El aumento acelerado de contagios por Covid-19 encendió las alarmas del Gobierno y obligó a tomar algunas restricciones parciales antes de Semana Santa. Sin embargo, los principales factores de propagación como la vuelta a clases presenciales sin condiciones seguras y las aglomeraciones en el transporte público no fueron afectados. Es evidente que el Ejecutivo intenta sostener la incipiente recuperación de la actividad económica pero es necesario tomar un rumbo definido de defensa de los intereses populares para evitar un colapso y un salto en la crisis sanitaria y económica.

Los temores por una segunda ola con la llegada del otoño van confirmándose como una realidad en curso. El salto exponencial en los distritos durante las últimas dos semanas pone en alerta a todo el país. Las causas de la propagación no son para nada novedosas: la reapertura generalizada de la actividad con el consiguiente abarrotamiento del transporte público así como la vuelta a clases presenciales sin vacunas ni la infraestructura y condiciones adecuadas alientan esta segunda ola.

El Gobierno se encuentra así frente a una encrucijada: bajo la perspectiva de la vacunación masiva, había retirado los instrumentos de apoyo como IFE y ATP del presupuesto 2021 y proyectaba una recuperación económica superior al 5% anual. Las vacilaciones y reacciones dispares ante el aumento de casos revela que este escenario no estaba previsto como se debería, sumado efectivamente al rechazo militante de la derecha al cumplimiento de las medidas sanitarias y el desgaste social luego de un año de pandemia y medidas restrictivas de la circulación.

En ese punto, es sorpresivo que el Gobierno mantenga un silencio y pasividad frente al incumplimiento masivo de Hugo Sigman y Carlos Slim en la entrega de millones de vacunas. De acuerdo a los trascendidos, millones de dosis ya fueron producidas en la planta de Garín pero esperan para ser envasadas en México. Resulta sumamente lógico preguntarse en ese sentido porque ese envasamiento no se realiza a nivel local, disponiendo su carácter urgente ante la necesidad pública y social de ese bien.

De la misma manera, hasta que la vacunación masiva no esté garantizada, inevitablemente deben tomarse medidas de restricción de la circulación, comenzando por la suspensión de las clases presenciales (como ocurre en numerosos países del mundo). La idea que el confinamiento afectará a la economía desconoce que un desmadre sanitario provocaría un desenlace igual o seguramente peor en términos de pérdidas económicas y de vidas humanas. Basta ver sino lo que ocurre en Brasil, hoy principal epicentro de la pandemia.

Por supuesto, el “costo” de nuevas restricciones no pueden recaer sobre los sectores populares que fueron los más afectados sino en los grandes grupos concentrados como los agroexportadoras y los bancos que nunca dejaron de ganar. En el mismo sentido, como ya reconoció el propio oficialismo, la deuda con el FMI “es impagable”. Es ilegal, agregamos de nuestra parte y toda la estafa de endeudamiento bajo el macrismo debe ser suspendida e investigada.

La media sanción de la modificación del impuesto a las ganancias es un aliciente positivo para una franja importante de trabajadorxs pero requiere de una perspectiva integral de recuperación del poder adquisitivo de la clase obrera. La intervención de las empresas que especulan con los precios y la defensa de paritarias por encima de la canasta familiar es parte de esta salida.

En términos generales, la encrucijada de la segunda ola refuerza la necesidad de cuestionar la concentración de la riqueza en pocas manos y una reorganización social con el protagonismo activo del pueblo.

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