La pandemia de COVID 19 encontró los servicios de salud en una crisis de difícil resolución que sus trabajadores la están pagando muy caro. En este sentido el PAMI, una institución única en el mundo y la obra social más grande de América Latina, no es la excepción.

En las últimas décadas los servicios de salud pública en todo el mundo han sufrido continuos recortes de presupuesto que, entre cosas, han posibilitado, el colapso de muchos hospitales, la proliferación de servicios privados de salud y una industria de medicamentos con poder de lobby planetario. Desde los años 90, PAMI atraviesa un proceso de continua precariedad que enfrenta grandes adversidades, además de la pandemia.

Hay un consenso entre les trabajadores de la obra social: si PAMI sigue existiendo fue gracias a la lucha que resistió el intento de privatización menemista y que, desde allí, nunca se pudo recuperar del todo. El neoliberalismo trajo precarización laboral en PAMI y todavía no se ha ido. Les trabajadores del Hospital Cesar Milstein de Capital Federal, los policlínicos I y II de Rosario llevan años reclamando su pase a planta permanente y los despidos de 120 trabajadores contratades desde 2015 en otras oficinas de todo el país son muestra de ciertas continuidades. Simultáneamente, las condiciones edilicias y sanitarias en las 600 dependencias de PAMI no cumplen con las condiciones de seguridad necesarias y exponen al personal y a las personas mayores.

Podríamos decir, además, que los salarios de trabajadores y trabajadoras de PAMI son una muestra de la crisis económica y de lo que han sufrido los salarios en general en Argentina. 2008 fue el último año en que sus paritarias salariales le ganaron a la inflación, luego de cuarenta días de medidas de fuerza y de resistir el ataque de la funesta patota de UPCN del INDEC. En particular, desde 2019 sus salarios perdieron un 37% en relación con la inflación y la última cuota del acuerdo 2020 la cobrarán en mayo 2021. “Nosotres seguimos perdiendo y nuestros salarios y condiciones de vida siguen deteriorándose frente a la suba de precios, de los servicios, de los impuestos, de los alquileres.”, explica Gastón Covino, referente de la Lista Negra de ATE- PAMI y delegado de la Agencia PAMI 4 del barrio porteño de Belgrano.

Mientras la pandemia no cesa su intensidad, la intervención del PAMI no da respiro a sus trabajadores que, en muchas ciudades del país, no han dejado de trabajar presencialmente desde marzo pasado. Desde el 1º de enero de 2021 dispuso suspender la justificación de “las inasistencias de padres, madres o tutores a cargo de menores de edad, que concurran a establecimientos de nivel secundario, primario y en guarderías y/o jardines maternales” y estableció que “las trabajadoras o los trabajadores que usufructuaron hasta el presente dicha dispensa por el cuidado de menores de edad, deberán presentarse a trabajar en forma presencial en caso de ser convocados/as”

Además, Gastón Covino detalla que, ante un caso positivo de COVID de un trabajador, las autoridades de la agencia donde trabaja y de la Dirección CABA de PAMI, lejos de activar los protocolos, continuaron con la atención sin tomar como contacto estrecho a todes les trabajadores. “No tomaron las medidas necesarias tal como lo indica el protocolo del organismo. Esta situación pone en riesgo no solo la salud y la vida del personal que sigue trabajando presencialmente, sino también la de les jubilades que se acercan a PAMI”. Esto, según se pudo corroborar, se repitió desde el comienzo de la pandemia varias veces en distintas dependencias PAMI del país.

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