El sábado 27 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la Ley de educación ambiental que pasará a instancias del Senado. Una medida importante que se suma a la agenda ambiental y nos convoca a atender en que situación están las leyes ya sancionadas y que medidas quedan por delante.
¿De qué se trata la ley?
La ley establece los presupuestos mínimos para garantizar el derecho a la educación ambiental y crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA), para planificar su implementación. A su vez, en el diseño de los contenidos educativos se incorpora a un Consejo Consultivo integrado por distintos sectores, como comunidades campesinas, pueblos originarios, docentes, estudiantes, cientificxs, guardaparques, organizaciones y sindicatos. Su planificación será coordinada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación articulando con las universidades, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La ley tiene una perspectiva inclusiva, apoyada en los principios de equidad e igualdad de género, el respeto y valoración de la biodiversidad y fomento de la participación ciudadana, así como concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano.
¿Por qué es importante su aprobación?
La sanción de la ley responde a un reclamo histórico de organizaciones, movimientos socio-ambientales y especialistas en la temática. Si bien el derecho a la educación ambiental está reconocido en otras leyes, como le Ley de educación nacional y la Ley general del ambiente, hasta ahora el país no cuenta con una herramienta que facilite una implementación articulada a nivel nacional.
Como el proyecto mismo plantea, firmado por Alberto Fernández, se trata de atender a “un sistema de desarrollo humano a nivel planetario que nos pone ante problemáticas de tal complejidad que resultan inéditas en la historia de la humanidad”. Se trata sin duda de uno de los debates de nuestro tiempo, ensayar nuevas respuestas para el desarrollo del conjunto de la sociedad desde un lente de sustentabilidad, de convivencia armónica con nuestro ambiente.
En este sentido, este conjunto de leyes debe comprenderse al calor de las importantes luchas que el pueblo argentino ha librado en defensa de sus bienes comunes recientemente. Como las movilizaciones masivas en Chubut o en Mendoza, el debate político y mediatico desarrollado alrededor de la mega-granja de cerdos, o la organización frente a los incendios forestales recientes en el sur. Un movimiento en crecimiento marcado por una juventud de las zonas urbanas que se incorpora a las luchas que comunidades de distintos poblados a lo largo y ancho del país vienen empujando desde hace años.
Las tareas pendientes
De aprobarse esta ley, será una iniciativa más que se suma a la Ley de Manejo del Fuego, la ratificación del Acuerdo de Escazú, y la Ley Yolanda enfocada en la capacitación de la administración pública en materia ambiental.
Junto al acompañamiento de estas importantes conquistas, se vuelve necesario pujar por implementaciones reales para que las leyes no sean letra muerta o simple cuestión discursiva. Es necesario que se haga cumplir la ley de fuegos, de bosques nativos e implementar regulaciones que permitan cuidar las reservas de agua dulce de nuestro país atendiendo a las necesidades populares. Tomar medidas que frenen la desertificación, los incendios forestales, la intoxicación del agua del aire y nuestros alimentos. Un conjunto de aspectos que demandan financiamiento y aplicación concreta.
Hacer frente a los grandes capitales interesados en depredar nuestros bienes no es tarea fácil, pero la movilización popular está realizando su aporte. Es necesario investigar y aplicar sanciones sobre quienes generan incendios intencionadamente, es necesario confrontar al negocio inmobiliario, a los especuladores del agronegocio y al lobby minero.
¡Por la aprobación de la ley de educación ambiental!
¡Financiamiento y aplicación de las leyes ambientales vigentes!