional. Sin embargo, pasada la mitad de año de este ciclo lectivo en sus distintos niveles nos encontramos con grandes dificultades estructurales que ponen a la comunidad educativa en estado de emergencia. El DNU de Alberto Fernández que declara la telefonía celular, internet y cable como un servicio público es un paliativo a esta situación acuciante pero son necesarias respuestas de fondo.
Como punto de partida, bien sabemos, Cambiemos no hizo más que desfinanciar y pisotear políticas educativas, con la concepción elitista que “se cae en la educación pública”. En todos los niveles y lugares de nuestro país se sufrieron recortes presupuestarios, sueldos a la baja y aumento de la deserción. Es así que hemos resistido y defendido nuestra educación con movilizaciones por la defensa del salario docente, contra la UNICABA, con las tomas por los derechos de lxs investigadores del CONICET y con el auge de la rebelión educativa de 2018 en defensa de la universidad pública.
En estas condiciones nos encontró el 2020 que, además de este escenario critico, sumó una pandemia mundial que implicó una crisis sanitaria y un agravamiento del cuadro social.
En ese marco, todos los problemas que atraviesan a la educación en nuestro país se han agudizado. Las cifras son alarmantes y no hacen más que incrementar la brecha social y la vulneración de un derecho básico como la educación. Mientras que el Ministro de Educación Trotta asegura que el 95% de les estudiantes recibieron propuestas pedagógicas, la realidad es que esto ocurre en forma muy desigual.
El observatorio de la niñez y adolescencia de la Universidad Nacional de Quilmes alertó que en los barrios populares solo un 27% de la población tiene una computadora.
En nivel primario y secundario la alternativa pedagógica se volvió garantizar las condiciones mínimas para que los estudiantes como mucho puedan llegar a enviar archivos vía whatsapp. Según un informe de “Argentinos por la educación” hoy en día un 80% de los estudiantes reciben educación por este medio y el 72,4% estudian con dispositivos tecnológicos de uso común en sus familias.
Sin embargo, el dispositivo utilizado no es el único problema sino también el acceso a internet. Según el mismo informe 6 de cada 10 casos reportan tener un servicio de internet poco adecuado o inadecuado para fines pedagógicos. En el nivel secundario el 15,9% de los alumnos no tiene acceso a internet desde su casa, según el mismo reporte. En el ámbito universitario y terciario no hay cifras oficiales aún, pero es evidente la ausencia de estudiantes en las cursadas. Si ya resultaba difícil continuar la cursada en un contexto habitual en la universidad donde solo logran recibirse 30 de cada 100 estudiantes, aún es más difícil con trabajos inestables, sin los medios necesarios y acompañamiento insuficiente.
Ante escenario, el gobierno ha dado respuestas escasas y tardías. Primero se resolvió la liberación de datos para páginas .edu, la creación de contenidos digitales y con diversos soportes para acceder a la educación. Como eso fue insuficiente y distintas campañas populares dejaron en evidencia esta situación y ante un inminente aumento de las empresas, desde el gobierno nacional por decreto de Alberto Fernández se declaró la telefonía celular, internet y cable como servicio esencial y se congelaron las tarifas hasta fin de año.
En ese sentido, consideramos positiva la medida en tanto un paliativo, pero entendemos que el derecho a la educación se encuentra afectado en términos estructurales que necesita de medidas más profundas que garanticen plenamente el acceso internet con los dispositivos necesarios. Implica también la intervención de la comunidad educativa para construir una salida a esta situación.
El caso de Larreta en CABA: soluciones que empeoran
En la Ciudad de Buenos Aires el sector educativo se viene vaciando desde hace 13 años y la pandemia no iba ser la excepción. Al día de hoy 6500 estudiantes se encuentran sin poder acceder a su derecho a la educación por no contar con los dispositivos necesarios y sin conectividad. Además de lo que ya se viene denunciando en muchos colegios sobre faltantes de viandas y mal estado de las mismas.
Ante esta situación, la semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta anunció que se iba avanzar en la reapertura de colegios y presentó un protocolo para la apertura de los mismos desde del 31 de agosto. Proponen ir a buscar a los chicos a sus casas y llevarlos a las escuelas con el protocolo necesario, con el objeto de volver a vincularlos con sus docentes. Sin embargo, esta medida que no fue consultada con los sindicatos docentes y aparece como una improvisación tipo parche. Y que, incluso, empeora la situación, en tanto pone en riesgo a estudiantes y docentes en un contexto de picos de contagios.
