Cuando empieza a discutirse la agenda “pospandemia”, es decir, quién pagará los costos de una de las mayores crisis sociales y económicas de la historia, la conducción de la CGT dio nuevas muestras del rol que pretende jugar en este proceso. El martes pasado los dirigentes que lideraron el colaboracionismo con el ajuste macrista, con Héctor Daer a la cabeza, se reunieron con la crema del empresariado argentino transnacional organizada en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que lideran Paolo Rocca (Techint) y Héctor Magnetto (Clarín). Vía Zoom, acordaron un documento que condensó buena parte de las reivindicaciones patronales y omitió cualquier demanda asociada a las necesidades de la clase trabajadora. Como frutilla del postre, en los últimos días la cúpula cegetista acordó con la Unión Industrial Argentina (UIA) extender hasta fines de septiembre el pacto que facilita las suspensiones con rebajas salariales del 25% en el marco de la cuarentena.
Son los mismos sectores sindicales que durante el macrismo convalidaron la pérdida en promedio del 20% del poder adquisitivo y el incremento en los ya alarmantes niveles de precariedad laboral, y que incluso llegaron a negociar un proyecto de reforma laboral, que luego fue frenado por la lucha unitaria en las calles de un amplio y diverso abanico de sectores.
Mientras el Gobierno demora el envío al Congreso del proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que alcanzaría al grueso de los popes de la AEA, y en las arcas del Estado escasean los recursos para ampliar las medidas de asistencia, el documento reivindica una reducción de la “presión tributaria” (es decir, una baja de impuestos a las empresas), alcanzar el “equilibrio fiscal” (ajuste del gasto público) y una rápida resolución del acuerdo de reestructuración de la deuda externa con los acreedores de Wall Street para que las grandes compañías puedan volver a endeudarse en los mercados internacionales.
El trasfondo de estas conversaciones es otra de las claves de la agenda poscuarentena de las patronales: el intento de avanzar en la reforma laboral de hecho y por goteo a través de modificaciones en los convenios colectivos de trabajo sectoriales, que ya comenzó durante el macrismo con casos testigos, como el de les trabajadores de Vaca Muerta, o la creación de sindicatos amarillos con convenios a la medida de las empresas, como el de Carga y Descarga para Mercado Libre, cuyo conflicto tuvo la semana pasada un nuevo capítulo con la medida de fuerza realizada por Camioneros por el correcto encuadramiento del sector.
A contramano de cualquier intento por recuperar el salario perdido y con una pobreza que ya supera el 40% según todas las estimaciones privadas, la conducción de la central se dispone a prorrogar por dos meses más el pacto con la UIA que convalidó las suspensiones con rebajas salariales del 25%. Una modalidad, homologada por el Ministerio de Trabajo, que ya afecta a 27.341 trabajadores desde el inicio del aislamiento obligatorio. En total, la tasa de suspensiones llegó al 9% de les asalariades del sector privado y generó una caída nominal de los salarios en abril del 8% contra marzo, la mayor baja nominal al menos desde mediados de los 90.
Otro frente abierto en el programa de flexibilización laboral que impulsa el empresariado como vía para iniciar un nuevo ciclo de acumulación en la salida de la crisis es el rechazo del proyecto de ley de regulación del teletrabajo que avanza en el Congreso. La regulación del teletrabajo, una modalidad que no es nueva pero se masifició durante una pandemia que le sirvió de ensayo general al empresariado, es urgente para paliar el intento de las patronales de trasladar parte de sus costos a les trabajadores, de licuar la jornada laboral y de poner trabas a la organización sindical. El dictamen de diputados, que salió casi por unanimidad, tiene grandes limitaciones, como ser el trabajo por objetivos o la adecuación de la regulación a negociaciones por convenio. Sin embargo, su mero avance ya puso el grito en el cielo de los grandes empresarios que pretenden que no exista discusión alguna, es decir, que estemos librados a la imposición de hecho de esta modalidad según sus necesidades.
Recuperar iniciativa para imponer una agenda propia
A esa agenda pospandemia de la derecha y las grandes patronales, que acompaña la cúpula de la CGT, es necesario contraponer una agenda de los sectores populares y la clase trabajadora, de la que el gobierno se vea obligado a hacerse eco. Una agenda que ponga en el centro la recuperación del poder adquisitivo perdido durante el macrismo, la redistribución del ingreso, la restauración de los puestos de trabajo, la defensa de las condiciones laborales y los convenios colectivos, la regulación del teletrabajo, el fin de la precarización, la creación de un sistema tributario progresivo que grave las grandes fortunas y los grupos concentrados y el vuelco de todos recursos del estado a satisfacer las necesidades del pueblo.
Mientras el gobierno busca hacer equilibrio entre las demandas populares, con acertadas pero insuficientes medidas para paliar la crisis, y las de los grandes empresarios, el resultado de esa pulseada definirá la dirección que tome el país en la pospandemia. No alcanza con actos vía zoom que contrapesen la foto del 9 de julio. La crisis demostró que en los barrios más humildes es la organización popular, con los comedores y las ollas, la única que puede dar respuesta. Lo mismo en los lugares de trabajo: la extensión del decreto que prohíbe los despidos, una medida sin dudas muy importante en este contexto, debe refrendarse con la organización desde abajo y debe ser la base para pelear por el salario y las condiciones de salud y los protocolos que nos resguarden del virus.
Así como al macrismo se lo derrotó en las calles con un heterogéneo arco de sectores sindicales y sociales, la agenda “pospandemia” dependerá también de la intervención de la clase trabajadora y sus organizaciones. No se le puede regalar la iniciativa a la derecha. La movilización del 9 de julio por la expropiación de Vicentín es un ejemplo del rol que debemos jugar los sectores populares. Lo mismo debemos hacer para concretar el impuesto a las grandes fortunas y cada pelea en la disputa por la renta. Se trata de fortalecer un bloque que defienda una agenda para enfrentar la avanzada patronal y para que la salida de la crisis no sea con un nuevo ajuste sino con la recuperación de los salarios pedidos y la conquista de nuevos derechos para les laburantes.