En la sesión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires del jueves 16 de julio, el bloque oficialista logró finalmente aprobar la modificación del Código de Tránsito y el Régimen de la Faltas enfocada a “regular” la actividad de les trabajadores de reparto. Después de fallar en el intento de tratarlo sobre tablas el mes pasado al no conseguir los votos suficientes, la ley fue sancionada con la aprobación de Vamos Juntos y UCR-Evolución y legitima las condiciones de precarizaciones laborales. Afuera del recinto, hubo una manifestación de trabajadorxs de reparto en rechazo a la Ley que fue agredida por patota.
El gobierno porteño se empeña en mantener encubierta la relación laboral entre repartidores y patronales bajo el régimen actual de monotributistas prestadores de servicios. Con esta ley, perpetúa la precarización laboral extrema que afecta actualmente a les trabajadores de reparto, que se hizo aún más visible en la situación de pandemia y cuarentena.
Debido a la fuerte movilización que vienen llevando a cabo las organizaciones de repartidores, se incorporaron algunos de sus reclamos en el proyecto. Por ejemplo, se establece la obligación de las operadoras digitales de contratar seguros para les trabajadores y de proveer elementos básicos de seguridad sanitaria, medidas de prevención básicas durante una pandemia.
El gobierno también tuvo que ceder en su intención inicial de restringir el trabajo en la Ciudad de Buenos Aires a quienes tuvieran domicilio en ese distrito, lo que hubiera dejado fuera a cientos de repartidores que cumplen sus tareas en la ciudad por ser una zona con mayor demanda y menores riesgos a pesar de vivir en otras localidades.
Sin embargo, la situación de fondo se mantiene, ya que se encaró el problema desde un punto de vista de control de tránsito, en lugar de reconocer a les repartidores como lo que son: trabajadores a cargo de grandes empresas que no les reconocen los derechos laborales más básicos
La organización y la lucha incansable que dieron les repartidores no pasó inadvertida, y mientras tenía lugar la votación, trabajadores que se manifestaban en contra del proyecto fueron agredidos por una patota de la ASiMM (Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros Y Servicios), en un acto repudiable contra quienes estaban peleando por sus derechos. El hecho de violencia es una amenaza contra la organización independiente de la burocracia de la CGT, la cual no participó en ninguno de los paros y acciones convocadas por les repartidores.
Tenemos que apoyar los reclamos de les trabajadores de reparto por un convenio que regule la actividad para terminar con las muertes evitables y la situación de precarización en que se encuentran. Que se determine un aumento del ingreso a cargo de las operadoras, se reduzca la jornada laboral teniendo en cuenta el esfuerzo físico y psicológico al que están expuestos a diario, estableciendo límites de kilómetros y peso, y se les entregue todo el material de protección correspondiente, y finalmente que se los reconozca como trabajadores a cargo de las operadoras de las apps, reflejando su situación laboral real.