Por una campaña por dispositivos y conectividad
No somos cifras, sino pibxs que hoy no pueden acceder a una educación, que nuevamente este sistema desigual nos excluye y deja fuera de algo tan básico como el derecho a estudiar. Algo que valoramos tanto hoy con sus descubrimientos y sus aportes para enfrentar esta pandemia, pero que si hoy no cuidamos y garantizamos su acceso no se va a poder construir. Se trata de un problema nacional que el ministro de educación Nicolás Trotta debe abordar y cuyas respuestas limitadas ya mostró tensiones a la interna con la renuncia de la viceministra Adriana Puiggrós.
En cada espacio, en cada escuela, terciario o universidad debemos aunar nuestros esfuerzos para que se garantice el acceso a la educación en todos sus niveles impulsando una campaña por la conectividad tanto garantizando internet como la continuidad del conectar igualdad. Esto debe venir de la mano con relevamientos en todos los espacios de estudio del estado de deserción. A la vez, debemos comprender que tanto la virtualidad como la vuelta a la presencialidad en condiciones dignas necesitan un aumento presupuestario.
En 2018, nos plantamos ante una educación que venía en caída y ahora necesitamos volver a ponerla de pie. La situación económica de nuestro país es crítica, aún más con el acuerdo de pago de una deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta y la próxima negociación con el FMI, es por eso que es necesario implementar un impuesto a las grandes fortunas para fortalecer nuestro sistema educativo en sus distintos niveles como hicimos público en No Tienen Coronita. Además, como bien sabemos las instituciones educativas no son paredes y edificios vacíos, sino son espacios construidos fundamentalmente por personas de carne y hueso que conforman comunidad educativa. Necesitamos docentes, investigadores y no docentes con condiciones dignas de trabajo para poder llevarlo a cabo.
Protagonismo estudiantil en unidad
Los principales espacios del movimiento estudiantil universitario como son la FUA y la FUBA no están a la cabeza de estas luchas necesarias. Los espacios conducidos por la Franja Morada sacan comunicados sin una voluntad real de dar la pelea debido a sus lazos con las autoridades de las casas de estudio, muchas veces grandes responsables con los gobiernos de esta situación.
En el resto de los niveles, no tenemos espacios gremiales como son las Federaciones Universitarias, al tiempo que carecemos de iniciativas unitarias que pongan en cuestión el acceso a la educación. Salvo en CABA donde desde la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) lanzaron la campaña “Se suspenden las clases, no nuestros derechos” y se elevó una carta al Ministerio de Educación de la Ciudad para reclamar bolsones que cubran las necesidades nutricionales, implementación de la ESI, acceso a internet, elementos de higiene y mayor presupuesto.
Es fundamental que, en este contexto virtual, sigamos haciendo nuestros esfuerzos y tejiendo redes para fomentar la participación como única forma de dar cualquier lucha. Hoy en día implica creatividad, innovar en la virtualidad y exigir nuestro reconocimiento en los canales institucionales de cada espacio de estudio.
Además necesitamos recuperar la amplia unidad de todos los sectores que estén dispuestos a defender la educación pública para afrontar esta situación de emergencia. El acceso a la educación hoy es un derecho vulnerado, que debemos defender con todos los sectores del campo popular dispuestos a dar esta pelea. La rebelión educativa del 2018 fue muestra clara de ello y es nuestra responsabilidad dar continuidad a ese proceso de movilización.
En medio de una pandemia mundial, de una crisis sanitaria y económica nos encontramos en un estado de alerta educativa. Desde Abriendo Caminos intervenimos en el Frente Juvenil Hagamos Lo Imposible y venimos impulsando el protagonismo estudiantil en escuelas secundarias de Quilmes, Mar Del Plata y CABA; en terciarios de MDP como parte de la conducción de IPA e impulsamos la coordinadora de terciarios; en la UBA, UNMDP, la UNQ y distintos puntos del país seguimos haciendo nuestros esfuerzos para que nadie se quede afuera y exista una educación al servicio del pueblo.
Vamos por una campaña unitaria en defensa del derecho a la educación con el protagonismo de la comunidad educativa y los sectores populares.
Los lápices siguen escribiendo la historia.