Dos años de pandemia, que actualmente recorre una nueva ola de contagios a nivel mundial, y un conflicto militar entre Rusia y Ucrania de alcances geopolíticos aún difíciles de divisar, reforzaron todas las tendencias a la inestabilidad y volatilidad que caracteriza el escenario internacional.
América Latina no escapa de este escenario general. Si bien en el último tiempo recuperaron terreno gobiernos progresistas, estos no logran instaurar una agenda popular regional. Luego del triunfo de Lacalle Pou en el referendum por la Luc en Uruguay, próximamente se desarrollarán las elecciones en Colombia, y luego las de Brasil, además de los procesos en curso como la reforma constituyente en Chile, que confirman la caracterización anterior de inestabilidad y volatilidad política.
La inflación, la crisis de los alimentos y de la energía, de los modelos de producción bajo el neoliberalismo y su impacto en el planeta, son cuestiones que comienzan a generalizarse en el debate de la agenda pública aunque con respuestas y salidas disímiles y contradictorias. En Argentina, todos esos elementos se conjugan con la gravosa dimensión local de la crisis.
En primer lugar, una crisis de deuda heredada por el macrismo y que el gobierno de Alberto Fernández prosiguió en un acuerdo con el FMI que, lejos de despejar el panorama para el crecimiento y desarrollo nacional, anticipa un tortuoso camino por delante. El gobierno de Juntos por el Cambio también impuso durante su gestión una pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora que hoy continúa retrocediendo, a pesar de las paritarias, por una espiralización creciente del costo de vida.
La llamada “guerra contra la inflación” ha quedado como pólvora mojada sin lograr apuntar y presionar sobre los grandes grupos concentrados de la economía que especulan con los precios. Recientemente, las declaraciones de Alberto sobre el rol del Congreso para aumentar las retenciones vuelven a mostrar las vacilaciones en políticas claves.
Este cuadro político, que el Frente de Todes paga con una caída considerable de su imagen positiva, exacerbó desde el acuerdo con el FMI en adelante la división interna y los debates al interior de la coalición oficialista.
Sin embargo, lo más preocupante es el avance de expresiones reaccionarias y de ultraderecha que intentan capitalizar el descontento popular ante la crisis. Este fenómeno es la versión local de una tendencia mundial que busca poner también en cuestionamiento conquistas y avances históricos. Basta ver el peligro latente que existe en EEUU respecto de una derogación por parte de la Corte Suprema del derecho al aborto legal, vigente desde 1973. Aprovechan la crisis que su modelo neoliberal provocó y la confusión que prevalece para dar una vuelta de tuerca a sus ataques contra las masas.
Con un discurso rabiosamente neoliberal, Milei y otros sectores intentan imponer una salida acá que indudablemente echará más nafta al fuego, con un mayor grado de represión y ataques a los derechos populares. Lamentablemente, figuras del oficialismo corren rápidamente a anotarse detrás de estas ideas si miden coyunturalmente en las encuestas.
Reorganizar nuestras fuerzas
Por otro lado, sin embargo, se registran movilizaciones como la Marcha Federal Piquetera, el acto del 1 de Mayo convocado por la UTEP o la marcha de movimientos sociales de la Ciudad de Buenos Aires que confirman los grandes niveles de conciencia y organización de nuestro pueblo.
Frente a este panorama, con una derecha que se reagrupa y organiza para volver al poder en 2023 y un oficialismo que no recupera la iniciativa política, como campo popular debemos alertar del problema de la fragmentación y dispersión de nuestras fuerzas, que también afecta y golpea sobre nuestras militancias. Acompañar y profundizar las luchas sectoriales, pero a la vez volver a poner en agenda que las necesidades populares sólo podrán concretarse afectando a los intereses de los grandes grupos económicos y recuperando la soberanía de nuestros bienes comunes para construir otro modelo de país. Las iniciativas como el Fondo para la Cancelación de la Deuda o el Comité de Acreedores de la Deuda Interna son importantes pero no logran confluir y empalmar en una sola fuerza que golpee con contundencia.
La unidad detrás de un programa y una agenda de defensa de los intereses de las grandes mayorías, que imponga una salida para que la deuda la paguen los que la fugaron y vuelva a construir un horizonte de transformación de nuestras vidas, sigue siendo la tarea más urgente a las puertas de este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.